Otras Ciudades

El entierro de sus muertos, lo último que espera Bojayá

Este miércoles se inicia la exhumación de los cuerpos que permanecen en fosas comunes.

Tragedia de Bojayá

El cilindro bomba lanzado por las Farc el 2 del mayo del 2002 destruyó la iglesia del municipio y mató a 79 personas.

Foto:

Luis Acosta / AFP - Archivo / EL TIEMPO

01 de mayo 2017 , 11:44 p.m.

Luis Hernán Murillo no puede tocarse la cabeza. Al hacerlo siente dolor por las esquirlas que lleva incrustadas desde hace 15 años, luego de la tragedia del 2 de mayo del 2002 en Bojayá, un municipio chocoano ubicado a más de 200 kilómetros de Quibdó, a orillas del río Atrato.

Ese día, un cilindro de gas cargado con dinamita y lanzado por las Farc penetró por el techo de la capilla San Pablo Apóstol, de Bellavista (la cabecera municipal), y mató a 79 de las personas que se refugiaban allí de un aguacero torrencial y de los combates entre la guerrilla y las autodefensas.

Murillo es uno de los sobrevivientes que nunca recibieron atención médica. El dolor hace parte de su vida, pero eso no le ha impedido continuar con sus labores como transportador. En una pequeña lancha lleva mercados y personas entre Antioquia y Chocó, por el río Atrato.

La pérdida de sus seres queridos es una herida que nadie puede cerrar; sin embargo, hay algo que él quiere hacer desde hace 15 años: enterrar dignamente a sus familiares.

“Ese día no paraba de llover –narra–. Vinimos a escuchar los disparos ya en la tarde, porque primero la gente buscaba refugio del agua que se estaba subiendo. Más tarde llegó mi papá y me dijo que nos teníamos que ir, que todos estaban en la iglesia”.

Aquel jueves, miembros de las autodefensas se enfrentaban a guerrilleros del frente 58 de las Farc. Las balas zumbaban de un lado al otro del Atrato. Vigía del Fuerte, en Antioquia, y Bojayá, en Chocó, servían como refugio a los dos grupos armados. En el medio, la población indefensa. La explosión del cilindro bomba fue el punto final de la batalla. Entonces cesó la lluvia, terminaron los disparos y empezaron las lágrimas.

Después de tanto tiempo de duelo, en esta oportunidad los habitantes no solo quieren orar, entonar alabaos (cantos corales ofrendados a los santos y muy usados en la costa del Pacífico durante los velorios) y encender velas en memoria de las 79 personas asesinadas, incluidos 48 niños. Quieren la exhumación de los cuerpos de sus familiares, para darles un entierro decente.

Recuerdos del horror

“La gente sabe que las Farc ya no están y la verdad es que no hemos vuelto a saber de la acción de grupos armados, pero el miedo se quedó. Sin embargo, el recuerdo de nuestra familia nos mantiene vivos”, dice John Freddy Velásquez.

Este hombre, de 30 años, alto y con el pelo cortado a ras, es secretario del Comité por el Derecho de las Víctimas. Le resulta difícil no hablar de la masacre sin un asomo de angustia. Frota sus manos y narra: “Yo tenía 15 años. Ese día estábamos en la balsa y ya nos íbamos a meter a la iglesia cuando la explosión nos tiró al río. Lo que más recuerdo es a las madres con niños en brazos que llegaban para que los atendieran, pero todos estaban muertos”.

Víctimas de Bojayá

John Freddy Velásquez, secretario del Comité por el Derecho de las Víctimas de Bojayá.

Foto:

Miguel Ángel Espinosa / EL TIEMPO

Hoy, en la emisora que dirige, este bojayaseño explica que los restos de sus seres queridos fueron metidos en bolsas y enterrados en una fosa común. Por eso, quienes representan a las víctimas quieren un entierro digno para sus familiares.

