Fútbol Colombiano

Dimayor alista polémico freno a las barras bravas

Propondrá hasta condenar al descenso a equipos que tengan vínculos con barristas.

Hinchas

Hinchas de Nacional enfrentan con frecuencia a la Policía. Habría más de 25.000 barrasbravas verdolagas en el país.

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Jáiver Nieto/EL TIEMPO

20 de mayo 2017 , 10:04 p.m.

Yeison Jaramillo Martínez sabía que tenía los días contados. ‘Toyota’, como le decían en la barra Barón Rojo Sur del América de Cali, donde era líder, rompió una de las reglas: hablar con las autoridades.

Después de salvarse de un atentado, denunció a varios grupos que habían convertido un rincón del estadio Pascual Guerrero en una olla. Cada fin de semana, jíbaros enfundados de escarlata vendían 10 millones de pesos en drogas.

‘Toyota’ se refugió en Bogotá y en Ecuador, y aunque la Fiscalía le ofreció protección, la rechazó. Hace unos meses volvió a Cali y el primero de febrero dos sicarios lo asesinaron.

Detrás del crimen estarían alias Pablo Pereira y Crescencio, dos barristas del grupo Generación Perdida con largos prontuarios. La Fiscalía cree que seguían órdenes de Eduard Giraldo, alias Boliqueso, capo del ‘clan del Golfo’ capturado en Brasil.

El episodio es materia de investigación al igual que otros casos en Medellín, Cali y Bogotá, en donde grupúsculos, que se mimetizan en las barras, se están convirtiendo en brazos del crimen organizado y, de paso, golpean la reputación de la hinchada y de los clubes.

Varios directivos asisten al estadio amenazados de muerte. Reciben llamadas y mensajes que ya pusieron en manos de la Fiscalía y que los llevaron a discutir el tema de fondo con la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor).

De hecho, EL TIEMPO estableció que Jorge Perdomo, su presidente, propondrá este martes, en plena asamblea, introducir un artículo en el Código Disciplinario para sancionar a los clubes que apoyen con dinero o entradas a las barras.

El dirigente, que tiene el apoyo de varias cabezas de equipos, reveló que planean quitarles 10 puntos y hasta condenar al descenso a quienes rompan las reglas.

La medida cobijaría a los cerca de 100.000 barristas que, según Alejandro Villanueva, investigador social especializado en el tema, hay en Colombia, un fenómeno que viene en ascenso.

Según él, allí se mezclan desde profesionales hasta líderes con apuestas sociales. Pero también fichas cercanas a la delincuencia que en los últimos 10 años ha asesinado a 67 líderes solo por portar su camiseta.

Los ingresos privilegiados, para acomodar las banderas, y las boletas de cortesía se han convertido en la puerta de entrada de estos individuos. Equipos como Millonarios llegaron a entregar 700 por partido, revendidas por algunos líderes que acumularon plata y afianzaron su poder.

Cuando llegó Azul & Blanco el tema se dosificó, pasando a cerca de 120 entradas. Pero la propia Alcaldía de Bogotá recomendó frenar esas entregas y la nueva administración del club cerró la puerta.

¿Arma de doble filo?

“Ya no tenemos ese tipo de cortesías pero sí 19 amenazas de muerte de barras. Empezaron a llegar desde que se presentaron los incidentes de invasión del campo, en el 2016. Fueron tres fechas de sanción en las que perdimos más de 3.000 millones de pesos (...). Por consejo de la Alcaldía, llevamos el caso a la Fiscalía. Es urgente que se tomen medidas”, le dijo a este diario un dirigente de Millonarios.

Voceros de la Alcaldía explicaron que, si bien las conductas penales son individuales y que no van a estigmatizar a las barras, el control en las entradas es una vía efectiva para frenar la violencia.

Pero no todos los clubes están de acuerdo con las sanciones que se ‘cocinan’ en la Dimayor. Eduardo Silva, presidente del Deportivo Independiente Medellín (DIM), llamó a la mesura.

