restitución de derechos territoriales

Ley de Víctimas se vence en 3 años y el Bajo Atrato nada que retorna

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En Chocó Caribe, 5 comunidades étnicas reclamantes de tierras se sienten abandonadas por el Estado.
Fecha de publicación: 10/04/2018

Desde Acandí hasta el Carmen del Darién, en Chocó, la vida de los indígenas y campesinos que reclaman su derecho al territorio colectivo está en vilo. De nada han servido hasta ahora las medidas cautelares dictadas por un Juez de Restitución de Tierras entre 2016 y 2017, para proteger a tres consejos comunitarios afrodescendientes y dos resguardos indígenas. La realidad es que diversos organismos del Estado no les han dado cumplimiento.

A la conclusión se llega tras el último seguimiento de las medidas dictadas para el Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó (Cocolatú), el de la cuenca del río Tolo y la zona costera sur (Cocomasur) y el de Pedeguita y Macilla (Cocopema), así como a los resguardos indígenas de Chidima Tolo y Pescaito y Uradá-Jiguamiandó.

Este seguimiento se lleva a cabo a través de una Mesa Multiactor y con el acompañamiento del Centro de Investigación Nacional de Educación Popular – Programa por la Paz (Cinep), el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (Fisch), la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del bajo Atrato (Ascoba) y otras organizaciones étnico territoriales de la subregión del Bajo Atrato y el Darién Caribe en Chocó.



El pasado 21 de marzo estas organizaciones citaron en Apartadó, Antioquia, a funcionarios de todas las instituciones a las que el Juez de restitución de tierras de Quibdó les ordenó proteger estas cinco comunidades mediante medidas cautelares.

Algunos aceptaron la invitación y otros declinaron. Por ejemplo, la Unidad de Restitución de Tierras, Corpourabá y Codechocó no asistieron. En cambio, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía de Antioquia, la Policía de Derechos Humanos, la Unidad Nacional de Protección y el Ministerio del Interior, entre otras, sí dieron la cara.

El balance fue penoso. Entre los incumplimientos está la orden de “brindar de manera urgente atención humanitaria y alimentaria a adultos, niños, niñas y adolescentes”, en Cocomasur y Chidima Tolo y Pescaito, a pesar de que esta orden tenía plazo de un mes. La Uariv (Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas) no ha iniciado la etapa de caracterización del daño, para llevar a cabo el Plan Integral de Reparación, en Cocolatú. En Cocopema no se ha podido “cesar cualquier clase de aprovechamiento ilegal de los recursos naturales”.

Ni siquiera la orden de traducir las medidas cautelares a la lengua embera del resguardo de Uradá-Jiguamiandó se ha cumplido, y ya han pasado 5 meses desde el Auto Interlocutorio. Ni el Ministerio del Interior ni el de Cultura (a quienes se les ordena la traducción) se han manifestado, por lo que quedan dudas de que la comunidad siquiera conozca y entienda las medidas que la protegen.

De hecho, el gobernador de ese resguardo asistió a la reunión en silencio hasta que Eliécer Chamara, el representante del otro resguardo indígena, le empezó a traducir el texto, las preguntas y compromisos al respecto de su comunidad. El gobernador no hablaba español y nadie de las instituciones presentes podía comunicarse con él en su lengua.

Mesa Multiactor del 21 de marzo de 2018, en Apartadó, Antioquia. Foto:Unidad de Datos.

Eliécer se cansó de invitar a las instituciones a llegar directamente al resguardo de Chidima Tolo y Pescaito, que es donde se deben concertar las decisiones, en vez de citar por fuera a los líderes. Él dice que la seguridad para ellos también está en “rescatar nuestras costumbres, no solamente llevar a cabo la idea política del hombre blanco, porque eso sería la perdición nuestra”.

