Cali

Contratista queda libre, pero para terminar obras en Buenaventura

Es el mismo caso por Acuaparque que este año llevó a la cárcel, de nuevo, a exalcalde del puerto. 

Panorámica de Buenaventura, municipio que ha sido afectado por corrupción en estamentos públicos.

Panorámica de Buenaventura, municipio que ha sido afectado por corrupción en estamentos públicos.

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EL TIEMPO

11 de julio 2018 , 08:50 p.m.

El Juzgado Cuarto de Control de Garantías de Buga ordenó medida de aseguramiento, pero por fuera de la cárcel, a quien fue el contratista de unas obras inconclusas en el Acuaparque de Buenaventura, que terminó siendo un millonario 'elefante blanco'.

El detenido, a quien la Fiscalía le formuló cargos por peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, no será privado de la libertad porque el Juzgado le recalcó el compromiso de que termine los trabajos sin terminar y que ascendieron a 3.800 millones de pesos.

El detenido fue identificado como Freddy Jesús Mosquera Obando, quien no aceptó cargos.

Estos trabajos tenían que estar listos en 2015 pero, como lo señaló la investigación, la obra quedó a medias y el contratista habría recibido el 90 por ciento del costo, señalamiento que el detenido tampoco aceptó.

El contratista se presentó por su propia voluntad ante el Juzgado. 

Por estos mismos trabajos inconclusos, el exalcalde de Buenaventura Bartolo Valencia fue detenido en junio pasado por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

Fue la segunda captura para el exalcalde, pues en 2012 estuvo detenido pero esa vez por contratos relacionados con cupos escolares por 3.076 millones de pesos para atender a 3.845 niños, a través del Sistema General de Participaciones. Según la Fiscalía, hubo detrimento en más de 700 millones de pesos.Valencia tampoco aceptó cargos por estos señalamientos.

Por estos mismos trabajos inconclusos, el exalcalde de Buenaventura Bartolo Valencia fue detenido en junio pasado por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía

Así mismo, el actual alcalde de Buenaventura, Jorge Eliécer Arboleda Torres, fue detenido dos veces este año por la misma investigación relacionada con presunta corrupción. 

Arboleda Torres es investigado por presunta malversación del erario de esta población, más de 5.000 millones de pesos para el hospital Luis Ablanque de la Plata, estamento público que reabrió sus puertas el año pasado, debido a que estuvo sin servicio, también por corrupción. 

Pero con Valencia y Arboleda han sido cuatro mandatarios del puerto marítimo cuestionados, en forma consecutiva.

El primero fue Saulo Quiñones, en momentos en que el puerto se agitaba por la violencia por unos 2.000 asesinatos y 300 desapariciones. Fue investigado en el 2007 por contratación indebida y prevaricato por unos 11.600 millones de pesos en obras de colegios para la zona rural y urbana de Buenaventura, además del programa de educación subsidiada o de cobertura educativa. Fue capturado en el 2011 por peculado con tres funcionarios más del municipio.

Con Valencia y Arboleda han sido cuatro los mandatarios del puerto marítimo cuestionados, en forma consecutiva

Quiñones fue reemplazado por José Félix Ocoró Minotta, quien fue dos veces alcalde de Buenaventura y en ambas oportunidades fue cuestionado e investigado por anomalías en la contratación pública.

En 1997 a Ocoró le abrieron investigaciones por presunto peculado por apropiación, pago de una supuesta nómina paralela y falsedad en documento público. Estuvo cuatro meses detenido en un centro penitenciario en Cali y luego fue dejado en libertad porque el juez de ese entonces consideró que no había méritos para que siguiera recluido.

En el 2011, agentes del CTI detuvieron a Ocoró Minotta en su despacho por los delitos de peculado por apropiación, celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, fraude procesal y falsedad en documento público.

El 4 de agosto de 2015, la Fiscalía General de la Nación aseguró que en el 2008 hubo irregularidades por parte del exalcalde Ocoró en la negociación de terreno por 3.200 millones de pesos, recibiendo a cambio un lote de 500 millones de pesos para que allí funcionara la Secretaría de Infraestructura Vial. No obstante, la obra tenía un costo de 1.050 millones, pero en la administración de Ocoró se fijó por unos 1.200 millones.

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