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Con tala ilegal, deforestan Parque de los Yariguíes en Santander

Algunas de las especies de árboles que eran taladas se encuentran catalogadas en estado crítico de conservación.

Algunas de las especies de árboles que eran taladas se encuentran catalogadas en estado crítico de conservación.

Foto:Archivo particular

Cortaban entre 80 y 100 árboles al día. La zona alimenta importantes ríos de la región.

El Parque de los Yariguíes, una de las reservas naturales más importantes de Santander, con 59.063 hectáreas protegidas en 8 municipios, está sufriendo una sistemática tala ilegal de árboles que, de no controlarse, pondría en riesgo la fauna y flora existente allí y el agua para más de 20 poblaciones del sur del departamento.
El fenómeno quedó evidenciado después de que en un trabajo de más de 3 años, la Fiscalía 70 Especializada de la Unidad de Protección de los Recursos Naturales y Medioambiente desvertebró una banda organizada que arrasaba con entre 80 y 100 árboles de higuerón, ceiba, caracolí, sangre de toro, marfil, solera, chingale, sapán, caimo, bonga, jobo y cedro.
La banda, que era liderada por un empresario de Bogotá, estaba conformada por 23 personas que fueron capturadas. Entre ellas se encontraban un fiscal y su asistente, un agente adscrito a la Policía Judicial, el hermano de un alcalde de la región y dos exfuncionarios de una corporación ambiental.
A través de interceptaciones telefónicas y la infiltración en el grupo de un investigador, quien reunió suficientes pruebas gráficas con cámaras ocultas en gafas y relojes, la Fiscalía logró armar el modus operandi de la red.
La madera era sacada de los municipios de Cimitarra, Landázuri, Santa Helena del Opón, Vélez y el corregimiento La India, adscrito a la primera población. Y la transportaban por vías nacionales con guías ambientales falsas y, en oportunidades, con documentos legales obtenidos con enlaces en algunas corporaciones.
Durante meses, 15 obreros, con el apoyo de una cocinera y un enfermero, permanecían ocultos en lejanos parajes y talaban los árboles, que eran enviados por ríos y en mulas a varios puntos de concentración situados, principalmente, en zona rural de Cimitarra.
En esos lugares, la madera era marcada y abandonada en vías terciarias en las que era recogida por los camiones, que transitaban libremente por la región con el apoyo de algunos policías, quienes recibían entre 80.000 y 400.000 pesos por vehículo.

Un fiscal hacía parte de la banda

Sorprendidos quedaron los investigadores cuando, a través de las interceptaciones telefónicas, escucharon una conversación en la que un fiscal de Cimitarra y su asistente habrían cobrado 5 millones de pesos por recuperar un camión que había sido sorprendido por entes de control de otros distritos.
Asimismo, el uniformado que trabajaba con la banda les advertía a sus líderes sobre los operativos y les proporcionaba información que les permitía sacar la madera, que era vendida en Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga, y, al parecer, era exportada a China.
De acuerdo con lo manifestado por los investigadores, los exfuncionarios de corporaciones ambientales cobraban hasta dos millones de pesos por cada guía exigida en carretera, con la que ‘legalizaban’ la madera.
A raíz de lo que hacía esta red, se conformó, hace dos semanas en Santander, el Comité Interinstitucional de Protección de Flora y Fauna Silvestre, que cuenta con funcionarios de la Fiscalía, Policía, Ejército, Procuraduría, corporaciones ambientales y Gobernación.
En la activación del Comité se reveló que, al parecer, habría más células de pequeñas bandas que seguirían con la tala ilegal, en una actividad que ubica a Santander entre los diez departamentos con mayor deforestación en Colombia.
De acuerdo con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) entre 2000 y 2012 se deforestaron en el departamento 205.144 hectáreas, es decir, 17.095 por año. En los dos siguientes se registró una leve disminución al pasar de 7.548 hectáreas deforestadas en 2013 a 4.110, en 2014.
Jairo Puentes Bruges, ingeniero químico especializado en temas ambientales, excoordinador de una especialización ambiental en la UIS, dijo que los árboles talados crecen durante 30 años en una zona donde la deforestación causa sedimentación en los ríos que pierden profundidad y aumenta la probabilidad de inundaciones.
EL TIEMPO intentó hablar del tema con funcionarios regionales de Parques Nacionales, pero no accedieron a las entrevistas.

La respuesta del CAS a la Fiscalía

Un funcionario de la Fiscalía precisó que varios operativos se habrían truncado ante la ausencia de un perito ambiental. Sin embargo, la directora de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), Flor María Rangel, aseguró no tener registros de solicitudes de la Fiscalía que no hayan sido apoyados por la entidad que está bajo su mando.
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