Bogotá

Cinco municipios de Cundinamarca concentran el 57% de minería ilegal

En el departamento hay 675 zonas identificadas donde se desarrolla esta actividad sin licencias.

Tragedia en Cucunubá

Durante dos días, los organismos de rescate trabajaron para poder sacar a los mineros muertos en Cucunubá, en junio de 2017.

Foto:

César Melgarejo / EL TIEMPO

27 de junio 2018 , 06:53 p.m.

Ha pasado un año desde que 13 mineros perdieron la vida en el municipio de Cucunubá, luego de que se registraran tres explosiones en el interior de un socavón en el que trabajaban. Una de las minas en las que se presentó el hecho no tenía título ni licencia ambiental.

Cucunubá es, precisamente, el municipio que lidera la lista de los territorios con mayor informalidad en actividad minera, con 139 explotaciones ilegales, que representan el 20 por ciento de estos registros en Cundinamarca, según un informe consolidado por la Contraloría departamental. Le siguen Soacha, con 84 zonas; Lenguazaque (60); Nemocón (54) y Sibaté (52), y el listado se extiende a 64 poblaciones más.

Las provincias de Ubaté, Soacha y Sabana Centro, que agrupan a 14 de los municipios en donde se registra mayor actividad ilegal minera, concentran el 69 por ciento de las extracciones sin normatividad, lo que preocupa a las autoridades.

Son en total 675 predios en los que las alcaldías municipales han identificado que se extrae algún material sin los licenciamientos ambientales y sin el título expedido por la Agencia Nacional de Minería.

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Precisamente, el desarrollo de esta actividad sin los respectivos permisos ha llevado a que se presenten casos como el que ocurrió hace casi un año, cuando en Lenguazaque una persona falleció y otra quedó desaparecida tras una explosión interna en una de las zonas de trabajo.

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Los datos

La información sobre minería ilegal fue consolidada por la Contraloría de Cundinamarca, que les pidió a la Agencia Nacional Minera (AGM), a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y a las tres corporaciones autónomas regionales (CAR) que tienen legislación en el departamento los datos sobre esta industria en el territorio.

El ejercicio indica que la informalidad se ejerce en una zona que hoy abarca un área estimada de 1.692 hectáreas, es decir, en el uno por ciento de Cundinamarca.

Aunque esta cifra es un estimativo, hoy se conoce que en 69 de los 116 municipios se han identificado actividades contra la ley. “Sobre minería ilegal en Cundinamarca hay muy poca información. Nosotros documentamos lo que se ha hecho en materia de cierres, o lo que las alcaldías municipales han identificado”, explicó el contralor del departamento, Ricardo López.

“En el caso de minería ilegal, la responsabilidad del control recae principalmente sobre los municipios. Según el Código de Minas, a los alcaldes les corresponde suspender la explotación cuando no se cuenta con títulos, decomisar de manera provisional el material del que no se tenga constancia de su procedencia o del que se haga por medio de un aprovechamiento ilícito, si se ha puesto una queja”, explicó Andrea García, subdirectora de Costos Ambientales de la entidad.

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El mismo código indica que será la Fiscalía la que abra las investigaciones penales contra quienes realizan esta actividad desde la ilegalidad, y a la Policía la faculta para ejecutar la medida de destrucción de la maquinaria pesada y sus partes que se implementen para la explotación, según el Decreto 2235 del 2012.

Pero la situación preocupa más, si se tiene en cuenta que este diario reveló un informe en el que la Contraloría de Cundinamarca advertía que, en cuanto a minería legal, se desconoce qué pasó con los permisos ambientales del 74 por ciento de los títulos en el departamento. Esto corresponde a 646 que estarían en vilo.

Más de $ 10.300 millones en sanciones

Entre el 2015 y lo corrido del 2018, la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca ha impuesto sanciones por más de 10.300 millones de pesos contra particulares que ejercen la minería ilegal en el departamento.

Según los datos de la entidad, el 2016 fue el año en el que se registraron las mayores sanciones. Por ejemplo, en Soacha, a un privado se le impuso una multa por más de 7.000 millones de pesos por los daños ambientales que cometió al explotar, sin permiso, un predio para extraer materiales de construcción. El año pasado, en cambio, se impusieron multas por más de 382 millones de pesos por estos delitos.

Además, según la autoridad ambiental, entre el 2015 y los primeros seis meses de este 2018 se han abierto 588 expedientes por la actividad minera en Cundinamarca.
En el 2015 fueron 126; en el 2016, 162; el año pasado hubo 225 y en los primeros seis meses de este año, 75.

La multa más alta se impuso en el 2016, cuando un privado en Soacha tuvo que pagar cerca de 7.000 millones de pesos.

La CAR señaló que para el control de la minería ilegal en Cundinamarca tiene 14 regionales a través de las cuales llega a los territorios del departamento; sin embargo, depende de la capacidad operativa (número de funcionarios) para poder desplegar su acción.

Frente al control de las licencias ambientales de las empresas que solicitan un título minero y sobre las que la Contraloría de Cundinamarca advirtió que de las 831 que lo requerían solo 229 la tenían, la entidad explicó que, primero, no todas hacen parte de su jurisdicción.

Luego, agregó que se debe revisar en estos proyectos qué cantidad de material explotan, pues dependiendo de la cifra puede ser de su competencia o de la de entidades nacionales. Tercero, “puede ser porque la misma se les ha negado, porque esté en trámite o porque los titulares de los predios no la han solicitado. De ser así, su operación sería ilegal”, precisó.

La CAR señaló que hasta la fecha “figuran 569 títulos mineros en jurisdicción de la entidad que cuentan con trámite ambiental, de los cuales 446 ya tienen decisión de fondo, encontrándose 30 expedientes surtiendo el proceso de notificación y recurso de reposición, y solo 123 están pendientes por adoptar la determinación correspondiente frente al otorgamiento o no del instrumento solicitado”, indicó.

'Cifras de Cucunubá son del 2014': Alcaldesa

Sandra Jara es la alcaldesa de Cucunubá, y tras ser contactada por EL TIEMPO para conocer por qué el municipio  lidera la lista con mayores registros de minería ilegal, señaló que esto se debe a que los datos corresponden al Censo Minero del 2014.

"Nosotros enviamos el reporte a la Contraloría de Cundinamarca, indicando que eran las cifras del 2014, porque el año pasado aún no teníamos actualizado el dato ahsta junio del 2018", explicó la mandataría.

Según ella, "Cuando llegamos a esta administración, había 283 unidades mineras. De estas 144 estaban ubicadas dentro de los títulos aprobados en el municipios, y 139 por fuera, sin los permisos. El 17 de octubre de 2017 se legalizaron 20 bocaminas y el 23 de ese mes, otras 5", precisó.

Luego, según un documento que allegó a este diario, con la Resolución 278 de ese año, se legalizaron otras 60 bocaminas. "Con eso se resolvieron pleitos de personas que llevaban entre 8 y 10 años esperando por su situación", indicó.

MICHAEL CRUZ ROA
Periodista de EL TIEMPO
En Twitter: @M_CruzRoa
Escríbanos a miccru@eltiempo.com

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