Otras Ciudades

San Gil se niega a la ampliación de su cárcel

El proyecto cuenta con un presupuesto de 68.000 millones de pesos para ejecutar la obra.

Cárcel de San Gil

Vecinos del sector rechazan la iniciativa.

Foto:

Alcaldía de San Gil

04 de octubre 2017 , 10:24 p.m.

En fuente de polémica se ha convertido el proyecto de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) que busca realizar obras de ampliación de la cárcel de mediana seguridad ubicada en el municipio de San Gil, en Santander, puesto que la mayoría de la población ha manifestado su rechazo a esta iniciativa con el argumento de que sería un freno al desarrollo turístico de este territorio.

Líderes y representantes de gremios, entidades municipales y juntas de acción comunal han acudido a diferentes medidas de acción popular, como tutelas, peticiones escritas y protestas en vías del municipio, para levantar su voz de rechazo ante la iniciativa de la Uspec.

Entre otras razones esgrimidas, dicen que por encontrarse en una zona residencial, la ampliación del centro carcelario perjudicaría el ambiente de los barrios y la seguridad de las personas, como la de los niños, algunos de los cuales estudian en un colegio cercano.

No tenemos que apoyar este desastre que se nos piensa hacer en San Gil, en una ciudad turística que ahora nos la quieren convertir en una cárcel para traer delincuentes. De ninguna forma estamos aceptando esto y no lo vamos aceptar, tenemos que hacer lo imposible, pero no vamos a aceptar que esto ocurra en San Gil”, precisó Lorenzo Cediel, presidente de la junta de acción comunal de uno de los barrios que colinda con la cárcel.

El personero, Farley Parra, quien comparte esta postura, afirmó que es fundamental hacerles saber a la Uspec, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y al Gobierno Nacional que el proyecto de ampliación de la cárcel es inconveniente, puesto que muchos turistas preferirían no volver a ese municipio.

“La Personería ha venido estudiando el caso; estuvimos reunidos con los gremios, la Iglesia, personas de la ciudadanía, los escuchamos atentamente. Vamos a presentar una acción popular, también estaremos presentado una solicitud formal a la Uspec para que se suspenda de manera inmediata el proceso que se encuentra en página”, indicó el funcionario.

Otra de las inconformidades de la ciudadanía radica en la nueva estructura, la cual “no va a tener servicios públicos”. Asimismo, algunos reiteran que en estos momentos se está frente a un posible elefante blanco.

No obstante, según documentos de la Uspec, el proyecto cuenta con un presupuesto de 68.000 millones de pesos y entre los recursos destinados a la construcción se tiene previsto lo referente a los servicios públicos como redes subterráneas, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, de ventilación y demás. De otro lado, la intervención permitiría la llegada de más presos, así como la adecuación de algunos sitios de la actual edificación.


EL TIEMPO

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