Otras Ciudades

La privatización del agua en Marialabaja (Bolívar)

Monocultivos de Palma de Aceite secan y contaminan fuentes hídricas de la fuera despensa agrícola. 

Marialabaja, pese a contar con un gran sistema de fuentes hídricas, tiene sed

Marialabaja, pese a contar con un gran sistema de fuentes hídricas, tiene sed.

Foto:

Yomaira Grandett/ EL TIEMPO

13 de diciembre 2017 , 03:49 p.m.

Bajo la canícula del Caribe colombiano o huyendo del último chubasco de noviembre va don Hernando Taborda con su carpeta de cartón bajo el brazo llena de papeles buscando firmas.

El viejo campesino, conserva las manos curtidas desde cuando era cultivador de arroz en Los Montes de María, recorre el municipio de Marialabaja, Bolívar.

"Éstas firmas no son para ningún politiquero de turno, esos que nos tienen jodidos, son para tener derecho al agua, a la vida digna... al territorio", dice el hombre que empuña una cerveza fría en la mano, con la que ataca la sed.

El viejo Taborda es el coordinador de Acueductos Comunitarios y busca sumar unas 500 firmas en la región para un proyecto de ley que luchan todas las comunidades campesinas del país para la implementación y la defensa de los acueductos comunitarios.

"Este proyecto busca consagrar el derecho a la autogestión comunitaria del agua y su uso individual y colectivo, pero sobre todo que no sea privatizado cómo ocurre en Montes de María", pregona Taborda de 65 años.

No tardará mucho en recolectar cientos de firmas en una región como Marialabaja que pese a contar con un gran sistema de fuentes hídricas, tiene sed.

Esta población que fuera despensa agrícola del Caribe colombiano con la producción de arroz, ñame, yuca, aguacate y frutales de amplia variedad pasa por años aciagos.

El monocultivo de Palma de Aceite, cuya industria ocupa el 92 por ciento la empresa llamada Hacienda Las Flores, tiene en la ruina a las comunidades campesinas que no quieren largarse ni dejar sus ranchos a la bendición de Dios.

EL TIEMPO recorrió la región.

"Estamos ante un segundo desplazamiento. Hace dos décadas nos desplazaron los actores armados hoy lo hacen los monocultivos que le están quitando el agua al campesino: es decir le están quitando la vida", dice Orfiris Muñoz, pescador de la vereda la Suprema en Marialabala.

La sentencia incumplida

Y fue precisamente en La Suprema, un pueblo de casas humildes, calles polvorientas y cero servicios públicos, donde habitan un puñado de familias de pescadores, donde surgió una acción popular que dio como resultado una sentencia, del 29 de enero de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar que ordena al Estado colombiano defender el derecho a la vida y garantizar el agua y los servicios públicos a todo el municipio de Marialabaja.

No obstante, la ley es letra muerta porque después de 4 años jamás ha sido cumplida.
Sobre la sabana brillan imponentes las aguas de las Ciénaga de Marialabaja, La Cruz y las represas de Matuya y el Playón. Los cuatro cuerpos de agua están unidos por canales que forman un gran sistema que hizo de esta región uno de los mejores vivideros de los Montes de María.

Por ejemplo, navegamos sobre el embalse de San José del Playón, rodeado por cientos de cultivos de Palma cuyas aguas hoy no son aptas para el consumo humano.

"Este es el último Distrito de Riego, fue construido en 1961, pero ahora, cuando fumigan las lluvias arrastran los químicos hacia el agua. Hay tantas falta del líquido que mucha gente la bebe así", dice Rosiris Merlano, habitante de la vereda de Palo Altico.

Según la Corporación Desarrollo Solidario en Marialabaja hay cultivadas 50.000 hectáreas con palma de aceite y pastos para la ganadería extensiva: el 93 por ciento del área total del municipio.

La ocupación de este monocultivo generó que 35.000 toneladas de cultivos agrícolas y alimentos básicos se dejaran de producir en esta zona del país entre el 2001 y 2012, según esta corporación.

Malas piscinas de oxidación

En el barrio Puerto Santander, cabecera municipal, fueron construidas tres piscinas que recogen las aguas hervidas de una parte de la población y que tenían como objetivo tratarla antes de que fueran a dar a la ciénaga. Sin embargo, la obra, que tuvo un costo de 21.000 millones de pesos, quedó a medias y es inservible y tal como las aguas putrefactas salen por la tubería que baja del pueblo así van a dar a los cuerpos de agua de donde deberían beber el líquido los habitantes.

Pese a que la Gobernación de Bolívar, con bombos y platillos promociona millonarias inversiones en lagunas y cuerpos de agua para hacerlos más aptos para los usos básicos de las comunidades, la gente de Marialabaja asegura que en realidad la inversión favorece únicamente a los monocultivos de palma de aceita y piña, que se apoderaron de grandes extensiones de tierra.

Quienes más padecen el calvario de no tener agua son, en su mayoría, las mujeres y los jóvenes que deben cargar el líquido en canecas por largos trayectos, incluso deben pagarle 4.000 pesos a una moto para que las lleve hasta el casco urbano del pueblo en busca de agua potable.

Cansados de no ser escuchados, la comunidad de la vereda Palo Altico del corregimiento de San José del Playón protagonizó el cierre de las compuertas del distrito de riego del municipio, el más grande del departamento, y como no fueron escuchados se lanzaron a la vía nacional donde fueron violentados por la Policía.

La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) que debería acompañar a los campesinos en esta cruzada por el agua, por el contrario les ha dado la espalda, no responde a sus llamado y ha emitido falsos informes sobre la calidad del agua haciéndola pasar por apta para el consumo humano. Un crimen.

Esta lucha por el derecho al agua de las comunidades campesinas de Marialabaja hoy se torna relevante pues el acuerdo sobre Reforma Rural Integral firmado entre el gobierno y las Farc, en el proceso de paz, exige la implementación de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET): el derecho al agua es uno de ellos.
 
  
 John Montaño
Redactor de EL TIEMPO
 Cartagena 
En twitter: @PilotodeCometas

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