Medellín

Hay retroceso en prevención y atención de desplazamientos en Medellín

Este año van 2.340 víctimas de éxodos. Personería advierte que las familias no denuncian.

Desplazamiento forzado

En la vereda La Loma del corregimiento de San Cristóbal de Medellín se desplazaron 65 familias que suman 255 personas por amenazas de grupos armados.

Foto:

Andrés Henao / Archivo EL TIEMPO

03 de noviembre 2017 , 07:59 p.m.

La llave no encajaba, Claudia* intentó abrir la puerta de su casa pero le cambiaron la cerradura. Un vecino le dijo que era una advertencia de los combos para que se fuera del barrio.

“Salí con mi hijo cuando regresó del colegio, pero no nos dejaron sacar los muebles ni los electrodomésticos, nos dijeron que necesitaban la casa completa”, contó Claudia.

Al igual que ella, las últimas tres semanas, 10 familias han sido desplazadas de Belén Zafra, en el suroccidente de Medellín. Los combos se quedaron con sus viviendas por estar ubicadas en zonas estratégicas.

El despojo es el arma de estas bandas para dejar claro que son las dueñas de los barrios y de las rentas criminales como la extorsión y el microtráfico.

La Corporación Región muestra en sus análisis que históricamente y en conexión con las dinámicas del conflicto armado y las violencias, la ciudad no solo ha sido receptora de víctimas de desplazamiento forzado, sino también productora.

“El panorama es bastante desalentador: entre 1985 y julio de 2017 un total de 133.403 personas fueron desplazadas en Medellín. Para hacerse a una imagen, equivale a casi tres veces el aforo del estadio Atanasio Girardot”, advierte la entidad.

Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo (Corpades), explicó que las bandas aplican nuevas formas de despojo: saquean viviendas, se van a vivir a ellas sin autorización de la familia y cobran extorsiones absurdas.

Martha Villa, directora de la Corporación Región e investigadora del conflicto, dijo que en Medellín hay repunte de éxodos, sobre todo, en los corredores estratégicos como Belén, Robledo, la comuna 13 y el corregimiento de San Cristóbal.

Entre 1985 y julio de 2017 un total de 133.403 personas fueron desplazadas en Medellín. Para hacerse a una imagen, equivale a casi tres veces el aforo del estadio Atanasio Girardot

Villa aseguró que los desplazamientos masivos se habían controlado hace cuatro años, después del éxodo de 255 personas en La Loma de San Cristóbal– registrado en mayo de 2013–pero que este año se reactivaron.

Estudios de la experta muestran que desde hace 10 años, Medellín ha sido pionera en la construcción e implementación de una política de atención, prevención, protección y restablecimiento de derechos para las víctimas de desplazamiento.

La investigadora afirmó que la política permitió atender y evitar que el fenómeno se repitiera, y creó las condiciones para el pronto retorno.

“Así se intervinieron los desplazamientos masivos en La Loma en el 2013, cuando la Alcaldía, en una respuesta inusual en términos de política pública, adecuó los protocolos para la atención y protección de la población afectada e hizo presencia permanente en el territorio con la Fuerza Pública. Gracias a esto mucha gente se resistió a marcharse y los que se fueron volvieron después”, agregó.


Sin embargo, a la Corporación Región le preocupa la respuesta, o más bien la falta de ella. Por eso, la directora se pregunta: ¿Dónde quedó la capacidad institucional de la ciudad para responder a esta problemática?, ¿qué pasó con los aprendizajes adquiridos durante cerca de 10 años en los que fuimos pioneros en los procesos de atención y prevención? y ¿qué recursos tiene la Alcaldía para atender a esta población?

Quijano reconoció que las bandas cada vez utilizan más esta práctica para consolidar territorios, pero aseguró que la administración pasada también fue un fracaso en atender a las víctimas de desplazamiento y en lograr retornos seguros. “Ni antes ni ahora hay garantías para el retorno”, advirtió.

El secretario de Seguridad, Andrés Tobón, dijo que la actual Alcaldía trabaja en estrategias con la Unidad de Víctimas para que las familias puedan regresar a sus barrios. “Una vez retiramos a los criminales y capturamos a los bandidos, llegaremos con ofertas para ofrecer tranquilidad a las personas, así como atención sicosocial y garantías”, agregó.

En lo corrido del año, la Personería de Medellín ha recibido 810 declaraciones por desplazamiento forzado intraurbano, que afectan a 2.340 personas. Sin embargo, el Ministerio Público identificó que muchos de los éxodos son silenciosos y que las familias no denuncian por miedo o desinformación. Lo que representa que la cifra no coincide con la realidad.

El personero Guillermo Durán explicó que las familias que están inmersas en zonas de jurisdicción de los grupos armados se convierten en foco de amenazas y constreñimiento.

Durán  afirmó que las bandas coparon espacios que la institucionalidad ha dejado y actúan como autoridad en los barrios, median en la solución de problemas de convivencia entre vecinos, relaciones entre parejas y deudas. “La gente acude a ellos para que les soluciones los conflictos y la forma de hacerlo es desplazar, amenazar y cobrar multas desmedidas”, advirtió.

Eso lo sabe muy bien Claudia, quien contó que así no la hubiesen sacado cambiándole la cerradura de su puerta, de una u otra forma se hubiera tenido que ir de su barrio, ya sea por enfrentamientos, por extorsiones o por evitar que recluten a su hijo de 16 años.

DEICY JOHANA PAREJA M.
Redactora de EL TIEMPO
En Twitter: @johapareja

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