Medellín

Van más de 1.000 desplazados en el Bajo Cauca antioqueño

Es el desplazamiento más grande que se ha dado en este gobierno. ONU alertó crisis humanitaria.

Asesinan a familia en Tarazá

Tarazá se ha visto marcado por temas de seguridad y orden público por el accionar del 'Clan de Golfo'

Foto:

Guillermo Ossa/Archivo EL TIEMPO

18 de febrero 2018 , 04:47 p.m.

“Es el desplazamiento más grande que hemos tenido en este gobierno. Se está dando de manera continua y no nos deja prever el número exacto de la población que está llegando (…) a las 822 personas que teníamos reportadas, se le unieron 200 más”.

Las declaraciones de Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de Gobierno de Antioquia, revelan la delicada situación que se está viviendo en el Bajo Cauca antioqueño.

Los constantes enfrentamientos entre estructuras criminales y la fuerza pública, han ocasionado que las comunidades hayan tenido que salir de sus hogares en las zonas más rurales, especialmente en municipios como Cáceres y Tarazá, para llegar a las cabeceras municipales.

Por su parte, la oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), expresaron mediante un comunicado, su preocupación por la situación en el Bajo Cauca antioqueño.

“Hasta la fecha y desde el 19 de enero del presente año ha afectado por lo menos a 822 personas, (461 adultos y 361 niños, niñas, adolescentes). Estos hechos reiterados de desplazamiento afectan el día de hoy a las comunidades de las veredas Anará, San Francisco, Bejuquillo, que se suman a las ya afectadas en El Tigre, Ponciano, Alto Tamaná, Campanario y El Calvario”, dice el comunicado.

Si bien reconocieron el esfuerzo de la institucionalidad para controlar la situación, opinaron que la situación no ha mejorado. En lo referente a homicidios, del primero de enero al 14 de febrero de este año, las cifras superan en más de 255% el registro del mismo periodo del 2017.

Entre las acciones de la Gobernación, se destaca la realización de un consejo de seguridad en el que se crearon dos comités para atender la problemática.

Uno de esos, informó Ramírez, está orientado para garantizar los Derechos Humanos de la población desplazada. Las instituciones a nivel nacional, departamental y municipal se unieron para garantizar los suficientes albergues, alimentación y aseo básico que permitan atender a esta población.

“El Icbf está atendiendo a los menores de edad y se está coordinando la atención diferenciada a las comunidades indígenas”, indicó la funcionaria.

El otro comité, analiza la problemática de orden público que se presenta en todo el Bajo Cauca, donde confirmaron que hay enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley.

“El ‘Clan del Golfo’ busca recuperar territorio invadiendo espacios sembrados de ‘coca’ y allí ha estado la fuerza pública para ejercer control con Ejército y Policía”, explicó la secretaria de Gobierno, quien indicó que los cuerpos hallados en Cáceres con mensajes escritos, son producto del control territorial entre esas estructuras criminales.

Medellín

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