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'Gina Parody trata de imponer sus creencias en la educación': diputada

Diputada Ángela Hernández cuestionó idea. Viceministro de educación dice que siguen fallo de Corte.

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La diputada Ángela Hernández (foto) insiste en que el Ministerio de Educacion malinterpreta la ley 1620.

Foto:

Jaime Moreno

20 de agosto 2016 , 03:32 p.m.

A las redes sociales, con voces en contra y a favor de la funcionaria, se trasladó el debate que este lunes se realizó en la Asamblea de Santander donde la diputada cristiana Ángela Hernández, del partido de 'La U', aseguró que el Ministerio de Educación adelanta una “colonización homosexual” en los colegios del país.

En presencia de funcionarios de la Procuraduría, organizaciones defensoras de derechos humanos y representantes de la comunidad Lgtbi, Hernández cuestionó que en algunos colegios instalen un tercer baño para los jóvenes con tendencias homosexuales.

La diputada discutió sobre la interpretación que el Ministerio de Educación ha realizado del artículo 20 de la ley 1620, que el Gobierno Nacional implementó en el año 2013 para crear una ruta de atención en casos de violencia y un sistema nacional único de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos.

Según Hernández, un número considerable de padres de familia y rectores de varios colegios de Santander la han buscado para manifestarle su preocupación frente a las indicaciones que, según ella, funcionarios del Ministerio de Educación hacen en los planteles para fomentar los baños y uniformes mixtos y la implementación de la cátedra de sexualidad “basada en la ideología de género para decirle a la niña y al niño que no tienen un sexo definido por haber nacido con un pene o una vagina, sino que el sexo es algo que se construye y que tienen derecho a explorar y construir”.

“No soy homofóbica y aceptamos que los colegios tengan niños en condición de Lgtbi. La ministra se aprovecha de la ambigüedad de la ley para interpretarla a su antojo e implementar en los colegios normas en manuales de convivencia que deben ser construidas por los padres de familia, por los estudiantes, rectores y personal docente. Lo que sentimos es una colonización de sus costumbres e ideas sobre las nuestras y de alguna manera trata de imponer su forma de vida”, agregó Hernández.

Ante esto Saavedra fue enfático en que el Ministerio de Educación solo sigue lo dictado por la Corte Constitucional luego del caso de Sergio Urrego, el joven estudiante que se suicidó a los 16 años luego de enfrentar problemas de presunta discriminación por su condición homosexual en el Gimnasio Castillo.

“La Corte le ordenó al Ministerio revisar, de formar integral, todos los manuales de convivencia de las instituciones del país. Esta exploración buscará que se eliminen expresiones o lineamientos que castigan las expresiones de género”, explicó el Viceministro en ‘La W radio’.

Según lo dicho por el Ministerio de Educación, el cambio de este tipo de castigos es con el fin de que se respete a los estudiantes que pertenezcan a la comunidad LGBTI pero a su vez aclara que en ningún momento se mencionó que se "dejaría ir a los alumnos con el uniforme que quisieran" como lo dijo la diputada Ángela Hernández.

Por su parte, la Procuraduría mencionó que el manual de convivencia de las instituciones educativas representa la materialización de las normas que establecen las directivas del colegio y la asociación entre los padres de familia, por lo que el Estado no debe intervenir en esos términos

Por lo tanto, asegura la Procuraduría, imponer un único modelo pedagógico y pedir que se cambien los manuales de conviviencia significaría "invalidar la facultad de un colegio de escoger un modelo estético, por lo que atenta contra el pluralismo", se lee en el concepto.

Posiciones contrarias

Frente a la denuncia, la secretaria de Educación de Santander, Ana de Dios Tarazona, fue enfática en afirmar que en ninguna parte de la ley se establece el tema de los uniformes o uniformes diferenciales, según las orientaciones sexuales.

“No se pueden imponer normas que no se rijan dentro de la conciliación, los acuerdos y la tolerancia”, dijo Tarazona.

La diputada refutó a la secretaria porque, según ella, un funcionario de la Procuraduría, que se desplazó desde Bogotá, indicó que padres de familia y rectores de colegios en Bogotá, Medellín y Córdoba se quejaron por situaciones similares y en la capital unas 1.800 personas crearon una mesa de trabajo para denunciar esta circunstancia.

“Si en Colombia los padres de familia quisieran que sus hijos crecieran bajo las conductas y las normas Lgtbi ya habría colegios solo para ellos. Lo que vemos es que los padres de familia están preocupados porque no quieren que exista ese tipo de educación sectaria para sus hijos”, insistió Hernández.

Pero Olga Materón, directora de la Fundación Siete Colores de Bucaramanga opina lo contrario. Según la defensora de los derechos de la comunidad Lgtbi “estamos totalmente de acuerdo con la iniciativa porque es un derecho que tenemos como minoría y como seres humanos. Acá (con la aplicación de la ley) no se pretende lavar la cabeza de los menores. Lo que buscamos es informarlos y que tengan herramientas de sí mismos para que podamos vivir en un sociedad llena de respeto con valores y principios”.

BUCARAMANGA

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