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Preocupación en el Catatumbo por aspersiones para eliminar la coca

Aunque se desconocen los detalles de este procedimiento en la zona, en la comunidad ya hay rechazo.

Programas de sustitución

El año pasado se sustituyeron 300 hectáreas de coca en la región del Catatumbo. En 2018, este proceso se ha visto estancado y la población teme por la inminencia de la erradicación forzosa.

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Archivo / EL TIEMPO

28 de junio 2018 , 03:08 p.m.

La decisión del Gobierno Nacional de emprender un proceso de erradicación forzosa de la mata de coca con el despliegue de erradicadores de la Fuerza Pública y aspersiones aéreas con drones ha desatado un clima de preocupación entre la población de la subregión Catatumbo, en Norte de Santander, donde se extienden más de 25.000 hectáreas sembradas de este narcocultivo.

Aunque se desconocen los detalles de cómo sería este operativo en esta región fronteriza con Venezuela, las comunidades aseguraron que con esta disposición del Estado, encaminada a cumplir la meta de este año de remover de forma forzosa 110.000 hectáreas de la planta en el territorio nacional, se estaría incumpliendo los programas de sustitución voluntarias establecidos en el marco del Acuerdo de Paz con la desmovilizada guerrilla de las Farc.

“Estamos sumidos en una preocupación, porque con este mensaje el Gobierno está diciendo que no va a respetar lo acordado con nosotros para resolver esta problemática. Además no es sencillo asimilar para la población que vengan a quitarle lo que ha sido por años su único sustento económico”, aseveró Alfredo Rodríguez, líder social del corregimiento de Pacelli, del municipio de Tibú (Norte de Santander).

Para la población no es sencillo asimilar que venga (el Estado) a quitarle lo que ha sido por años su único sustento económico

De acuerdo con este dirigente comunal, de las 12.000 hectáreas de mata de coca registradas por Naciones Unidas en esta localidad del Catatumbo, cerca de 400 hectáreas se extienden por este caserío. Por esta razón, unas 740 familias han decidido someterse a un plan de desarrollo para renunciar a la siembra de esta mata ilícita y cultivar otros productos.

Sin embargo, en los últimos seis años en lo único que se ha podido avanzar en temas de sustitución voluntaria es en la remoción de la mata ilícita a orillas de la quebrada Las Indias, donde nace el río Tibú. Por esta labor, los campesinos recibieron 10’000.000 en el marco del programa Familias Guardabosques, del Gobierno Nacional.

El miedo de esta comunidad frente a esta modalidad de erradicación se basa en el impacto que estas fumigaciones aéreas pueden generar en el medioambiente. “En el 2002, cuando estaba el Plan Colombia, muchas de estas tierras fueron fumigadas y a la hora de sembrar plantas de ahuyama la mata no crecía. El envenenamiento de la tierra fue la causante”, puntualizó Rodríguez.

La lenta procesión que vive Catatumbo por la sustitución de coca

La salida desde la región de Catatumbode de un narcojet cargado con coca, que partió desde una pista clandestina ubicada en inmediaciones al Lago del Marcaibo, en Venezuela, puso nuevamente en el radar de las autoridades internacionales la problemática de los cultivos ilícitos en esta subregión de Norte de Santander.

Aunque la aeronave tipo Cessna 210 que aterrizó en Guatemala con 600 kilos de estupefacientes fue localizada por las fuerzas militares de ese país centroamericano, este traslado de droga con mucha sofisticación desnudó la dimensión de este fenómeno, que preocupa a las organizaciones sociales y a las comunidades campesinas ante el ritmo desacelerado de la sustitución voluntaria de coca, casi un año después de su implementación.

Según el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícito (Penis), por medio de un plan piloto adelantado a partir del 25 de marzo de 2017, en zona rural del municipio de Tibú (Norte de Santander), se logró remover una extensión cercana a las 300 hectáreas de la mata con apoyo de la población.

Hemos tenido problemas en el mecanismo de toma de decisiones de estos programas, porque intervienen varios actores, incluyendo Naciones Unidades, para determinar las acciones de sustitución

La cifra, que se obtuvo también gracias a los lineamientos fijados en el Acuerdo de Paz con las Farc sobre el tratamiento de esta problemática, se suma a las labores de erradicación por parte de las unidades militares de la Fuerza Tarea Vulcano del Ejército, que el año pasado destruyeron unas 500 hectáreas sembradas, pese a la resistencia de las comunidades cocaleras ante este proceso forzoso.

“Hemos tenido problemas en el mecanismo de toma de decisiones de estos programas, porque intervienen varios actores, incluyendo Naciones Unidades, para determinar las acciones de sustitución. Pero se está avanzando, claro, admitimos que hay un retraso en el tiempo y es una inquietud que tenemos todos”, puntualizó Pedro Antonio Barón, coordinador regional del Penis en Norte de Santander.

En la primera fase de esta iniciativa para eliminar las 25.000 hectáreas de coca, que recientemente fueron contabilizadas por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc) en esta zona fronteriza, esta agencia del Ministerio del Posconflicto vinculó a 192 familias de las veredas Caño Indio, Palmeras del Mirador, Chinquirá y Progreso II, ubicadas en Tibú.

Por remover la mata y recibir asesorías técnicas con miras a emprender una actividad productiva en el marco de lo legal, a estos campesinos se les ha girado durante este tiempo 2’000.000 de pesos cada dos meses. En total, la entidad ha destinado 1.800 millones de pesos en la ejecución de este plan piloto.

A pesar de esta millonaria suma de dinero, miembros de algunas corporaciones cocaleras de esta localidad, ubicada a 117 kilómetros de Cúcuta, insisten en que el desembolso de los recursos ha retrasado la puesta en marcha de los proyectos productivos en esta parte del departamento, donde gran parte de los habitantes dependen de la cadena productiva de esta siembra ilegal.

Pero el temor de estos antiguos sembradores de coca, la mayoría de ellos agremiados en la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), radica en un aspecto más delicado y tiene que ver con las organizaciones criminales, que se están movimiento con rapidez en el territorio con jugosos ofrecimientos a quienes renuncien a engrosar las filas de los programas de sustitución.

Si a los campesinos no nos cumplen, puede haber muchos jóvenes desmotivados que terminen seducidos por estos grupos armados

“En estos momentos estamos pasando por una crisis alimentaria, de salud y de educación, porque sin esa economía no tenemos cómo enviar a los hijos a las escuelas. Actualmente, las tierras están a la espera de ser sembradas por los proyectos que no llegan (…) Si a los campesinos no nos cumplen, puede haber muchos jóvenes desmotivados que terminen seducidos por estos grupos armados”, sentenció Wilmer Mora, presidente de esta organización.

CÚCUTA

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