Bogotá

Aumenta el miedo entre líderes de Ciudad Bolívar

Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno ha atendido, desde el 2017, 194 casos de amenazas.

Ciudad Bolívar

Andrey, a quien se le ordenó quitar la protección, vive en este barrio, Potosí.

Foto:

Fernando Murillo / EL TIEMPO

25 de abril 2018 , 08:15 p.m.

La cita con Andrey fue en un café de la carrera séptima con calle 19, en el corazón de Bogotá. Tardó más de dos horas en llegar porque vino desde el barrio Potosí, uno de los confines de la localidad de Ciudad Bolívar que ha sido su hogar desde que nació. Carga en su espalda un morral repleto de libros –porque es profesor de una escuela popular de su territorio– y en su pecho un chaleco antibalas, porque está amenazado por ser líder social.

Pide un tinto y cuenta que desde el 2016 la Unidad de Protección del Ministerio del Interior le otorgó una medida que consiste en el chaleco negro que acaba de colgar en la silla, y un teléfono celular al que nunca lo han llamado.

“Yo no considero que esta sea una medida efectiva contra las amenazas, pero es lo que me dieron. Al principio pensé que no era necesario, mis amigos me molestaban, pero ahora lo uso (el chaleco antibalas) siempre”, cuenta el joven de 27 años, quien advierte: “Lo que me preocupa es que hace poco me dijeron que ya no iba a contar más con esa protección”.

Andrey, con un grupo de jóvenes amigos y vecinos de este sector del sur de la ciudad, se encargó en el 2015 de crear la organización ‘No le Saque la Piedra a la Montaña’, desde la que se generó una movilización social que terminó con la orden de cerramiento de una mina que estaba degradando a Cerro Seco, un sitio que es además muy conocido por ser donde está sembrado el reconocido palo del ahorcado.

La situación se complicó cuando, un año después, un grupo de hombres armados volvió a la montaña, sacó a quienes estaban allí y cercó con palos y alambres de púas este emblemático lugar.

"Llegaron una noche y sacaron a los celadores de los dueños del predio y dijeron, con documentos inconsistentes, que eran los propietarios”, narró Andrey. A partir de allí se intensificaron los roces y las intimidaciones por parte de algunos sujetos que, como se aprecia en videos grabados en el lugar, custodian la montaña con sus rostros cubiertos por pasamontañas.

Palo del ahorcado

Cerro Seco, en Ciudad Bolívar, ha sido defendido por la comunidad desde hace años.

Foto:

Óscar Murillo / EL TIEMPO

Por todo esto el joven decidió acudir a la dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno. Allí, cuentan en la entidad, se atendió la solicitud de Andrey y se le integró a un proceso de acompañamiento que incluyó el traslado por tres meses del lugar de residencia a otro barrio, pero dentro de la misma localidad, “porque por una cuestión de principios no me iré de mi territorio”, dice con valentía el profesor.

De acuerdo con Francisco Pulido, director de la dependencia de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, desde la llegada de la administración de Enrique Peñalosa se han implementado medidas que permiten, entre otras, hacer un seguimiento a las amenazas, cosa que no se hacía.

En ese sentido, explica, en el 2017 atendieron a 161 líderes sociales en la capital del país a quienes se les hizo una evaluación de riesgo y se tramitó su ingresó a la Unidad de Protección. De esos, 22 fueron en Ciudad Bolívar, la que más reportó, seguida de Usme, con 20. En lo que va del 2018 han ingresado 33 líderes, y Ciudad Bolívar, vuelve a liderar, con seis casos.

El funcionario aclaró que la situación en este sector ha sido particularmente complicada. “Las amenazas son muy diversas, habría que verlo caso a caso, lo que es cierto es que el microtráfico es uno de los más importantes. Hay otras intimidaciones asociadas a otros problemas como tierreros o de fenómenos extractivos que amenazan a organizaciones ambientales, no hay una solo situación”, contó Pulido.

De acuerdo con la Unidad de Protección del Ministerio del Interior, en efecto la protección del profesor Andrey Téllez fue asignada en el 2016, pero fue retirada recientemente. “Efectivamente al señor Téllez se le ordenó desmonte de medida porque el último estudio de evaluación de riesgo que se hizo dio ordinario, eso significa que ya no ameritaban las medidas. Y por eso se le notificó. Este último estudio de análisis de riesgo tiene fecha del 19 de abril”, confirmaron desde el Ministerio del Interior. 

Esta decisión será apelada por Andrey quien señala que el reciente caso de un compañero suyo –también líder comunitario–, que fue atacado a bala en la puerta de su casa hace poco más de dos meses, lo tiene a él y a las organizaciones de esta localidad en alerta.

“El 14 de febrero, en el barrio Alameda de la localidad de Ciudad Bolívar, a eso de las 10 de la noche, dos hombres armados que se movilizaban en una moto Pulsar le propinaron dos disparos de pistola o revólver al compañero Germán Espinel cuando este se dirigía comprar lo del desayuno, a menos de una cuadra de su residencia”, confirmó en un comunicado la organización Aheramigua, a la cual pertenece Espinel.

De acuerdo con lo informado, el líder en ese momento vestía el chaleco antibalas que le tiene asignado la Unidad Nacional de Protección: “Recibió primero un disparo en el pecho y al intentar correr, recibió otro en la espalda, posteriormente uno de los sicarios le gritó ‘ahí tiene por sapo’ ”, concluyeron.Ante esto, la Unidad de Protección informó que las medidas a Espinel, quien vive en Ciudad Bolívar, no serán retiradas.

‘No hay presencia de grupos armados’

Pese a que la Defensoría del Pueblo resolvió hace poco enviar una alerta temprana en el país por el riesgo para los líderes sociales, incluyendo a Bogotá –donde de acuerdo a las cifras presentadas entre el primero de enero del 2016 y el 27 de febrero del 2018 hubo cuatro homicidios de líderes sociales–, la Administración distrital, en compañía de la Policía, el Ejército y la Fiscalía, ha descartado el control territorial de grupos armados en la ciudad.

“Ha sido de conocimiento público que han sido regados panfletos supuestamente de las ‘autodefensas gaitanistas de Colombia’, pero no se puede determinar que en efecto vengan de ellas”, señaló Francisco Pulido, director de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno.

Pese a la tensión que hoy se vive en la localidad, que incluso ha impulsado varias movilizaciones en los barrios, el Programa Somos Defensores reveló en su último informe llamado ‘Piedra en el zapato’, que en la capital del país hubo una reducción en el número de agresiones a líderes sociales y defensores de derechos humanos, al pasar en el 2016 de 77 casos a 68 en el 2017.

Óscar Murillo Mojica
EL TIEMPO
Twitter: @oscarmurillom
Escríbame a: oscmur@eltiempo.com

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