Empresas

Apuros de plata obligan a Electricaribe a pedir fiado

Lleva 7 meses tras aval de la Nación por $320.000 millones. Escasean materiales para mantenimientos.

Electricaribe y FDN

La alternativa de solución debe permitir mantener la continuidad del servicio y la protección de los derechos de usuarios y acreedores.

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Guillermo González / EL TIEMPO

28 de junio 2018 , 07:33 p.m.

La idea de que Electricaribe tuviera un respaldo financiero, a través de una garantía soberana de la Nación, a fin de operar este año sin afanes de dinero y realizando las inversiones mínimas para al menos no deteriorar más sus indicadores de servicio (pérdidas de energía y cortes no programados) sigue en el papel.

Mientras toda esta semana el agente interventor, Javier Lastra, cumple un arresto de 8 días por negarse a cumplir una tutela que ordenó el pago de 2.000 millones de pesos a 13 pensionados, correspondientes a acreencias previas a la intervención, la compañía está ‘pasando aceite’ y ni siquiera ha podido atender los mantenimientos preventivos de sus equipos de red.

Según conoció EL TIEMPO de fuentes enteradas de la situación, las cuentas que se hicieron para este año, luego de que el Consejo Nacional de Política y Social (Conpes) aprobara en noviembre una segunda garantía soberana de 320.000 millones de pesos para la compañía, a través de una fiducia en el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, están cada vez más descuadradas, pese a la insistencia de esta entidad y la del Ministerio de Minas y Energía.

La razón es que, luego de siete meses de ser aprobados dichos recursos, el trámite no ha sido ejecutado por el Ministerio de Hacienda, lo cual ha hecho que la empresa solo pueda atender las compras de energía (con prepagos usando dinero de caja) y los mantenimientos de la red, quedando sin recursos para las inversiones mínimas.

Pero en las últimas semanas las cosas han pasado de castaño a oscuro, a tal punto que para sostener la prestación del servicio no ha habido otra salida que pedirles fiado a los proveedores (menos a los generadores), por ejemplo, a los que surten los materiales, a los que hacen las lecturas de los consumos para facturar y a los que reparten las facturas, entre otros, para que permitan plazos de pago más largos, que en todo caso tienen límites.

Incluso, en medios locales de la costa Atlántica se ha mencionado la preocupación de los empresarios de la región Caribe, pues señalan que en la empresa comienzan a bajar los inventarios de transformadores, pararrayos, crucetas y cables, entre otros.

El descuadre

Uno de los factores más complejos para que la empresa tenga este estrés financiero es que, según fuentes del sector eléctrico, a la fecha está teniendo que pagar por anticipado el 70 por ciento de la energía que compra, ya que luego de la intervención en el 2016, y ante la falta de dicho aval de la Nación para este año, los generadores no le despachan si no ha girado primero el dinero.

Al comienzo de año, Electricaribe proyectaba que con estas garantías iba a tener en total 470.000 millones de pesos para respaldar la compra de su energía y liberar así 230.000 millones de pesos para inversiones prioritarias en su red, pero por la situación estos recursos no llegarían ni a la mitad.

En medio de estas demoras y de los trámites para el giro de subsidios por parte del Ministerio de Hacienda, la compañía quiso gestionar un crédito de 110.000 millones de pesos con Findeter para que a través de la recuperación de cartera se hicieran inversiones en zonas específicas (pago de deudas a cambio de mejoras de red) en las regiones, pero la cifra solo llega a 2.000 millones de pesos y no ha sido posible recuperar deudas viejas de los entes territoriales.

No obstante, este jueves, la superintendente de Servicios Públicos, Rutty Paola Ortiz, reveló que el decreto que da vía libre a las garantías por 320.000 millones de pesos salió a consulta hace un par de días y que estará en esa fase hasta el 11 de julio.

Mientras que la funcionaria confía en que para finales de julio se pueda materializar el aval que permita financiación con la banca, quienes están en el día a día de la empresa esperan que esto se logre, pues mientras tanto siguen trabajando con las uñas. “Electricaribe no da más”, reiteró otra fuente.

¿Y los recursos para la solución estructural?

Luego de que el Gobierno dijera que en julio se abre la convocatoria para los inversionistas que apuesten a inyectar mínimo 7,3 billones de pesos en 10 años a Electricaribe, en Twitter el agente interventor, Javier Lastra, dijo que tras saber si hay interés, el paso siguiente será consolidar, en igualdad de condiciones, la mejor opción técnica y financiera.

Esto hará que la propuesta estatal, para que los acreedores financieros operen la empresa a cambio de capitalizar la deuda (se les deben $ 1,8 billones), deba esperar a esa fase. Entre tanto, la siguiente preocupación de la compañía es cómo se va a presentar, ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) la propuesta del expediente tarifario para esos 10 años, cuyo plazo es el 19 de julio, y que supone invertir en redes mínimo 730.000 millones cada año en promedio.

El reto no es menor, ya que luego de presentarle a la Creg dicho plan de inversiones, estas se deben ejecutar como se planearon cada año, para obtener reconocimientos adicionales en las tarifas a cobrar, pero si no se llevan a cabo, hay una penalidad y dicho monto baja, lo cual, en el caso de Electricaribe, afectaría su plan de recuperación.

Incluso, es factible que algunas de las propuestas vengan acompañadas de exigencias de créditos al Gobierno, pues en círculos del Ejecutivo se ha planteado la opción de iniciar este proceso con otro aval del Conpes por 730.000 millones de pesos, figura que genera incertidumbre por las recocidas demoras para su aplicación.

ÓMAR G. AHUMADA ROJAS
Subeditor de Economía y Negocios
En Twitter: @omarahu

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