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Pagamos estudio que alertó de tragedia, dice exgobernador

Jimmy Díaz Burbano, exgobernador de Putumayo.

Jimmy Díaz Burbano, exgobernador de Putumayo.

Foto:Gobernación de Putumayo

Según Díaz, los estudios fueron socializados, pero no hubo respuesta de la actual gobernadora.

Para el exgobernador de Putumayo Jimmy Díaz Burbano, los señalamientos que le está haciendo la actual gobernadora, Sorrel Aroca, respecto a que él hizo caso omiso de las advertencias sobre lo que podía pasar en Mocoa no tienen ningún fundamento.
Según Díaz, la posibilidad de un represamiento de aguas y de una posterior avenida torrencial era conocida gracias a un estudio que él mismo solicitó cuando era gobernador.
Entre la noche del 31 de marzo y la madrugada del primero de abril, una avenida torrencial dejó más de 300 muertos y 4.000 familias damnificadas.
“No ignoré la advertencia de la tragedia. En nuestro periodo afrontamos emergencias como las inundaciones en Puerto Asís y el valle de Sibundoy y tuvimos éxito a la hora de atender y prestar servicios a la comunidad, pero cuando recibimos las advertencias por la quebrada La Taruca, decidimos que primero debíamos hacer un estudio para conocer la magnitud de lo que teníamos que hacer”, añadió.
El estudio, de acuerdo con el exgobernador, fue contratado por Corpoamazonia y la Gobernación y costó 200 millones de pesos. Dice que 100 millones fueron puestos por la Gobernación, y los otros 100, por la Corporación.
Según Díaz, los estudios fueron entregados y socializados en junio y septiembre del 2016, pero no hubo respuesta de la actual mandataria del Putumayo. “Es más, a la fecha, los contratistas no han recibido el pago por el estudio”, denuncia el exmandatario y agrega que “más que un estudio fue una profecía, pues un 95 por ciento de lo que pasó estaba en ese documento”.
Díaz sostiene que si se hubiera dotado de radios a la comunidad, al menos se habrían evitado tantos muertos, pues las personas que debían tenerlos eran las de más arriba. Pide que se investigue a quien fue alcalde de Mocoa 15 años atrás, cuando se aprobó el último Plan de Ordenamiento Territorial (POT), en el que proyectaron que la zona hoy destruida podía ser un sector de expansión urbana.
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