Y sus normas no permiten armas en el resguardo, ni las de los grupos al margen de la Ley, ni las de los escoltas de los funcionarios públicos. De hecho, el pueblo de Eliécer no recibió los chalecos antibalas que les dio la UNP (Unidad Nacional de Protección). Su idea de “protección” no es un escolta ni un radio ni un chaleco: es la capacitación de la Guardia Indígena, un grupo que los defiende sin armas y bajo el mandato de sus médicos tradicionales, los jaibaná

Para Eliécer, este reclamo es natural, en medio de la reunión él se pregunta “¿el alcalde [de Acandí, Chocó] cómo nos está interpretando?” y les reclama a los presentes: “Las instituciones nos están mirando como rivales y nosotros dependemos de ellas”.

La situación es grave

La historia reciente de las comunidades representadas en la cita ha estado atravesada por el conflicto armado. Pablo López Moreno, representante legal de Cocolatú, aún recuerda que, al principio, en su comunidad no sabían qué o quiénes eran los paramilitares, ellos los llamaban simplemente “los mochacabezas”.

Hoy, aun por fuera, los líderes almacenan carpetas y cerros de papelería que confirman su agotamiento. No han sido pocas las reuniones con funcionarios ni las denuncias hechas ni los derechos de petición interpuestos ni las víctimas mortales que esta larga marcha por volver les ha dejado.

De las 49 comunidades que Pablo representa, por lo menos 5 continúan desplazadas al 100%. Y no es que las otras hayan retornado completas, sino que algunos campesinos no pueden esperar a que el gobierno acompañe su retorno y se devuelven solos, tentando su suerte: tienen de vecinos a los opositores de su proceso de restitución.

"A la institucionalidad le ha hecho falta contexto para entender que no son problemas de vecinos"

Para María Alejandra Grillo, Asesora Jurídica del Cinep para el Pacífico, a la institucionalidad le ha hecho falta contexto para entender que los hostigamientos a los campesinos y líderes no son problemas de vecinos: “es claro que las amenazas, las persecuciones, el corte de cultivos, el envenenamiento de animales, el cerramiento de portones y demás delitos están completamente relacionados con la reclamación de la tierra y la continuación del desplazamiento forzado”.

Pablo relata, además, que la situación es tan grave que genera inseguridad alimentaria, pues dice que los actuales ocupantes usan la tierra “solamente para el tema de ganadería y de palma, pero para el cultivo, el pancoger, que es lo que nosotros los campesinos sabemos hacer, la tierra no está siendo ocupada”. Y explica que “eso significa que hoy hay necesidad, por ejemplo, de la yuca, del plátano, del maíz, de árboles frutales, de la caña, de papaya, del arroz”.

La contradicción está en que el consejo que Pablo representa es enorme, comprende 107.064 hectáreas (Bogotá, con su área rural, tiene 177.598), es tan grande y aun así no hay espacio para sembrar comida. “Hoy la gente sufre, aguanta hambre”, denuncia.

Uno de los territorios colectivos. Foto cortesía del Cinep.

El dilema de la protección

Ante esta situación, los líderes de restitución de tierras mantienen la esperanza de sus comunidades, las animan a persistir en la reclamación de sus derechos y les traducen todo el entramado burocrático que deben seguir para hacerlo. Por eso son ellos los blancos más apetecidos de los interesados en que el Estado no les garantice el goce del territorio. En Cocolatú, de donde viene Pablo, asesinaron a dos de ellos el año pasado: Porfirio Jaramillo y Mario Castaño.

Porfirio vivía con su familia en la comunidad de Guacamayas, cuenta Pablo que el 29 de enero de 2017 entraron a su finca varios hombres que decían ser del Estado, que tenían orden de protegerlo de un supuesto atentado. Asustado, Porfirio creyó y salió con ellos de su casa, en motos. “Cuando la familia recapacitó”, dice Pablo, “llamaron a unas instituciones, se colocó la alarma, se hicieron algunos monitoreos esa noche, pero al final el ejército reportó que lo había hallado muerto en la carretera panamericana, al parecer degollado”. La familia de Porfirio tuvo que volver a desplazarse y, en vista de lo sucedido, la UNP (Unidad Nacional de Protección) les puso un esquema de seguridad.