Aparte de la exhumación de los cuerpos, los miembros del Comité por el Derecho de las Víctimas de este municipio también le pideron al Gobierno que les brinde atención médica a las personas que, como Luis Hernán Murillo, quedaron con alguna secuela. Hasta el momento, según Velásquez, la lista de heridos que nunca fueron atendidos ronda los 60.

José de la Cruz, de 35 años, agradece que el Gobierno le esté dando una oportunidad a esta zona. Él es el representante legal del Comité, que reúne a las asociaciones de víctimas.

“Bojayá viene hace rato con preocupación, porque se hizo un traslado de la fosa hasta el nuevo pueblo y queremos mirar si aún hay restos en la fosa antigua. Yo tengo a seis parientes sin identificar y por eso pedimos a la Fiscalía una rectificación del proceso”, resalta.

Como él, son muchos los sobrevivientes que aún no saben en qué lugar están los cuerpos de sus seres queridos, pues hace 15 años buena parte de los restos se inhumó de manera indiscriminada. Tres días después de la masacre, representantes del Instituto Nacional de Medicina Legal llegaron a Bojayá. Para entonces, los cadáveres estaban descompuestos. Las partes, en su mayoría de niños, fueron agrupadas y enterradas en bolsas, muchas sin identificar.

Cruz acompaña a los sobrevivientes, con un dejo de dolor cuando habla. Y lamenta que haya tenido que ocurrir una tragedia para que el Estado pusiera los ojos en Bojayá.

El nuevo pueblo está a un kilómetro del antiguo. La comunidad tuvo que desplazarse porque la vieja cabecera municipal era propensa a inundaciones. Hoy, Bellavista se encuentra compuesta por tres barrios (Pueblo Nuevo, La Unión y Bella Luz) rodeados de selva. Para llegar desde Quibdó es necesario movilizarse en lancha, que puede tardar hasta tres horas. Si se cruza desde Vigía del Fuerte (Antioquia), son unos 20 minutos en el mismo transporte.

La humedad del lugar despierta una fuerte sensación de calor, que hace que los más de 10.000 habitantes de esta zona siempre tengan el brillo del sudor sobre sus rostros. Prácticamente a diario se registra alguna llovizna y la temperatura llega a más de 35 grados Celsius.

En este pequeño municipio, los habitantes se dedican a la pesca y a la siembra de plátano y yuca. Ya no quieren ir a las zonas más apartadas del casco urbano, por temor a cruzarse con grupos armados.

Coloridas casas de cemento rodean las calles amplias de Bellavista, la cabecera municipal. Por ellas se ve a los niños jugar y a la gente transportarse en motos. Todos se saludan de manera muy amistosa.

Mientras organiza su turbante y sale de su casa, Máxima Asprilla ensaya la canción que presentó, junto a sus compañeras de las Cantadoras de Pogue, durante la ceremonia de la firma del primer acuerdo de paz con las Farc, el 26 de septiembre del año pasado, en Cartagena: “Les pedimos a los violentos que no más repetición (…) Santa María, danos la paz”.

Ella dice que prefiere no recordar a los familiares que perdieron la vida en la tragedia, e inmediatamente anota que todos los muertos se sienten como de la familia, pues eso es lo que son: una gran familia.

Una larga túnica azul cubre su robusto cuerpo. Su caminar es pausado y su mirada, noble. Y al hablar de su amado pueblo, todo su aspecto se hace más serio: “Yo diría que a Bojayá le falta de todo, no es que el Estado se haya mantenido muy pendiente. Pero lo prioritario es que nos hagan una entrega digna de nuestros seres queridos, para nosotros darles cristiana sepultara”.

La recuperación de Bojayá no ha sido fácil. En frente de la iglesia, donde aún reposa el Cristo que quedó mutilado luego de la explosión, hay cuatro placas con los nombres de los menores de edad fallecidos. Álvaro Mosquera, el cura del pueblo, mira con tristeza la figura destrozada del Mesías –que hace parte de lo poco que se salvó de la iglesia después de la explosión– y afirma que es el reflejo de que, pese a lo ocurrido, esta población sigue en pie.

