Medellín

Continúa riesgo electoral en Antioquia

Mientras el país desaparecen zonas de mapa de fraude y violencia electoral, Antioquia está igual.

Riesgo electoral

Mientras en 2014 había 46 municipios en riesgo electoral por violencia, este año el departamento tiene la misma cifra.

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Guillermo Ossa / Archivo EL TIEMPO

18 de febrero 2018 , 10:30 a.m.

Tras la histórica desmovilización de las Farc y su ingreso al ejercicio de la política, 90 municipios de Colombia desaparecieron de los mapas de riesgo electoral que combinan fraudes y violencia. Mientras en 2014 había 260 en la lista, este año hay 170, según la Misión de Observación Electoral, (MOE).

Sin embargo, en Antioquia no se refleja esa disminución, sobre todo en los municipios con presencia de grupos armados organizados y del Eln.

Verónica Tabares, directora de la MOE en Antioquia, cuenta que mientras en 2014 había 46 municipios en riesgo electoral por violencia, este año el departamento tiene la misma cifra. “No son los mismos, unos salen del mapa y otros entran, llama la atención que la tendencia de reducción en el país no se refleje en Antioquia”, advierte.

La experta dice que las causas son la extorsión, el narcotráfico, la siembra de coca y la minería ilegal que hoy se disputan grupos armados con la guerrilla del Eln, sobretodo en Bajo Cauca, Nordeste, Norte y Urabá.

También preocupa la violencia contra líderes políticos, sociales y de Juntas de Acción Comunal (JAC), que aumentó desde que comenzó en firme la campaña electoral al Congreso.

Alejandra Barrios, directora nacional del observatorio electoral, explica que en Colombia se han registrado 62 casos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales, desde el 11 de diciembre de 2017, cuando se cerró la inscripción de candidatos, a la fecha. Antioquia, con seis asesinatos contra líderes, tiene la cifra más alta en el país.

Barrios argumenta que mientras a los líderes políticos los amenazan, a los líderes sociales y comunales los matan, no hay una advertencia. La MOE monitorea todas las formas de violencia contra ellos (amenazas, secuestros, desapariciones, atentados y asesinatos), ya que en años anteriores no se tuvieron en cuenta, antes el análisis solo incluía a candidatos, funcionarios públicos como secretarios de Gobierno y alcaldes, dirigentes de partidos políticos de municipios y registradores.

No son los mismos, unos salen del mapa y otros entran, llama la atención que la tendencia de reducción en el país no se refleje en Antioquia

Para la MOE la violencia política no tiene como principal agresión el asesinato, pues las amenazas comprenden la mayor proporción de los hechos violentos. Sin embargo, preocupa el caso del partido Farc: en un mes y medio, en el país se han registrado tres ataques contra sus miembros, de los cuales dos fueron en Peque (Antioquia) y uno en Santander de Quilichao (Cauca). También hubo un atentado contra una integrante del partido en Bogotá y una amenaza en Medellín.

Llama la atención que más del 48 por ciento de líderes sociales del país están en los municipios priorizados en el posconflicto y que el Chocó, a pesar de contar con presencia de actores armados ilegales y frecuentes enfrentamientos, hasta el momento no registra víctimas de violencia política, solo contra líderes sociales.

En el caso de Antioquia, durante 2017 se registraron seis amenazas contra líderes políticos, un atentado y dos asesinatos. Los municipios afectados fueron Medellín, Remedios y Segovia. En cuanto a violencia contra líderes sociales, hubo tres atentados y 11 asesinatos. Después del Cauca, Antioquia fue la región con más casos en el país.

Según la Misión, las zonas con vacíos dejados por las Farc luego de su desmovilización están tratando de ser cooptados por otros actores armados y esta confrontación deja en medio a líderes sociales y comunales. “En estas zonas, los hechos de violencia pueden ser una forma de presión de estos grupos para recibir apoyo social en su llegada al territorio como medida de amedrentamiento para lograr el control de economías ilegales”, dice el informe del observatorio.

El análisis destaca que Cáceres es uno de los municipios del Bajo Cauca antioqueño y parte del extenso corredor de economías ilegales que va desde la zona del Catatumbo en el oriente del país, hasta el Urabá, en el occidente, conocido por ser zona de minería ilegal, cultivos ilícitos y tráfico de armas. Por esta razón, líderes victimizados, quedan en medio de la lucha violenta por el territorio.

“Se deben tomar medidas necesarias para atacar estos niveles de violencia que causan la presencia de grupos armados, así como las acciones contra líderes”, advierte Tabares. También pide que el Gobierno le ponga la lupa a Medellín porque está en un riesgo extremo de violencia electoral.

El Eln y su capacidad de acción es la mayor preocupación de la MOE para las elecciones de Cámara y Senado que se llevarán a cabo el próximo 11 de marzo.

En estas zonas, los hechos de violencia pueden ser una forma de presión de estos grupos para recibir apoyo social en su llegada al territorio

Fraude electoral

Con el desarme de las Farc quedan amenazas que siempre han existido pero que no se han atendido como la corrupción, el origen de recursos en campañas y el clientelismo, según el observatorio.

El informe de la Misión de Observatorio Electoral del 2018 explica que el peligro de fraude electoral son todos los actores interesados en adulterar los resultados electorales, ya sea mediante la presión o la manipulación de los ciudadanos o a través de la alteración de los tarjetones o de los formularios de conteo de votos en los escrutinios.

La directora regional dice que en Antioquia hay amenazas de fraude electoral que tienen que ver con la variación en la participación y el número de votos nulos y de tarjetones no marcados. “Ahí se detectan distintas fuerzas que motivan a la gente a hacer alguna de estas acciones”, añadió.

En Antioquia, 63 municipios se encuentran en algún nivel de riegos de fraude electoral para la Cámara de Representantes, que corresponde al 50 por ciento de los municipios de la región. En la lista de riesgo extremo están: Angostura y Guadalupe (norte); Anzá (occidente); Concordia (suroeste); Nariño y San Francisco (oriente); San Roque y Segovia (nordeste), así como Murindó (Urabá).

En el departamento hay 58 municipios en peligro por fraude electoral para el Senado, cifra que corresponde al 46 por ciento de los municipios de la región. En amenaza extrema están: Alejandría, Cocorná y San Francisco (oriente); Ituango y San Andrés de Cuerquia (norte); Murindó (Urabá).

Al observatorio también le preocupa el uso de noticias falsas, la manipulación y campañas de desprestigio que “hoy nos generan preguntas sobre cómo detectar esto y su financiación y cómo hacer control”.

Tabares explica que Antioquia es del departamento con municipios priorizados en el posconflicto, 13 en el Bajo Cauca y Nordeste, de los cuales, nueve se encuentran en riesgo por factores coincidentes, 11 por fraude a la Cámara, nueve por fraude al Senado y 11 por factores de violencia.

Así mismo, ocho municipios del Urabá priorizados, de estos seis están en riesgo por factores coincidentes, siete por fraude electoral para la Cámara, cinco por fraude electoral al Senado y seis por Violencia.

“Es necesaria mayor acción por parte del Estado en estas regiones, para que las víctimas del conflicto tengan acceso a votar. Estos son municipios donde se necesita mayor institucionalidad democrática, presencia de autoridades y control de campañas políticas, porque se puede hacer proselitismo electoral”, advirtió la representante de la MOE.

Para la Misión, en las próximas elecciones, estos municipios serán las mejores fuentes de diagnóstico para determinar en qué condiciones la democracia colombiana llega al posconflicto.

DEICY JOHANA PAREJA M. 
Redactora de EL TIEMPO
EnTwitter: @Johapareja

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