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'La erradicación forzada es con muertos de los dos lados'

En el sur del Cauca llevan cuatro décadas viviendo de la coca. Se sienten abandonados. 

‘Si el Gobierno quiere erradicación forzada, la gente va a salir a pelear’

Un rústico laboratorio de base de coca en el sur del Cauca.

Foto:

Salud Hernández-Mora

29 de noviembre 2017 , 11:05 a.m.

El Mango (Argelia, Cauca). En ninguna otra parte de Colombia es tan evidente el incremento de cultivos de coca. No los esconden, se extienden a ambos lados de las vías. Tampoco habría razones para ocultarlos. La Policía y el Ejército desaparecieron de la zona por decisiones judiciales y políticas, y es firme la determinación de los lugareños de preservarlos a toda costa. Son su único sustento en esa Colombia estigmatizada y olvidada por los gobiernos.

El área abarca un vasto territorio del sur del Cauca, en la imponente cordillera Occidental, que va desde El Mango hasta El Plateado e incluye, además de ambos corregimientos del municipio de Argelia, los de Puerto Rico, Sinaí, La Belleza y La Emboscada, con sus numerosas veredas.

De ahí que la advertencia sea nítida y la repliquen por todos lados. Si Bogotá pretende erradicar la coca de sus territorios a la fuerza, habrá muertos. Llevan casi cuarenta años cultivando la mata, es su principal fuente de ingresos, la que les permite comer y mejorar su ínfimo nivel de vida, y por ningún motivo dejarán que se la arrebaten. Por eso, algunos civiles se están armando, incluso con fusiles, y hay mafiosos de Sinaí que planean formar un grupo con antiguos milicianos de las Farc, que conservaron buena parte de su arsenal, y con quien quiera unirse a la causa cocalera.

“La erradicación forzada es con muertos de los dos lados, y la comunidad está dispuesta a poner los suyos”, anota el dueño de un plantío. “Sustitución voluntaria no va a haber”, asevera convencido.

“Si vienen a erradicar, la gente va a salir a pelear. Aquí todo el mundo cultiva o raspa”, anota otro labriego. Frases que circulan por una región donde la cultura cocalera echó raíces, la voluntad de cambiar es casi nula y tampoco atisban en el horizonte señales convincentes que los animen a creer que el Estado esta vez sí honrará sus compromisos.

“La gente necesitaría ver promesas cumplidas, algo como que pavimentan la carretera, que hay médicos, que mandan todos los profesores a tiempo, no con semanas de atraso, igual que la alimentación escolar; que envían un fiscal con equipo y no como ahora, que no cuenta ni con investigador; que ya hay agua potable en todos lados... Si no, es muy difícil que la gente crea y se decida a cambiar”, comenta Sandra Lorena, la joven y eficiente secretaria de Gobierno, nativa de Argelia. “Pero la sustitución siempre será una labor de años y, en todo caso, debe ser progresiva”.

Al margen de la desconfianza y de un marcado desinterés por buscar alternativas, también la total ausencia de Ejército y Policía contribuyó a que la mata de coca se disparara. No hay un uniformado en el área desde septiembre del 2016, cuando la Corte Constitucional ordenó evacuar a la Policía Nacional de Campo Alegre, vereda adyacente al casco urbano de El Mango. Un año antes, la comunidad demolió las instalaciones que tenían en el barrio Bellavista del pueblo y en una loma cercana, y los agentes debieron atrincherarse en fincas de Campo Alegre.

Decidieron sacarlos porque estaban hastiados de que los atentados del frente 60 de las Farc, dirigidos contra la Policía, causaran víctimas civiles y destruyeran casi un centenar de casas y comercios. Durante años intentaron infructuosamente que se marcharan para recobrar la calma, y con el citado fallo judicial lograron su propósito.

No volvieron a padecer un solo acto terrorista y por primera vez conocieron lo que significa vivir en paz, sin la permanente zozobra ni el temor a las bombas y las balas. Con el pasar de los meses, unos reconstruyeron sus viviendas y otros pudieron venderlas. Y casi todos se lanzaron a sembrar más matas de coca.

Algo similar sucedió en El Plateado. En dicho corregimiento, a hora y media de El Mango, la autoridad la ejercían las Farc en el casco urbano y algunas veredas y el Eln, en el resto de caseríos. Pero existía un pequeño e inoperante contingente militar confinado en el pico de una colina contigua al centro urbano. Al igual que en El Mango, era diana de constantes ataques subversivos y el cruce de disparos afectaban a la población civil.

En el 2015, los pobladores marcharon hasta ese punto y empujaron a los militares a las afueras del pueblo. Los soldados, imposibilitados de enfrentar con armas a la turba, dejaron la localidad para siempre con el beneplácito del Gobierno.

“La ley del Gobierno no puede nunca con la gente unida”, anota con firmeza un vecino.

Una vez las Farc se desmovilizaron, el Eln ocupó su lugar, pero solo en El Plateado. Ahora es frecuente que patrullen sus calles vestidos de camuflado, algo que los ‘farianos’ nunca hicieron debido a la presencia de los militares, así rara vez abandonaran su refugio. Igual sucedía con la coca: no la sembraban alrededor del corregimiento, pero hoy en día abunda en todas partes, incluso en las laderas frente al colegio, antes cubiertas de bosques.

