Bogotá

El 'novelón' por el que Personera de Bogotá pagó un día de arresto

Por incumplir tutela para reintegrar a funcionario, Juzgado le impuso multa a la funcionaria.

Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda

La Personeras de Bogotá habla del retiro del campamento por la paz.

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Foto: Personería de Bogotá

13 de febrero 2018 , 07:53 p.m.

El 31 de julio de 2016, dos meses después de su posesión como personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar, decidió sacar del cargo al personero delegado para asuntos penales II, Eduardo José Herazo Sabbag, de 60 años de edad. En ese momento se inició un pulso legal, político y personal que ahora tiene todos los ingredientes de un novelón.

El exfuncionario inició un proceso jurídico a través de una acción de tutela que le fue negada. La Personería dejó el caso de lado, pero Herazo Sabbag no se descuidó y continuó con la pretensión al considerar que por su edad no lo podían sacar, además, porque era de planta y estaba en condición de prepensionado.

En ese momento el fallo fue apelado pero en segunda instancia en octubre de 2016, el juzgado 43 Civil del Circuito ordenó que lo reintegraran con el mismo cargo o uno mejor, con los mismos ingresos y con las mismas garantías de un trabajador o de un contratista.

Pero en el organismo de control el tema les pasó de largo y comenzó a coger ventaja, al punto que hoy la reclamación supera los 300 millones de pesos más prestaciones sociales, y con el agravante que en ese cargo hay otra persona devengando salario.

Así que por no cumplir con la orden del juez de reintegrar a Herazo, su abogado defensor, Julio César Zarate Torrenegra, insistió en el proceso que al final terminó con el desacato que ordenó el arresto domiciliario proferido por el juzgado 11 civil municipal.

Herazo alegaba que no lo podían sacar porque estaba como prepensionado

La jefe de ese organismo de control, encargada de velar por los derechos de los ciudadanos, se presentó este domingo 11 de febrero a eso de las 7:10 de la mañana en la carrera 15 con calle 6a, instalaciones de la Seccional de Investigación Judicial de la Policía (Sijín) para cumplir la decisión que se llevó a cabo hasta el lunes a la misma hora.

EL TIEMPO habló con Castañeda Villamizar quien advirtió que “Herazo alegaba que no lo podían sacar porque estaba como prepensionado”. Esto se conoce más como retén pensional.

Al momento de los análisis legales y consultas a expertos, cuenta la Personera, se encontraron que él estaba vinculado a un régimen privado de pensiones y ahí lo que se hace es un ahorro voluntario y "de ese ahorro voluntario se tiene una base para pensionarse, no importa la edad, no importa el tiempo de trabajo, se va. Y era lo que le pasaba a este señor”.

La decisión de sacarlo, además porque la base de la pensión que ya tenía era de un millón de pesos, fue porque encontraron, según Castañeda Villamizar, muy baja calificación en su labor de asuntos penales. Además, consideraron que no estaban afectando su mínimo vital porque tenía un apartamento de 800 millones de pesos, un automóvil y que no estaba quedando desamparado.

Castañeda Villamizar considera que la decisión del Juez “se aparta de todo el precedente jurisprudencial que la Corte Constitucional tiene en el tema de los fondos privados y que fue el argumento que tuvimos en cuenta para sacarlo”.

La defensa del afectado, recuerda que “hace más de un año y medio se ordenó el reintegro del funcionario y a la fecha no ha cumplido y además ha generado graves perjuicios con tan arbitraria decisión”.

El abogado defensor dice que la Personera “le ha ocasionado a la ciudad de Bogotá y a los ciudadanos un detrimento patrimonial, porque deberá cancelar todos los salarios y emolumentos laborales dejados de percibir desde el momento del retiro, esto es desde el mes de agosto de 2016”, por lo que calificó de un novelón en donde los que tendrán que pagar son los bogotanos.

Finalmente, la Personera le dijo a este diario que le ofreció a Herazo un pago de 20 millones de pesos mensuales, pero el abogado defensor dice que no aceptaron porque según la reforma de la Personería, los contratistas no pueden percibir más de 8’700.000 millones de pesos por lo que ya iniciaron también un proceso ante la Fiscalía por fraude a resolución judicial.

Castañeda advirtió que llevará este caso hasta las últimas consecuencias y que seguirá defendiendo la institucionalidad.

Ahora falta esperar el curso que tome este caso pues ya está en manos de la Contraloría por posible detrimento patrimonial y en la Procuraduría para que se decida si hubo o no alguna extralimitación de poder.

BOGOTÁ

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