Bojayá, Chocó

La nueva Bellavista, la cabecera municipal de Bojayá, está a un kilómetro de distancia de la antigua.

Foto:

Miguel Ángel Espinosa / EL TIEMPO

El perdón de las Farc

‘Iván Márquez’, jefe negociador de las Farc en el proceso de La Habana, pronunció un sentido discurso en diciembre del 2015 para lamentar el ataque. Las víctimas agradecieron el gesto y estuvieron de acuerdo con las garantías de no repetición.

Una de las pruebas del compromiso de la población con la desmovilización de la guerrilla fue el resultado del plebiscito sobre los acuerdos de paz. El 2 de octubre pasado, el 95 por ciento de los votantes locales le dio el ‘sí’ a lo pactado en Cuba entre el Gobierno y las Farc.

La comunidad ya completa 11 años en el nuevo Bojayá. La Policía y el Ejército velan por su seguridad. “Ahora es más tranquila la vida –señala Máxima Asprilla–. Aún hay sospechas de la presencia de grupos armados en la zona, pero no es algo que se vea mucho, por lo que la gente vive mejor. Pero no hay que bajar la guardia, porque todavía hay muchos corredores por donde pasa el que quiere”.

Sin embargo, los lugareños creen que falta más por parte del Gobierno. Sin dejar de reconocer que ha habido un acompañamiento en materia de reparación, hoy esperan que se pueda realizar el entierro de las víctimas de aquel jueves de horror, para la tranquilidad y el descanso de los sobrevivientes que aún las lloran.

“Ese día la explosión nos tiró de la balsa en la que buscábamos huir del lugar. Fue un golpe seco, un ruido que ensordeció a la población. Yo estaba joven, como de 17, pero eso no se me olvida nunca”, relata Geiler Martínez.

La comunidad no pensó que a la iglesia fuera a llegar la muerte, porque ya antes, cuando las Farc habían amenazado con reclutar a muchachos de la zona, ocultarse en ese recinto les había servido para escapar de las garras de la violencia.

Martínez dice que reconocer a sus familiares por pedazos de cuerpos encontrados en el templo le generó una tristeza que hasta hoy lo hace llorar. Por eso quiere que haya un proceso que les permita estar seguros de cuáles son los muertos que van a enterrar.

Aunque hoy las peticiones se centran en el entierro digno de las víctimas, la falta de energía eléctrica y de otros servicios hacen parte de la lista de pendientes de los habitantes de Bojayá.

Este año, debido a un daño en una de las dos plantas que surten de luz a la población, los tres barrios de la cabecera municipal han tenido que turnarse cada noche para quedarse a oscuras.

“Es una problemática que esperamos solucionar pronto. Queremos adelantar el arreglo cuanto antes, para que no se vaya a sobrecargar la única planta eléctrica que está funcionando”, explica Jeremías Moreno, el alcalde del municipio.

Mientras tanto, los líderes y las autoridades indígenas tienen puesta la esperanza en los tres procesos de reparación colectiva que adelanta el Gobierno en su territorio. Además, existe el compromiso de poner a funcionar tres centros de salud en puntos estratégicos.

Con todo, la violencia no deja de ser un factor de temor. Por eso, John Freddy Velásquez pide que el Gobierno invierta también en el apoyo a la juventud y en iniciativas como su emisora.

Este líder social espera que, gracias a la belleza natural de la zona, se pueda impulsar a Bojayá como un destino turístico.
Por ahora, sus habitantes siguen sanando las heridas. El estruendo del cilindro que destrozó la iglesia y mutiló a la comunidad, no deja de hacer eco. Pero Bojayá es fuerte y ha sabido mantenerse a flote.

MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA
Enviado especial de EL TIEMPO
Bojayá (Chocó)

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