Medellín

‘Ojalá no haya que pagar con muertos la falta de obras de La Picacha’

Quienes viven cerca de la quebrada esperan que la Alcaldía cumpla con reubicación definitiva.

Quebrada La Picacha Medellín

Hay casas todo el recorrido de la quebrada La Picacha pero solo las de La Playita fueron tenidas en cuenta en el censo.

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Guillermo Ossa / EL TIEMPO

22 de julio 2017 , 09:20 a.m.

Era 1978 cuando Flor del Socorro Obando y su familia dejaron su casa en Mutatá (Urabá antioqueño) debido a la violencia por la que vio cómo hombres armados llegaron un día y mataron a su vecina, a quien había conocido desde siempre, sin más explicaciones.

Llegaron a Medellín, al barrio Granizal, pensaron que en esta ciudad reharían su vida pero poco después encontraron otra violencia, una que por una confusión en el barrio, según ella, se llevó la vida de uno de sus hermanos. En ese momento tuvieron que desplazarse de nuevo, esta vez a Belén Aguas Frías, en donde les vendieron una ‘casa’ de madera y tela que en los pasados 19 años organizaron al punto en que ya es de cemento y tiene varios cuartos, incluso, una tienda de abarrotes al frente, que es la fuente de sus ingresos.

Sin embargo, ahora dice que se enfrentan a un tercer desplazamiento. Esta vez no es el conflicto, es una reubicación a la que deben someterse por estar en zona de riesgo al lado de la quebrada La Picacha, pero dice que las autoridades no les dan garantías suficientes.

Al menos otras 105 familias tienen la misma necesidad de reubicación, según un censo realizado por el Instituto de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed) en el 2014. De esas, 53 ya han recibido reubicación temporal o definitiva.

Quebrada La Picacha Medellín

En 2011 La Picacha casi tumba la casa de Oliva Serna, quien luego sembró árboles que ‘amarraran la tierra’ para que no pasara otra vez.

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Guillermo Ossa / EL TIEMPO

En 12,3 kilómetros de extensión, La Picacha recorre Belén Aguas Frías, Las Violetas y Mira Valle, luego el sector Bulerías y finalmente desemboca en el río Aburrá Medellín. Su último desbordamiento, el 18 diciembre del 2011, destruyó tres casas, afectó al menos 10 más, derrumbó un puente y causó la muerte de una persona.

Cada temporada de lluvias el cauce vuelve a aumentar, al igual que el riesgo de otra tragedia. Fue por eso que el 4 de abril del 2013 los presidentes de cuatro Juntas de Acción Comunal (JAC) de Belén interpusieron una acción popular para exigir a la Alcaldía de Medellín, Corantioquia y Área Metropolitana, y más tarde al Isvimed, el cumplimiento del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Microcuenca (PIOM) de La Picacha.

“Ese plan quedó listo en el 2009, ahí se establecían todos los proyectos de gestión del riesgo de la quebrada, entre esos inundaciones, avenidas torrenciales y desplazamiento de masa. Uno de los proyectos es, por ejemplo, la forma en que debe estar canalizada la quebrada”, explicó Érika Castro, coordinadora de la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad de Medellín, que ha asesorado el proceso.

Hay falta de voluntad política, ya nos habían mostrado los diseños para el muro de contención y luego nos dijeron que no había dinero, ¿y con el Superávit de Medellín tampoco hubo para La Picacha?

La sentencia para la acción popular, que ameritó incluso un pronunciamiento del Consejo de Estado, solo llegó cuatro años después, el 28 de junio del 2017, cuando el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó al municipio de Medellín hacer un censo en todo el recorrido de la quebrada para identificar cuántas familias están en riesgo; a quienes deben ser evacuadas temporalmente, darles una solución habitacional temporal y aquellas que deben ser evacuadas en forma definitiva, darles una solución definitiva.

Al Isvimed le ordenó dar las soluciones de vivienda sin que se apliquen normas que puedan ser contrarias a los derechos fundamentales de las familias.

Al Área Metropolitana, el Municipio de Medellín y Corantioquia les ordenó que en un plazo de un mes concerten el ajuste presupuestal para la implementación urgente, real y efectiva del PIOM.

Sin embargo, este no es el fin.

