Bogotá

Así va la lucha para que familias logren vivir en predios legales

A la fecha, 1.375 familias que estaban en riesgo fueron reasentadas y 1.745 mejoraron sus viviendas.

Germán Bahamón Director de la Caja de Vivienda Popular.

Germán Bahamón, director de la Caja de Vivienda Popular.

Foto:

Rodrigo Sepulveda/ EL TIEMPO

23 de julio 2017 , 01:28 a.m.

La lucha para sacar de la marginalidad a las familias que por una u otra razón llegaron a vivir hace años en predios en alto riesgo de inundación y derrumbe o en invasiones ilegales, sobre terrenos públicos o privados, timadas en la mayoría de casos por las bandas de ‘tierreros’, no da tregua.

Las cifras oficiales señalan que, a la fecha, se han atendido cerca de 10.000 hogares en Bogotá, de los cuales 1.300 ya tienen título de propiedad, 1.375 fueron trasladados de las zonas de inundación y derrumbe y reubicados en casas nuevas, mientras que a otros 1.745 se les logró mejorar sus viviendas.

Así lo informó a EL TIEMPO el director general de la Caja de la Vivienda Popular del Distrito (CVP), Germán Bahamón, quien señaló que la meta al final de la administración del alcalde Enrique Peñalosa es beneficiar a por lo menos 30.000 familias con vivienda propia, titulación, mejoramiento de sus barrios y, por supuesto, de sus hogares.

La desmarginalización, una prioridad para Peñalosa, se trabaja desde varios frentes. En primer lugar, con la titulación de los predios. Se calcula que hoy, en Bogotá hay más de 52.000 predios ilegales a lo largo y ancho del territorio, la mayoría de ellos en Ciudad Bolívar (22.872), Usme (5.424), Kennedy (4.597), San Cristóbal (2.915) y Usaquén (2.462), que ocupan los primeros lugares.

En la localidad de Teusaquillo, por ejemplo, en el corazón de Bogotá, hay 58 casos identificados.

En lo que va corrido de esta administración, según el reporte entregado por Bahamón, el Distrito ha entregado esos 1.300 títulos de propiedad a personas que, por diferentes circunstancias, llegaron a ocupar, hace más de 20 años, terrenos ilegales, la mayoría de ellos vendidos por las mafias de los ‘tierreros’ que se apoderan de predios privados o públicos.

La meta para el 2017 es entregar al menos 3.000 títulos nuevos, y, hacia el final de esta administración, se espera que por lo menos 5.000 propietarios tengan en sus manos los documentos que los acreditan como los dueños del predio.

Se calcula que cuando el Distrito hace este tipo de ejercicios de desmarginalización, el predio adquiere un valor patrimonial que está por encima de los 80 millones de pesos.

En estas circunstancias, “estos propietarios entran a ser parte de la sociedad con derechos y deberes, en terrenos sin riesgo y sujetos de crédito, porque parte importante de este análisis social es el análisis económico”, advierte Bahamón.

Esto es que a muchas familias se les acaba la incertidumbre de vivir en el aire y, con un patrimonio como el de la vivienda, ya pueden acceder, por ejemplo, a recursos para enviar a sus hijos a la universidad, o para otras inversiones. “Es decir, para que sigan progresando en la pirámide socioeconómica”, precisó el director de la Caja de Vivienda Popular.

Reasentamientos

Otro paso clave para salir de la marginalidad es el reasentamiento de aquellas personas que, al igual que las anteriores, compraron o invadieron terrenos ubicados en zonas de alto riesgo, como las laderas de las montañas, al lado de los ríos o quebradas, o en aquellos lotes que están en amenaza de inundación, sobre todo en temporadas de lluvia. A la fecha se han reasentado 1.325 familias, pero la meta es alcanzar las 4.000 que están en mayor peligro. En materia de mejoramiento de barrios y de viviendas, en un trabajo integral con las demás dependencias del Distrito, se ha logrado entrar a 1.746 hogares, a los cuales se ha apoyado con baterías sanitarias, pisos, cocinas, enchapes, pañete, pintura, en un trabajo integral de desmarginalización.

“No hay mejor política de salud pública que una política de vivienda digna. Queremos sacar a la gente de ese riesgo, entregando títulos de propiedad, mejorando las condiciones de mobiliario urbano, así como las condiciones de habitabilidad dentro de su casa”, indicó Bahamón.

Se calcula que en Bogotá hay más de 19.000 ocupaciones ilegales y que bajo la mira de los ‘tierreros’ hay por lo menos 3.700 hectáreas que son monitoreadas por las entidades oficiales con el fin de evitar que sean invadidas.

Germán Bahamón, director Caja de Vivienda PopularPlan piloto para volver a su tierra

¿Cuál es ese plan piloto con familias de otras regiones?

Estamos impulsando el retorno de estas personas a su región de origen. El año pasado hicimos un piloto, y este año estamos trabajando con 40 familias más para tratar de que regresen.

¿Con qué recursos?

Se devuelven con el apoyo del valor único de reconocimiento (VUR), que les entrega la Caja de Vivienda Popular. Allá pueden comprar un predio rural en donde aseguran el tema agroalimentario. Esto depende de la condición de cada familia, pero lo normal son unos 50 salarios mínimos legales, es decir, unos 35 millones de pesos.

¿Quiénes apoyan esta iniciativa?

No es una tarea tan fácil. Nos toca tener un músculo de personas de apoyo social más grande, para ir a acompañar a cada una de las familias a los lugares adonde quieren devolverse. Este año trabajamos con un tema de responsabilidad social con varias empresas y de la mano de la Fundación Mario Santo Domingo, que nos está ayudando, pero queremos ir más allá y lograr el respaldo de otras fundaciones.

EL TIEMPO*
*Concepto y redacción editorial: Unidad de Contenidos Especiales de EL TIEMPO. Con el patrocinio del sector de la Caja de Vivienda Popular.

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