Empresas

Mineras y firmas demandan al Estado por US$ 5.000 millones

Glencore, Eco Oro, Red Eagle y Galway Mining adelantan procesos arbitrales.

La minería en Colombia

Los procesos de adelantan en instancias internacionales.

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EFE-ARCHIVO EL TIEMPO

03 de mayo 2018 , 09:22 p.m.

Tras varios años de discrepancias con diferentes entidades estatales, cuatro grandes empresas mineras acudieron a tribunales internacionales de arbitramento en busca de resarcir los perjuicios que, a su juicio, les han implicado diferentes decisiones administrativas del país para sus intereses económicos.

Es así como, de acuerdo con Luis Guillermo Vélez Cabrera, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), las pretensiones de las siete demandas de arbitraje contra el Estado están entre los 4.000 y los 5.000 millones de dólares y de esta suma 1.000 millones de dólares corresponden a la demanda de Gas Natural Fenosa ante Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (Uncitral).

De este número de procesos arbitrales, los correspondientes al sector minero han sido interpuestos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, por las mineras Glencore, que controla a la carbonera Prodeco (con operación en el Cesar), Eco Oro, Red Eagle y Galway Mining.

Las demandas arbitrales de estas tres últimas están relacionadas con la delimitación del páramo de Santurbán, mientras que Glencore lo hizo por un proceso fiscal que adelantó la Contraloría General de la República en el 2015, relacionadas un cambio en la liquidación de regalías cuando firmó un otrosí a un contrato en el 2010. Solamente esta firma tiene una pretensión que supera los 400 millones de dólares y en el caso de Eco Oro, Red Eagle y Galway por la delimitación del páramo, no se ha determinado la cuantía.

“La más avanzada es la de Glencore, y debería tener un laudo hacia finales del 2018 o comienzos del 2019”, señala Vélez, mientras que las acciones judiciales de las auríferas por la delimitación del páramo de Santurbán están avanzando.

Ese respeto por la inversión incluye apegarse estrictamente a las obligaciones internacionales de los tratados, pero también a las normas locales vigentes

Tras recalcar que en este listado de demandas no se incluye una acción legal de la firma Tobie Mining (por el caso de la declaración del parque Yaigogé-Apaporis, en Vaupés), por ser frívola y sin méritos, el funcionario enfatiza en que todas estas demandas que afronta Colombia en su totalidad no tienen méritos, que algunas son abiertamente abusivas y en ningún caso el Estado ha incumplido con sus obligaciones internacionales.

“Ese respeto por la inversión incluye apegarse estrictamente a las obligaciones internacionales de los tratados, pero también a las normas locales vigentes. Los Estados tienen derecho a regular y es parte esencial de su soberanía. No existe ningún derecho internacional que le dé inmunidad a algún inversionista sobre la regulación interna. Los Estados pueden regular siempre y cuando lo hagan de buena fe y cumpliendo el debido proceso”, recalcó Vélez.

Por eso, el funcionario señala que el Gobierno hoy tiene la mejor asesoría legal posible en este tema, con firmas de primer nivel y cree que se tiene la mejor defensa posible.

Más de uno de cada tres empresarios del sector minero del país prevé reducir sus operaciones durante el 2018, debido a la falta de certeza jurídica que tiene la industria, particularmente por las decisiones de las altas cortes, la falta de definición de un mecanismos de consulta previa y la indefinición de los lineamientos jurídicos para las consultas populares.

Así lo señala un sondeo de del estudio Brújula Minera, que será presentado este viernes, según el cual el 34 por ciento de los empresarios planean bajarle el ritmo a su actividad, mientras un 29 por ciento señaló que la aumentaría.

La principal causa es la obtención de licencias ambientales, que marcó un 28 por ciento, seguida por la falta de estabilidad jurídica, sobre el cual opinó el 24 por ciento de los consultados.

OMAR AHUMADA
Subeditor de Economía y Negocios

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