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Salen a flote los ‘micos’ del POT de Ibagué

Puntos acordados por Cortolima fueron modificados, posiblemente para favorecer a constructoras.

Ibagué

Los términos y puntos que afectaban la riqueza ambiental de Ibagué fueron detectados y demandados.

Foto:

Juan Carlos Escobar

27 de septiembre 2017 , 10:57 p.m.

El reciente fallo de un juzgado administrativo, que anuló 7 artículos del polémico Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Ibagué, relacionados con el componente ambiental, puso al descubierto las falencias en las que ha caminado este documento, que, mediante decreto, fue aprobado por la pasada administración municipal, el 23 de diciembre de 2014.

La anulación se dio porque los puntos acordados en su momento por la Secretaría de Planeación y la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), en cuanto al componente ambiental, misteriosamente fueron modificados, posiblemente para favorecer a empresas constructoras.

“Yo hubiera querido que se cayera todo el POT”, afirmó el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien agregó: “Necesitamos un documento participativo y en consenso, pues fue aprobado en contravía del Concejo municipal y la comunidad”.
Jorge Enrique Cardozo, director de Cortolima, entidad que dos años atrás demandó el POT, dijo que en las mesas de concertación se acordaron unos términos en cuanto a usos de suelo en zonas de riqueza ambiental, pero en el articulado del POT esos términos aparecieron modificados.

“Fueron cambiados los usos de suelo prohibidos a usos compatibles para proyectos de vivienda campestre en las zonas de mitigación”, afirmó Cardozo.

Otro artículo modificado tiene que ver con el establecimiento de una franja de 500 metros de protección entre el área urbana y rural para frenar proyectos que impacten la riqueza ambiental. Sin saberse cómo, esa área pactada fue reducida a 300 metros, lo que afectaría los cerros que bordean la ciudad y donde solo se permiten actividades de conservación de recursos y enriquecimiento forestal.

Esa modificación, de paso, permitía hacer fumigación de cultivos en avioneta, en un área de 300 metros aledaña a la zona urbana, lo que afectaría numerosas fuentes de agua.

“En las mesas de concertación se levantaron actas, pero después vimos que esos acuerdos, fundamentales para preservar el medio ambiente, fueron alterados”, aseguró Cardozo.

En cuanto a las cesiones públicas obligatorias, que deben entregar los urbanizadores a la comunidad para su recreación, se concertaron 35 metros cuadrados, pero en el POT redujeron a 25 metros cuadrados, situación que afecta a la comunidad, ya que la ciudad apenas cuenta con 1,25 metros cuadrados de espacio público por habitante, cuando debería ser de 10 metros cuadrados por habitante.

En las zonas de protección de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) se prohibió el desarrollo de vivienda, pero lo modificaron reconociendo usos para actividades institucionales, comerciales o de equipamiento.

“El POT es desordenado en usos de suelo, pues también amplió en 1.500 hectáreas el área urbana sin proveer los recursos para servicios de acueducto y alcantarillado”, afirmó el concejal Humberto Quintero, quien complementó que “todo esto lo hizo la anterior administración para favorecer a unas cuantas familias dueñas de las tierras de Ibagué”.

IBAGUÉ

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