Quebrada La Picacha Medellín

En el 2011 el desbordamiento de La Picacha se llevó un puente que solo llevaba unos meses instalado. Ahora los habitantes del sector usan uno improvisado o cruzan la quebrada saltando entre piedras.

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Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Félix García, presidente de la JAC de Belén Las Merecedes y uno de los accionantes comentó que esa sentencia es tan clara como puede ser y que estos son solo esfuerzos de las autoridades por dilatar aún más la solución.

“Las dos Alcaldías (Aníbal Gaviria y Federico Gutiérrez) han tenido total indiferencia. Todo parte de la falta de voluntad política, ya nos habían mostrado los diseños para el muro de contención y luego nos dijeron que no había dinero, ¿y con el Superávit de Medellín tampoco hubo para La Picacha? No quiero ser ave de mal agüero pero ojalá no tengamos que pagar con muertos las obras que no han hecho en La Picacha”, dijo el líder comunitario.

Al respecto, Verónica de Vivero, secretaria General de Medellín, comentó que el municipio sí ha estado atendiendo a esta población, a pesar de que no hay un fallo en firme, y ya se inició la reubicación de las familias, aunque agregó que es contraproducente hacer otro censo pues ya no serían las familias que han vivido siempre allí.

La idea siempre será buscar soluciones conciliadas y por ahora esperar las aclaraciones, luego determinar si apelamos y ya con decisiones judiciales en firme tendremos que cumplirla

“La idea siempre será buscar soluciones conciliadas y por ahora esperar las aclaraciones, luego determinar si apelamos y ya con decisiones judiciales en firme tendremos que cumplirlas”, concluyó.

Área Metropolitana explicó que no se pronunciará al respecto hasta tanto no se den las aclaraciones a la sentencia solicitadas por el municipio pero que La Picacha está dentro de su Plan Quebradas para hacer de planes de ordenamiento adecuados.Por su parte,  Corantioquia no respondió a este medio sobre la sentencia del tribunal.

Proceso de reubicación está lejos de terminarse
Quebrada La Picacha Medellín

Una de las familias que había accedido a reubicación temporal volvió a su antigua casa, que habían dejado completamente sellada. Ahora viven en una 'bóveda' que solo tiene puerta.

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Guillermo Ossa / EL TIEMPO

En agosto del 2013 una medida cautelar ordenó al municipio de Medellín realizar un censo y evacuar las viviendas en situación de alto riesgo en La Picacha. En el 2014, dicho censo dio como resultado que 106 hogares debían ser reubicados según Natalia Restrepo, subdirectora del Isvimed. Aunque 53 ya fueron reubicadas temporal o definitivamente, aún quedarían 53 sin ninguna solución. Laura Ortiz, habitante de Belén Aguas Frías, dice que les han puesto trabas para acceder a la reubicación.

“Buscamos un apartamento y nos íbamos a ir dos familias para allá, incluso hicimos el esfuerzo y pagamos un mes de arriendo por adelantado para pisarlo(...) le avisamos un mes y medio antes al Isvimed para tener los papeles de arrendamiento pero al final se demoraron mucho y perdimos la casa”, contó.

Demoras y enredos en los documentos no es lo único que incomoda a los habitantes del sector respecto a la reubicación. También está el hecho de que el censo del 2014 solo se hizo en un barrio, La Playita, aunque la quebrada recorre más de tres. Sobre esto, la subdirectora del Isvimed indicó que la caracterización de las familias de los otros barrios debe hacerla el Dagrd. Asimismo, indicó que si la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia queda en firme y deben atender a más familias tendrían que hacer una reorganización presupuestal o solicitar más recursos.

Nos llevaron al terreno, nos pusieron a dibujar cómo nos imaginábamos nuestra casa y nada ha sucedido

Por último, los habitantes reclaman un proyecto que el Isvimed prometió construirles en Belén Rincón. “Nos llevaron al terreno, nos pusieron a dibujar cómo nos imaginábamos nuestra casa y nada ha sucedido”, recordó Ortiz.

Sobre esto, Restrepo dijo que primero debieron comprar el predio y luego inició la licitación de diseños, que se declaró desierta en dos ocasiones, por lo que solo hasta el pasado 14 de julio se firmó el acta de inicio para los estudios. Para esto hay un plazo de cuatro meses, luego vendrá la licitación para elegir a la constructora y después sí iniciaría la construcción.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA
Redactora de EL TIEMPO
En Twitter: @M_I_O_F

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