Otras Ciudades

Buenaventura, un estallido de reclamos básicos acumulados

Habitantes del principal puerto llevan años demandando servicios básicos, salud y seguridad.

Marchas en Buenaventura

A diario hay movilizaciones masivas, mientras permanece cerrado el comercio, y sin funcionar transporte, pesca y turismo.

Foto:

Ernesto Guzmán Jr. / EFE

28 de mayo 2017 , 12:23 a.m.

Automóviles de alta gama, maquinaria pesada, equipos para la reconversión industrial, insumos para empresas y grandes contenedores con las zapatillas que impondrán la moda. Ese movimiento de carga que ingresa, y un 60 por ciento del café y un 90 por ciento del azúcar de exportación, además de otros productos, ponen de presente lo que representa Buenaventura para la economía.

Son 5,4 billones de pesos anuales para el fisco, pero en medio de ese músculo económico la mayoría de sus 380.000 habitantes solo tiene agua potable 3 o 4 horas al día; el 43 por ciento vive en zonas ganados al mar y abundan las casas palafíticas, en madera, sin servicios básicos. Es la contradicción económica y social que ponen de presente el sacerdote John Reina y el líder cívico Narcilo Rosero Castillo, quienes señalan que un 81 por ciento de la población vive en la pobreza y 20.000 menores no asisten a la escuela.

En ese panorama, el futuro para un joven es incierto, dice el religioso, y Rosero añade que esas y otras angustias están reflejadas en ocho puntos o reclamos que presentaron al Gobierno Nacional y por los que, desde el 16 de mayo, mantienen vivo un paro cívico. Rosero, uno de los 11 miembros del Comité Ejecutivo del paro, designado por 117 organizaciones cívicas y sociales que son el eje de la protesta, asegura que ahí se reflejan las masivas marchas. El primer reclamo es que el Gobierno Nacional declare la emergencia o calamidad pública. “Es una condición para pasar a los siguientes puntos. Lo que pedimos es que se garanticen los recursos y la ejecución, ese estado de excepción le permite al Gobierno agilizar trámites”, dice.

La intensidad de la protesta ha llegado a extremos. El viernes 19 se presentó el saqueo de almacenes y locales. Ante esos hechos, el alcalde Eliécer Arboleda ha hecho un llamado a la calma y evitar alteraciones y vandalismo. La comunidad rechazó esos actos y realizó jornadas de desagravio, pero su protesta sigue firme y con amplia representación. Todos los días hay movilizaciones masivas, mientras se mantiene cerrado el comercio, el transporte inmovilizado, y las actividades de pesca y turismo.

Agua, salud y vida

El agua potable es uno de los principales reclamos, un mal de más de 20 años. El servicio lo prestaba Acuavalle, entidad pública, para una población entonces de unos 180.000 habitantes. Se entregó a un operador privado y las obras estaban a cargo del municipio.

En ese tiempo se hicieron dos muelles: TecBuen y Aguadulce, que elevan a cinco los operadores portuarios. Con una inversión de 566.999 millones de pesos se avanza en la doble calzada para conectar la zona con el interior y se volverá a dragar el canal con obras por valor de 25.000 millones. Pero el agua potable las 24 horas sigue siendo una promesa. De ahí que Buenaventura reclame una figura como la emergencia social, para que no le sigan postergando las soluciones.

Un informe de Findeter y un plan que se denominó 24 x 24 (24 horas en 24 meses) contemplaban obras por casi 500.000 millones. Pero la situación no mejora. La empresa Hidropacífico opera la planta, que toma el agua del río Escalerete y son continuos los cortes en invierno por turbiedad y en verano por escasez. Además, más de un 70 por ciento del agua tratada se pierde por el estado de la red o tomas ilegales. “Unos sectores tienen agua ocho horas diarias y otros, apenas 3 o 4 día de por medio, de ahí el promedio de 3 horas al día para el municipio”, dice uno de los voceros.

La salud es otro drama. El hospital regional, el único para la atención de la población y de las zonas costeras cercanas, está cerrado hace más de tres años y hace más de cinco ha estado en medio de intereses políticos. No se tienen cifras de cuántas personas deben movilizarse hasta Cali para ser atendidas, pero se cuenta que hasta personas de estratos altos han fallecido en la capital del Valle, pues cuando llegan sus males se han agravado. Con el hospital cerrado, la única clínica que atiende es la Santa Sofía y su capacidad es superada permanentemente.

En los primeros meses de 2016, en su primera visita a Buenaventura, la gobernadora Dilian Francisca Toro anunció que en septiembre de ese año se abriría el hospital, con una inyección de 7.000 millones. Hoy se habla de septiembre, pero de este año.

En seguridad, Buenaventura saltó a las primeras planas de los diarios con las conocidas ‘casas de pique’ en ajustes del microtráfico y rutas de la coca. La ciudad no fue ajena a la expansión y dominio ejercida por el ‘clan del Golfo’.

Acciones

Los índices de violencia hicieron que Buenaventura, junto a Palmira, fueran los centros de atención en seguridad de la Gobernadora desde el inicio de su gestión. Refuerzos policiales, apoyo a las Fuerzas Militares, dotación, inteligencia e inversión permitieron bajar las cifras de criminalidad. Según la Policía Valle, en los primeros cuatro meses de este año se registraron 7 homicidios frente a 24 del mismo periodo del 2016 y, entre enero y abril, no se presentaron casos de terrorismo, piratería terrestre, hurto a entidades financieras ni abigeato, en tanto que la extorsión se redujo en 59 por ciento al pasar de 34 a 14 casos en ese periodo.

También, según la Gobernación, se avanza en la solución para el servicio de agua potable, con inversión de 170.000 millones, de los cuales el Gobierno Nacional aportará 140.000 millones, el Departamento, 22.000 millones y el municipio, 8.000 millones. La Gobernadora pide a la comunidad entender que se trata de obras con procesos que deben cumplirse. Y manifiesta que en septiembre estarán en operación algunos servicios de niveles 2 y 3 de complejidad en el hospital distrital.

Pero el reclamo se mantiene, al tiempo que crece la preocupación por el impacto económico. Gabriel Velasco, gerente seccional de la Andi, asegura que en diez días se dejó de mover más de un millón de toneladas de productos, con pérdidas superiores a los 65.000 millones de pesos.

A esto se añade posibles sanciones a empresas por incumplimiento en la entrega de mercancías, por lo que el país y Buenaventura podrían empezar a perder competitividad.

CALI Y BUENAVENTURA

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