“Con las autoridades hay acuerdos de convivencia. A los que cometen delitos hay que individualizarlos, pero no se puede generalizar porque algunas barras han evolucionado. No creo que la solución sea meterse con la reglamentación del fútbol”, explicó el dirigente.

Y para Tulio Gómez, presidente del América, las medidas que se proponen son un arma de doble filo.

“No estoy de acuerdo. Hay que dialogar con las barras y tener un código de comportamiento. Si no se manejan, hay que sancionarlas. Pero una barra rival puede disfrazarse y causar estragos para que le quiten puntos al otro equipo”, aseguró Gómez.

Según él, ningún club de los grandes va a apoyar este martes la iniciativa de la Dimayor porque tienen hinchadas gigantescas.

Pero el tema está tocando cada vez más linderos penales. Hace un mes, en un comunicado, divulgado antes de un partido en Cali entre Tuluá y Nacional, el Barón Rojo manifestó su desacuerdo porque la ciudad acogiera a una hinchada foránea. Y advirtió que no iban a hacerse “responsables de la seguridad”, mensaje asumido como una clara amenaza contra Cali.

Y en marzo, un grupo de hinchas del Frente Radical Verdiblanco del Deportivo Cali se presentó como el “ala militar” de la barra y presionaron a jugadores en un entrenamiento. Ya en febrero, ese mismo grupo robó banderas de la Rexixtenxia Norte, la barra del DIM en un operativo tipo comando.

Las dos barras se cruzaron en Bolivia, hace unos días, cuando viajaban a partidos internacionales. La riña no tardó en estallar y un boliviano, líder de una barra local, murió apuñalado.

Y aunque muchos piensan que el Esmad es la mejor manera de controlar a los violentos, en varias alcaldías, gobernaciones y hasta en ministerios, le apuestan a otra estrategia: diálogo e inversión. Eso se traduce en jugosos contratos individuales o a fundaciones vinculadas a las barras.

EL TIEMPO estableció que en Manizales, la Fundación Voces de Aliento, ligada a barras del Once Caldas, se ha ganado más de cinco convenios con la Alcaldía por más de 125 millones de pesos. La fundación incluso firmó un contrato de 400 millones de pesos en junio del 2016 con el Ministerio del Interior, en un programa para jóvenes víctimas de la violencia.

En Medellín, la barra Los del Sur de Atlético Nacional, a través de la organización Siempre Presentes Corporación Social y Cultural, ha obtenido más de 430 millones de la Alcaldía y la Gobernación. Esta hinchada también maneja la empresa AN Producciones, que se encarga de la logística en partidos y conciertos.

Y en Cali, la Alcaldía acaba de lanzar un proyecto de 5.000 millones de pesos donde quieren vincular a 500 jóvenes, buena parte barristas, como gestores de convivencia. La política es apoyada por el Ministerio del Trabajo con el programa ‘Jugátela por el empleo’.

Pero este tipo de políticas tienen sus lunares. La Alcaldía de Medellín le dio varios contratos al Club Deportivo RXN ligado a barras del Medellín, cuyo representante social es Róbinson Ramírez, arrestado en diciembre por el asesinato de otro hincha.
Varios debates sobre qué camino tomar se han dado en el Ministerio del Interior, que para conjurar el problema lanzó el Plan Decenal para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol 2014-2024. Este incluye medidas como detectores de metales al ingreso a los estadios, control de alcoholemia, registros biométricos, carnetización; creación de la Defensoría del aficionado y programas para fortalecer el barrismo social.

Pero equipos aseguran que por ahora todo está en el papel. Por eso, algunas alcaldías han tomado sus propias iniciativas.

Antonio Hernández, director del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal (Idepac) de Bogotá, por ejemplo, lidera el programa ‘Más fútbol, más vida’ que busca un diálogo permanente para frenar la violencia y convertir el estadio en un entorno seguro para todos.

Otros, simplemente esperan la votación de este martes para saber qué hacer.

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u.investigativa@eltiempo.com

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