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Colombia, aún en deuda con comunidades afrodescendientes

En el marco del Día de la Afrocolombianidad, colectivos señalan que falta atención a comunidades.

Afrocolombianidad

Comunidades señalan que falta reglamentación en la Ley 70 de 1993.

Foto:

Juan Bautista Díaz / Archivo EL TIEMPO

25 de mayo 2018 , 10:12 a.m.

De acuerdo con un informe de la Unidad para las Víctimas, 837.057 víctimas incluidas en el registro único de la entidad se autorreconocen como miembros de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

La zona del Urabá, entre Chocó y Antioquia, es la zona donde más denuncias de ocupación ilegal en predios se han denunciado.

Aunque el trabajo de restitución de tierras aún no avanza en la velocidad que quieren, se ha conseguido regresar tierras

Libardo Asprilla Lara, director de la oficina de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, señala que aunque el trabajo de restitución de tierras aún no avanza en la velocidad que quieren, se ha conseguido regresar a comunidades afro a sus tierras.

“De las 1.800 hectáreas proyectadas, se ha logrado la restitución de unas 776 hectáreas”, señala Asprilla.

Durante este mes, reconocido como el mes de la Herencia Afrocolombiana, diferentes colectivos señalan que los avances de las comunidades afrodescendientes han tenido a lo largo de los últimos años en el país en materia de atención, espacios y calidad de vida han sido notorios, sin embargo, aún faltan cosas.

Líderes y asociaciones encargadas de vigilar que el Estado les cumpla a estas comunidades en el país sostienen que aunque se reconoce un trabajo, panoramas como la reglamentación de la Ley 70 de 1993 y el acompañamiento en restitución de tierras son parte del trabajo que falta por hacer.

Aunque aún se espera que se arrojen los resultados del último censo, cifras del último indican que el 10 por ciento de la población nacional se autodenomina como parte de la población afrodescendiente del país, en la actualidad, se presume que esa cifra llegue al 15 por ciento.

No obstante, desde el Observatorio de Discriminación Racial (ODR) se tiene una percepción diferente, pues el último estudio que realizaron de restitución a comunidades afros e indígenas muestra que solo el 7 por ciento de las tierras, entre ambos grupos raciales, han tenido una sentencia firme a favor.

En aspectos de los acuerdos de paz, las comunidades resaltan que mucho fue lo que se luchó para que se integrara un capítulo étnico, por lo que esperan que el acuerdo alcanzado le permita a las comunidades tener un papel importante en el posconflicto.

“La militarización no ha tenido ningún resultado. Basta con ver el caso de Temístocles, en Buenaventura, se necesita que el Gobierno proteja más a estas comunidades, también en Chocó y Tumaco, donde la guerra generada por la salida de las Farc no deja de cobrar víctimas”, expresó Carlos Andrés Baquero, de ODR.

Falta aplicar las leyes

El director de Chao Racismo, Ray Charrupi, sostiene que desde que se promulgó la Ley 1482 del 2011 contra la discriminación, no se ha registrado, hasta el momento, una sola condena por casos de discriminación racial, lo cual preocupa a la entidad, pues durante los últimos cuatro años han llegado hasta la Fiscalía alrededor de 900 denuncias por discriminación.

“Desde la Fiscalía nunca se toma como un delito, dicen que es una conducta de pronto inmoral, pero hay absoluto desconocimiento e impedimento para el acceso a la justicia por parte de los eventuales casos de racismo o discriminación. Cuando una persona llega a poner una denuncia le dicen que puede ser calumnia o un abuso de confianza, en Colombia hemos avanzado en que el racismo es una conducta negativa, pero le falta entender que racismo más que una inmoralidad es un delito”, expresa Charrupi.

Desde la oficina de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, señalan que en los últimos cuatro años se han recibido 115 quejas de distinta naturaleza radicadas por parte de comunidades afro a las que se les hacen seguimiento y traslado a las entidades competentes.

“No lo digo yo, se evidencia en las denuncias de las personas. Aún se sigue tratando a las personas dependiendo del color de piel y eso no debería existir, porque va en contra del principio de igualdad. Pero si usted analiza bien, los principales índices de atraso están en las zonas de mayor influencia afro”, dice Asprilla Lara.

Desde la expedición de la Ley 70 de 1993, la reglamentación de varios capítulos relacionados con el medio ambiente y el uso de la tierra y los recursos, o el aprovechamiento de los recursos mineros aún no han sido reglamentados.

Desde el Ministerio del Interior señalan que los capítulos 4, 5, 6, 7 y 8 se encuentran en trámite para ser reglamentados y se espera que antes de finalizar este Gobierno, se cuente con todo al día.

No obstante, pese a que las denuncias por discriminación racial y la cobertura a las comunidades afrodescendientes han mejorado en comparación con años anteriores, esta nueva etapa tras los acuerdos de paz, continúa siendo para diferentes asociaciones la deuda del Estado con más del 10 por ciento de la población colombiana.

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