En El Mango y en La Belleza, sin embargo, desapareció la guerrilla por completo. “Aquí mandamos nosotros, es la ley del pueblo”, asevera una nativa de El Mango. “No entran ni ‘paracos’ ni Eln, la zona de ellos (Eln) es de El Plateado para abajo. Y a los delincuentes los controla la misma gente. Ya no nos toca salir corriendo, podemos dormir tranquilos, no hay plomo”.

Bajos precios

La expansión de los sembradíos de coca no supone una nueva bonanza para Argelia como las de antaño. Por la hoja pagan tan poco –18.000 pesos la arroba, de los que 10.000 son para el raspachín– que muchos campesinos se vieron empujados a montar sus propios laboratorios de pasta de coca para obtener mayores beneficios.

Así y todo, las ganancias son migajas. La única ventaja, frente a otros productos agrícolas, es que siempre hay quien se aventure a llegar hasta esos parajes y compre.
“Mi esposo y yo procesamos 500 arrobas, y nos quedaron 2’500.000 pesos después de pagar trabajadores y los insumos. Dividido en tres meses, vea que solo da para la comida. Para lo demás hay que tener otros trabajos”, comenta una mujer que alterna sus cultivos ilícitos y el rústico laboratorio de coca de su finca con un empleo temporal en una entidad oficial.

La salida de las Farc y la incertidumbre sobre qué bandas criminales puedan aparecer por esos territorios redujeron este año el número de compradores. Ello provoca, según los campesinos entrevistados, que abusen a la hora de adquirir la “mercancía” (pasta base de coca).

“Enseguida te bajan el precio por cualquier cosa, y a uno no le queda de otra que vendérsela”, alega el propietario de un laboratorio, agobiado por el creciente costo de la producción. El precio del kilo de base oscila en un abanico entre 1’600.000 y 1’850.000 pesos, lo que deja un margen raquítico de ganancia. Al final del día, aparte de los mafiosos, dueños de las cocinas donde cristalizan la base, son los raspachines los mejor pagados, y ni siquiera están contentos. “Se fueron para otros lados que les pagan mejor, es difícil encontrar trabajadores”, explica el citado propietario.

Si uno es experto raspachín, puede sacarse 100.000 pesos en un día. Por el contrario, en las veredas de Argelia, donde el clima es demasiado frío para la coca y producen uno de los mejores cafés del país, el jornalero recibe como máximo 25.000 pesos.

“La vida de uno es esa mata, nada es comparable. Pocos quieren oír de sustitución”, repara un cocalero. “En El Plateado, en El Mango, la tierra es buena; se da de todo, maíz, caña, café, plátano, cacao. Pero solo sirve sembrar lo que usted se coma, lo demás es para el gorgojo; falta comercio, las vías son pésimas”, anota un cultivador.

De ahí que sean pocos los que se suman a los proyectos productivos alternativos que ofrecen. En uno de los últimos, que fomentaba el cacao, aunque la gobernación lo había previsto para 250 familias, solo logró en El Plateado que se acogieran medio centenar. “A la coca no le hacemos cuentas porque ya se nos volvió una cultura”, dice un cultivador. “Solo tienen éxito los programas en la zona sin coca”.

Carros robados

En los dos años transcurridos desde la última vez que estuve en la zona, resulta llamativa la proliferación de bombas de gasolina y de camionetas de alta gama con placas de Bogotá, Barranquilla, Pereira, Cali y otras localidades, inusuales en esos parajes de la Colombia remota y de trochas. “La mayoría son robados”, comenta un mototaxista y corroboran otros lugareños. “Aquí los compran por 10 millones”.

Aunque son baratos, su radio de acción es limitado. Solo pueden circular por el área comprendida entre El Plateado y El Mango, no pueden llegar hasta Argelia, a media hora de distancia, donde se encuentra la única estación de policía del municipio.

Corren el riesgo de que les pidan los papeles y la requisen. Pero si aparece el legítimo propietario, basta con poner la queja ante las juntas de acción comunal, descontentas con dicha práctica, para que obliguen a devolverla, como ya ha ocurrido.

“Aquí se les ha dicho, el que compre cosas robadas no se puede quejar si vienen a recuperarlas”, afirma.

El clima de tranquilidad reinante convive con altas dosis de incertidumbre acerca del futuro. En Sinaí mandan más que nada los mafiosos, aunque están trasladando sus ‘cocinas’ hacia El Plateado. A El Mango o la Belleza, el Eln no ha llegado, la autoridad la imponen las juntas de acción comunal, si bien, al igual que en todo el municipio de Argelia, conocen los volantes y las amenazas de muerte que la guerrilla envía por WhatsApp a “basuqueros, marihuaneros, putas, atracadores, vendedores de vicio...”.

En El Plateado y sus veredas, el Eln está afianzando su poder, si bien la gente no le camina como a las Farc y los han confrontado por asesinatos de civiles.

Todas esas poblaciones poseen un tejido social fuerte, organizado y unido, pero saben que no es suficiente, que algún día el Estado aparecerá en forma de Ejército y Policía. “Si el Gobierno mete otra vez a la Policía, el Eln los atacaría. Solo vendrían a encerrarse y a complicarnos la vida”, afirma un integrante de la junta de acción comunal de El Plateado. “El problema no es la coca, ni las Farc, ni el Eln, ni los ‘paracos’ ni la delincuencia común. El problema es la corrupción y el abandono del Gobierno”.

SALUD HERNÁNDEZ MORA
Especial para EL TIEMPO

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