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Mario, en cambio, ya tenía un esquema cuando lo mataron. La medida de protección consistía en un carro blindado y un escolta. Su caso le sirve a la asesora jurídica para ilustrar la falta de efectividad de las medidas de protección pensadas desde la ciudad y aplicadas a la región: “una persona que trabaja en el campo”, dice Grillo, “en su lugar de trabajo puede que no tenga vías de acceso para que vaya el carro con el escolta, entonces, lo que termina pasando es que el escolta lo deja en un punto y la persona tiene que bajarse y caminar 40 ó 50 minutos para poder trabajar la tierra”. Además, agrega, “estos esquemas no están pensados para que el escolta acompañe al protegido durante las 24 horas, está pensado para que el escolta tenga su horario laboral de 8 a 5, pero el resto del tiempo la persona está desprotegida y es ahí donde suceden este tipo de actos, a Mario lo mataron en las horas de la madrugada”.


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Por eso Grillo cree que “si bien las medidas individuales mitigan el peligro, no son una solución a los factores de riesgo que continúan en los territorios” y apunta: “¿cuál sería una solución? sacar a los actores armados”.

Por su lado, Pablo apunta que “de nada sirve que alguien se queje de equis persona porque a uno le toca pasar todos los días por donde esa persona vive”. Asegura que, “si la justicia fuera más efectiva frente a algunas denuncias que se han presentado y los resultados fueran positivos, eso iba a garantizar que las comunidades estuvieran más tranquilas y que algunas personas que vienen cometiendo atropellos dejen de hacerlo, porque van a ser presos o investigados o porque perderán derechos de la tierra que ellos creen que tienen”.

"Las comunidades estarían más tranquilas si la justicia fuera más efectiva con las denuncias"

Por ahora no es así. En la comunidad de Cocuelo Palma Real, perteneciente a Cocolatú, los vaqueros de un opositor cercaron con tres grandes portones, que tienen cadenas y candado, la única vía de acceso de las familias. Este es un camino real, una vía pública que se extiende 2 kilómetros desde la calzada hasta el caserío. Están confinados ¿qué pasaría si alguien se enferma?

Screens de video de denuncia de uno de los portones. Fuente: Cortesía Cinep.


En otra comunidad de Cocolatú, Bella Rosa, hay una escuela que está ocupada por los vaqueros de otro opositor. La escuela ahora es su granero, por lo tanto, los niños no pueden utilizarla para recibir clases.

El mismo panorama ronda los otros 4 territorios colectivos de la región. Es más, Cocolatú es uno de los más fortalecidos porque ya está en la etapa judicial de su proceso de restitución de derechos territoriales. Los demás aún están caracterizando su problema, recolectando evidencias, al principio, en etapa administrativa.

"No nos dejen solos": Líder a las instituciones

Ante la incertidumbre de esperar el fallo del juez y conociendo los problemas de los otros territorios colectivos presentes en la reunión, Pablo asegura que “nosotros como líderes estamos dispuestos a seguir dando la pelea, con la ayuda de Dios, y le pedimos a las instituciones que tienen un mandato constitucional de defender el territorio, de apoyar a los campesinos que han sido víctimas del conflicto armado, para que no nos dejen solos”.

El comunicado oficial de la Mesa Multiactor llama la atención sobre una cuestión práctica: a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras le quedan sólo 3 años de vigencia. A este paso, ¿quiénes tendrán el goce de los territorios en 2021?, ¿se alcanzará a fallar, acompañar el retorno y reparar integralmente a los reclamantes de territorios étnicos colectivos para esa fecha?

Uno de los territorios colectivos. Foto: Cortesía Cinep.

Órdenes cuyo cumplimiento es percibido como bajo o desconocido por las comunidades

El siguiente cuadro no recoge la evaluación de Cocopema, porque no pudo llevarse a cabo.

[ACTUALIZADO] el siguiente cuadro fue actualizado el 11 de mayo de 2018, gracias a la información proporcionada por el equipo de trabajo de la zona de Cinep.

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