Bogotá

Tensión en municipios por migración de venezolanos

Mientras algunos cundinamarqueses los ayudan, otros aprovechan su situación para explotarlos.

Cundinamarca

Las administraciones municipales hablan de hacinamiento en casas arrendadas, explotación laboral hacia los venezolanos.

Foto:

Claudia Rubio / EL TIEMPO

22 de mayo 2018 , 08:52 p.m.

La llegada de venezolanos que arribaron a Bogotá y se desplazaron a municipios aledaños como Sopó, Chía, Cota o Soacha ha generado situaciones de tensión entre sus habitantes y los extranjeros.

El último incidente se presentó en Subachoque, ubicado a unos 35 kilómetros de la capital, cuando en las últimas semanas circuló por redes sociales un audio en el que se les advertía a los venezolanos que tenían dos semanas para irse o su vida estaría en riesgo.

La situación se sumó a un caso de feminicidio que se presentó allí a principios de mayo, cuando un habitante del país vecino le quitó la vida a su esposa en una de las principales calles del municipio, y luego se disparó. El crimen generó un ambiente de zozobra en la población, que se acerca a los 16.000 residentes.

Estos hechos son solo el ápice de la situación que se vive en las poblaciones aledañas a Bogotá, pues las administraciones municipales hablan de hacinamiento en casas arrendadas, explotación laboral hacia los venezolanos, choque porque algunos ofertan su mano de obra a la mitad de lo que lo hace un trabajador colombiano, entre otros hechos.

Por lo anterior, Juan Guillermo Cortés, alcalde de Subachoque, citó a un consejo de seguridad al que invitó al gobierno de Cundinamarca y a Migración Colombia para conocer cómo pueden dar respuesta a esta situación. Según sus registros, hay 90 extranjeros documentados en el municipio, pero entre 300 y 400 llegan a diario a trabajar en los cultivos.

“Se está presentando el fenómeno de que en una sola casa viven entre 13 y 15 personas, muchas sin un solo documento. Por eso se les socializó a los subachoqueños la normatividad del Gobierno Nacional. Les comentamos qué tienen que hacer cuando los contratan, pues deben cumplir unas condiciones de ley, o cómo se debe hacer cuando les arriendan un cuarto, pues deben registrarlos en menos de tres días en una plataforma de Migración, todo para que no acarreen multas y sanciones”, explicó el alcalde Cortés, quien pidió a las autoridades investigar de dónde salieron los audios en los que se amenaza a los venezolanos.

Raúl Londoño, director de la corporación Prosubachoque –que promueve la vocación agroecológica del municipio– asistió al encuentro de socialización la semana pasada. “Hubo una molestia por parte de algunos venezolanos que decían que los iban a sacar del municipio, pero no es así. Nosotros tenemos una alta vocación humanitaria y los hemos ayudado, pero también hay normas que debemos cumplir, en pro de la convivencia”, indicó el líder.

Jairo Martínez Cruz, secretario de Gobierno de Cundinamarca, explicó que no se trata de xenofobia el impulsar una regulación de la situación de los venezolanos en los municipios. “La orden que tienen los alcaldes es la de censar y registrar a quienes llegan a sus poblaciones, porque se estaba contratando a mucha gente que no tenía documentos, de manera informal, y esto afecta la dinámica de la región”, señaló.
Martínez aseguró que esta acción es la que permite saber quiénes están trabajando o residiendo en las poblaciones para evitar situaciones que atentan contra la convivencia.

Según el registro que lleva el Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana del departamento, cuatro ciudadanos de ese país se vieron involucrados en hechos delictivos este año y cerca de 21 fueron capturados el año pasado. “Hoy se estima que hay 10.600 venezolanos en Cundinamarca, pero la cifra puede ser mayor”, dijo Martínez.

Panorama en las otras poblaciones

William Tamayo, secretario de Gobierno de Chía, municipio que fue designado por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para realizar el censo de venezolanos en la parte norte de Cundinamarca, aseguró que las alcaldías se sienten maniatadas a la hora de tratar la llegada de migrantes venezolanos.

“Estamos en un limbo. No tenemos herramientas concretas para proceder, más allá de pedirles que se registren. Mientras tanto hay situaciones como la que vi en un almacén de calzado, donde buscaban un vendedor con experiencia pero decían claramente que no fuera venezolano”, contó Tamayo.
Solo a Chía han acudido 1.115 extranjeros a registrarse.

MICHAEL CRUS
Redactor de EL TIEMPO
​En Twitter: @M_CruzRoa

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