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Medellín

Cierran 33 bocaminas en el suroeste antioqueño

Los cierres se llevaron a cabo con la debida priorización por el nivel de riesgo de cada unidad minera.

Los cierres se llevaron a cabo con la debida priorización por el nivel de riesgo de cada unidad minera.

Foto:Guillermo Ossa / Archivo EL TIEMPO

En cada caso se ordenó la suspensión y cierre de actividades de extracción.

Andrea Morante
La minería en el suroeste antioqueño es un problema al que no han podido echar por tierra. El año pasado, cerca de una docena de municipios aprobaron acuerdos municipales diciéndole no a la minería metálica, y, para este 2018, las secretarías de Gobierno y de Minas de Antioquia, articuladas con el Ejército Nacional, informaron el cierre de minas en sectores donde se desarrollan actividades ilegales.
Es decir, aquellas que no están amparadas por un título minero, que son consideradas zonas de amenaza o presentan alto riesgo para quienes laboran allí.
Entre las zonas impactadas se encuentran la cuenca del Sinifaná, en los municipios de Angelópolis y Amagá, donde se cerraron 33 bocaminas por ser esta región la de mayor número de accidentes presentados en la minería ilegal”, explicó Dora Balvin, secretaria de Minas de Antioquia.
Dichos cierres se llevaron a cabo con la debida priorización por el nivel de riesgo de cada unidad minera, con su respectivo acto administrativo expedido por la administración municipal competente. En cada caso se ordenó la suspensión y cierre de actividades de extracción.
En todo el suroeste, según explicó la secretaría, hay 156 de los 1.325 títulos mineros de Antioquia. Es decir que equivalen al 12 por ciento del territorio.
De igual forma, durante este año se continuará con los operativos de cierre de minas ilegales, para lo que tendrán en cuenta las solicitudes allegadas por las alcaldías municipales, “en las que se plasman necesidades en capacidad técnica y operativa para erradicar extracción ilícita de minerales en su territorio”.
Además, la funcionaria aclaró que la actividad no se trata solo de cierre. Para que los mineros impactados con la decisión puedan seguir ejerciendo su profesión bajo la legalidad, la secretaría puso a disposición diferentes programas de asesoría y capacitación en torno a los procesos de regularización.
Con estas iniciativas, la secretaría informó que ha regularizado 52 unidades productivas mineras (UPM), lo que representa un total de 800 empleos directos generados.
MEDELLÍN
Andrea Morante
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