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Exgobernadora del Quindío apeló fallo de la Procuraduría

La exmandataria continúa su campaña política por los municipios del Quindío.

La exmandataria continúa su campaña política por los municipios del Quindío.

Foto:Archivo particular

Sandra Paola Hurtado actualmente es candidata a la Cámara de Representantes por Cambio Radical.

Laura Sepulveda
Tras conocer el fallo de primera instancia de la Procuraduría General de la Nación que la destituyó e inhabilitó por 12 años, la exgobernadora del Quindío y actual candidata a la Cámara de Representantes por Cambio Radical, Sandra Paola Hurtado Palacio señaló que esa decisión no la tomó por sorpresa, “sabíamos para dónde iban con esta persecución, estos son fallos políticos, es una primera instancia que lo que está dejando clarísimo es que aquí hay intereses de fondo muy fuertes que lo único que quieren es desmotivarnos pero no vamos a comer cuento”.
Su abogado Carlos Mario Isaza y los defensores de los demás exfuncionarios de la administración de Hurtado que también fueron sancionados por la Procuraduría, interpusieron la impugnación del fallo que se conoció este viernes en Bogotá.
“Es una decisión que todavía no está en firme y que no se va a cumplir, es un fallo bien polémico y complicado porque prácticamente le quita a las entidades públicas la posibilidad de suscribir convenios interadministrativos para la ejecución de recursos, se cercena la colaboración institucional, aquí no hay reproche por malversación de recursos sino por no haber licitado, a juicio de la Procuraduría, directamente las obras”, dijo Isaza.
Isaza explicó que esta decisión no genera ningún impedimento jurídico para que Hurtado continúe en su campaña al Congreso de la República pues “el fallo no está en firme, si lo confirma la sala disciplinaria sí tendría que retirarse de la contienda electoral porque hay una inhabilidad”.
El Ministerio público acusa a la exmandataria para el periodo 2012 -2015 y a otros funcionarios más de su administración de presuntas irregularidades en la contratación con Empresas Públicas del Quindío (EPQ) y la Promotora de Vivienda del Quindío (Proviquindío).
Para la Delegada para la Contratación Estatal, los investigados transgredieron el principio de transparencia y el deber de selección objetiva de la contratación por suscribir seis convenios interadministrativos con EPQ y Proviquindío, sin tener en cuenta que estas entidades no tenían la capacidad para ejecutar los objetos contractuales.
Además estableció que Hurtado y sus funcionarios, utilizaron la excepción para la contratación directa, “sin que existiera la causa legal para no adelantar el proceso de contratación, y no permitieron la participación de personas naturales o jurídicas que estaban en la capacidad de ejecutar las obras que se contrataron, a través de los convenios para la reposición de alcantarillados, construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, construcción y mejoramiento de vivienda, entre otros”.
La Procuraduría también sancionó por 10 años a los exgobernadores encargados para la época de la firma de los contratos al actual director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), John James Fernández López y a Julio Ernesto Ospina Gómez.
Por su parte, Andrés Mauricio Quiceno, abogado de Fernández, afirmó que el fallo “mantiene la consistencia en una actuación de la Procuraduría que le da la espalda a la ley y que simplemente se inventó una falta disciplinaria en lo que es una marcada persecución política contra el grupo de Cambio Radical”.
En este proceso, también fueron sancionados el exgerente de EPQ, Heidelman Grajales Puentes y al exgerente de Provinquindío, Jhonny Rodríguez Jaramillo, con suspensión en el ejercicio de su cargo de seis y tres meses respectivamente.
ARMENIA
Laura Sepulveda
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