Bogotá

Las URI, de centros para denunciar delitos a ‘cárceles’ hacinadas

Unos 639 detenidos están en estos sitios. Expertos dicen que no hay una solución a corto plazo.

Hacinados en URI

La Personería de Bogotá alertó que 639 detenidos están hacinados en URI y estaciones de Policía.

Foto:

Personería Distrital

06 de diciembre 2017 , 10:47 a.m.

El hacinamiento en las URI se salió de control. Y lo que es más grave, no hay una solución a la vista. A mitad de noviembre pasado, una semana después de que la Personería de Bogotá anunciara –de nuevo– que las cinco Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la ciudad y 14 estaciones de Policía estaban hacinadas con 639 personas en condiciones de insalubridad, un grupo de detenidos se escapó de la URI de Ciudad Bolívar.

Días después, otros capturados huyeron de la unidad de Puente Aranda. Las imágenes del interior de estos sitios impactan. Los detenidos conviven casi que uno sobre otro, la ropa húmeda cuelga de las rejas y en algunos casos, botellas de plástico son adaptadas como orinales improvisados.

Del total de recluidos en estos lugares, 62 son de especial protección; hay 10 adultos mayores, ocho en condición de discapacidad, cinco con trastornos psiquiátricos, 16 extranjeros y cuatro con enfermedades de transmisión sexual.

Las condiciones de hacinamiento han generado inconvenientes de salud, como la cuarentena por paperas en la que se encuentran los internos de la URI de Puente Aranda, un sitio con cupo para 180 personas, pero que hoy alberga 287.

“Observamos que se reincide e insiste en mantener a estas personas privadas de la libertad en lugares que no están acondicionados para ello, pero lo peor, en condiciones casi infrahumanas”, alertó la personera Teresa Castañeda Villamizar.

Este asunto no solo preocupa a la personera, expertos y analistas se suman a sus reclamos, como Viviana Manrique, exviceministra de Justicia. “Ya empieza a afectarse el entorno de las URI, es decir, los barrios. Uno ve cómo a los reos los han hasta amarrado a los árboles de los parques, eso afecta la convivencia ciudadana, que es un problema adicional al hacinamiento”, sustentó Manrique, quien añadió que este caos se debe a que estos lugares no están diseñados para retener delincuentes.

En esto coincide Andrés Nieto, experto en seguridad y políticas públicas de la Universidad Central, quien aclaró que estos centros, que pertenecen a la Fiscalía, no son sitios de reclusión.

Son, por el contrario, puntos de atención para facilitar el acceso a la denuncia que deben estar disponibles todos los días y a toda hora. “La Corte Constitucional en la Sentencia T-151 fue enfática en aclarar que las URI no deben tener personas recluidas”, subrayó Nieto.

Uno ve cómo a los reos los han hasta amarrado a los árboles de los parques, eso afecta la convivencia ciudadana

Hacinados en URI

Según la Personería, 453 detenidos se encuentran en las URI, mientras que los otros 186 están en estaciones de Policía.

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Personería Distrital

Pese a esto, el sobrecupo en las tres cárceles de la ciudad (La Modelo, La Picota y el Buen Pastor) ha obligado a la Policía de Bogotá y a la Fiscalía ha adaptar sus instalaciones como cárceles provisionales, para no dejar libres a quienes capturan.

Esto, de acuerdo con la más reciente advertencia de la Personería Distrital, ha generado que haya 75 personas condenadas y 481 con medida de aseguramiento en estos sitios, pese a que deberían estar en centros carcelarios o en prisión domiciliaria.

La Secretaría de Seguridad anunció medidas para atender la crisis, como la apertura de 160 cupos en la cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres. “Durante el año hemos trabajado con la Policía, la Fiscalía y el Inpec para descongestionar las URI. Hay momentos donde la congestión es de alguna manera alarmante, pero hemos trabajado en la cárcel Distrital para recibir personal que está sindicado y que las cárceles nacionales reciban personas condenadas”, sostuvo Daniel Mejía, secretario de Seguridad.

Otra medida fue la construcción de tres pabellones en las instalaciones de la URI de Puente Aranda, “con lo que se abrieron 80 nuevos cupos para los sindicados o condenados que se encuentran en las Unidades de Reacción Inmediata o estaciones de Policía”, explicaron en la Secretaría de Seguridad.

Esta entidad añadió que en estos pabellones se invirtieron unos 300 millones de pesos, y que la construcción hace parte de las acciones de cumplimiento que exige la Corte Constitucional en su Sentencia T-151 de 2016, en la que se le ordena a la Administración Distrital buscar y acondicionar un inmueble con condiciones dignas de estas personas.

Para Juan Carlos Ruiz, profesor de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, esta crisis se debe a la falta de una política carcelaria. Propuso como solución a mediano plazo la creación de centros de reclusión transitorios y culpó al Ministerio de Justicia de este y pasados Gobiernos de no incorporar las medidas suficientes.

“El Distrito ha creado centros de reclusión transitorios para personas que están, por ejemplo, en estado de enervamiento. Deberían crearse más centros así, de tal manera que puedan llevar a los presos allí. Pero ni las URI ni las estaciones fueron concebidas para tener presos, eso es por la falta de una política carcelaria”, argumentó el docente.

Entre tanto, Hugo Acero, exsubsecretario de Seguridad Ciudadana, aclaró que las medidas que tome el Gobierno de la ciudad si no están acompañadas del Gobierno Nacional, serán insuficientes. “Yo sí creo que hay que poner plata, esto no se soluciona en el corto plazo, hay dos temas que ayudarían. Uno, crear infraestructura carcelaria nueva, pero para eso se requieren recursos del orden nacional y del Distrito. El otro tema es buscar formas alternativas de privación de libertad”, sugirió.

Finalmente, el experto propuso crear cárceles de mediana y baja seguridad para llevar allí a quienes cometen infracciones menores; como condenados por alimentos, deudas e incluso riñas. Con esto, sostuvo, se descongestionarían los centros penitenciarios que están saturados con personas que han cometido este tipo de contravenciones, pero no se solucionaría el problema de fondo.

ÓSCAR MURILLO MOJICA
EL TIEMPO

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