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En menos de dos días se registraron cuatro homicidios en el Catatumbo

Los hechos ocurrieron en Tibú, municipio con la tasa de homicidios más alta de N. de Santander.

Panorámica de Tibú

En la vereda Vetas del Oriente, del municipio de Tibú, sus habitantes denuncian nuevas incursiones de la Guardia Bolivariana.

Foto:

Archivo EL TIEMPO

07 de mayo 2018 , 09:43 a.m.

Las autoridades de Norte de Santander tratan de esclarecer las circunstancias de cuatro muertes violentes que se presentaron durante el fin de semana, en distintos sectores del municipio de Tibú, la zona de la región del Catatumbo con el mayor número de asesinatos en lo corrido de este año.

Según un reporte de la Policía, hasta el momento no se han podido identificar los cuerpos de estas víctimas, sin embargo, hay indicios de que estos hechos de violencia estén ligados a la guerra que desde el pasado 14 de marzo sostienen la guerrilla del Eln y la disidencia de Los Pelusos por el control de la droga en esta zona fronteriza con Venezuela.

“Tenemos conocimiento que a la morgue de Tibú llegan dos cuerpos sin vida con varios disparos de arma de fuego. Están sin identificar estas personas. En este momento, la investigación se adelanta por parte de la Fiscalía. De acuerdo con la información preliminar, el responsable de estas acciones armadas sería alias Ponto del grupo armado organizado de Los Pelusos”, explicó el coronel George Quintero, comandante de la Policía de Norte de Santander.

El asesinato de estas cuatro personas, que ocurrió en la vereda Miramonte, se suma a los 25 homicidios registrados en el casco urbano de esta localidad, durante los primeros cuatro meses de 2018. En Norte de Santander, en este mismo período de tiempo, se han contabilizado un total de 64 muertes violentas.

De acuerdo con reportes del Sistema Integrado de Monitoreo de los Cultivos Ilícitos, esta zona del Catatumbo es donde se concentran las más grandes plantaciones de coca.

Cifra de desplazados del Catatumbo se duplicó por el paro armado

Durante los 15 días del paro armado decretado por uno de los actores violentos, que se disputan a sangre y fuego el negocio de la droga en la región del Catatumbo, la cifra de desplazados se duplicó con respecto a las 4.633 personas que decidieron abandonar sus hogares a principios de abril, cuando se completaban 30 días de la guerra entre la guerrilla del Eln y el grupo residual de Los Pelusos, que persiste en los 11 municipios de Norte de Santander.

Así lo reveló un informe de la ONU, en el cual evidenció el desarraigo de un total de 8.820 personas entre el 14 marzo – fecha en que inició esta guerra- y el lunes 30 de abril, cuando Los Pelusos deciden levantar este veto que dejó a más de 44.000 niños sin clases y la actividad comercial de esta zona del país completamente paralizada.

Durante el paro armado, se evidenciaron limitaciones a la movilidad y restricciones de acceso a servicios y bienes básicos en más de 120.000 personas

De acuerdo con este documento, que fue elaborado por la Oficina para Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (Ocha), esta restricción armada agravó la situación humanitaria en estas poblaciones de Norte de Santander y produjo afectaciones en 154.000 ciudadanos. Asimismo, esto produjo la pérdida de 4.432 toneladas de alimentos y de cerca de 302.000 animales.

“Durante el paro armado, se evidenciaron limitaciones a la movilidad y restricciones de acceso a servicios y bienes básicos en más de 120.000 personas y alto riesgo de confinamiento para cerca de 4.000 indígenas Barí. Aunque el levantamiento del paro contribuye al mejoramiento de la situación en la mayoría de zonas afectadas, las comunidades han alertado sobre riesgos y necesidades humanitarias por la continuidad de las acciones armadas”, precisó la ONU.

Aunque este órgano internacional admite que la actividad escolar se ha reanudado a ritmo lento, cerca 120.000 niños en de las zonas rurales de ábrego, El Tarra, San Calixto, Hacarí, La Playa de Belén, Sardinata y Tibú, no han podido retornar a sus clases, porque sus colegios están siendo utilizados como espacios de protección para la población desplazada. Actualmente se han adecuado un total de 34 refugios para las víctimas de este conflicto.

En este informe, la ONU también reseñó ataques directos contra la población civil representados en amenazas, retenciones de personas, presencia de minas antipersonal, bloqueo de vías, ataques contra bienes civiles y fuego cruzado, lo que constituye infracciones al Derecho Internacional Humanitaria y flagrantes violaciones a los Derechos Humanos.

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