Bogotá

Inspectores de policía, ¿los nuevos superpoderosos?

Vigilar tarifas de parqueaderos es una  de las funciones que les delegó el nuevo Código de Policía.

Policía

Por ejemplo, alteraciones a la norma urbanística serán sancionadas por los inspectores, quienes notifican a la Policía.

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Luis Lizarazo

06 de mayo 2017 , 10:59 a.m.

Con la aprobación del nuevo Código de Policía, que entró en vigor este año, a los inspectores de policía les asignaron nuevas funciones para vigilar y controlar algunas situaciones de convivencia, como las licencias de construcción irregulares y la ocupación indebida de espacio público, entre otros.

En la capital del país, al comenzar el año pasado solo había 45 de estos funcionarios para resolver las querellas existentes, algunas de las cuales estaban represadas, por lo que, para evitar traumatismos, la Administración Distrital anunció que al finalizar su periodo el número se aumentará a 100.

Hoy son 64 los que están ejerciendo en las 20 localidades, y que aumente su número es esencial, pues, como señaló uno de ellos, con las nuevas responsabilidades que les asignaron, tener un número reducido puede colapsar las solicitudes de los bogotanos.

Lo que hacían

Antes de la expedición del nuevo Código de Policía, los inspectores de policía debían encargarse de resolver las querellas por casos como amparo al domicilio –cuando una persona habita en un bien, en contra de la voluntad del propietario–, desacato a una orden de policía, arrojar basuras y escombros, amenaza de ruina de una propiedad, relaciones de vecindad, hechos obscenos en vía pública, entre otras, según explicó la Secretaría de Gobierno.

Ahora, la entidad señaló que se les adicionaron funciones en tres áreas: actividad económica; violación al régimen de obras y urbanismo, y ocupación indebida del espacio público.

Esto se traduce en que los inspectores conocerán en única instancia casos de “reparación de daños materiales de muebles e inmuebles, expulsión de domicilio, prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas y decomiso”, indicó la Secretaría de Gobierno.

Con estas atribuciones, podrán resolver casos como el que ocurrió en Usaquén hace dos años, en el que un establecimiento funcionaba como bar, pero estaba registrado como club, por lo que no podían ingresar al lugar. “Ahora, la ley nos facultó para desarrollar los procesos con audiencias orales, lo que quiere decir que son más ágiles, y que en una de estas uno puede resolver los casos sin tantos procesos dispendiosos de notificaciones, de citaciones, entre otros”, explicó José Martín Cadena, inspector de policía.


Además, estarán encargados de conocer en primera instancia sobre la aplicación de medidas correctivas, “como suspensión de construcción, demolición de obra, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble, reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles, reparación de daños ambientales, entre otras”, indicaron en la Secretaría de Gobierno, dado que algunas de estas funciones eran de las alcaldías locales.

En esta área, José Martín Cadena destacó que el código implementó una modificación, en la que los señalados de cometer alguna alteración a la convivencia en las áreas ambientales y de salubridad –por ejemplo arrojar basuras en la calle– deberán comprobar en las audiencias orales su inocencia. “Antes, lo que debíamos hacer nosotros era lo contrario: reunir las pruebas para sancionarlos, y en ocasiones ellos quedaban libres”, recalcó Cadena.

Por último, serán los encargados de revisar, en segunda instancia, “todas las medidas correctivas impuestas por los comandantes de estación, subestación, CAI o del personal uniformado de la Policía Nacional”.

También se adicionaron funciones como el control a las tarifas de parqueaderos en las localidades, para aquellos que no se ajustan a la norma o cobran de manera arbitraria, y se encargarán de velar por el bienestar de los animales, indagando los casos de maltrato.

¿Megafunciones?

Daniel Ocampo, del área de Seguridad y Política Criminal de Ideas para la Paz, explicó que con la entrada en vigor del nuevo Código de Policía no es que los inspectores quedaron con superpoderes, sino que “tienen más facilidades para la mediación y resolución de conflictos por comportamientos contrarios a la convivencia”.

Sin embargo, destacó que el gran reto en la implementación está en la inversión que se les debe hacer a las inspecciones de Policía para mejorar su logística y formación. “Hay una fuerte tarea en lo que tiene que ver con sus capacidades y este es el reto de formación. Para que puedan conocer los casos (nuevos), deben tener asesoría técnica muy específica, por ejemplo, en el control de obras”, indicó.

La clave está, según el experto, en la articulación que en principio tengan con las alcaldías locales, que son las que en la actualidad cuentan con arquitectos, juristas y otros profesionales que emiten los conceptos técnicos.

A esta postura se suma Héctor Morales, quien fungió como inspector de policía desde 1995, pero hoy ejerce como alcalde encargado de la localidad de Los Mártires. Explicó que ahora “a los inspectores se les trasladó casi el 50 por ciento de las funciones de vigilancia y control de las alcaldías, pero no se les puede dejar solos, pues no cuentan con el equipo técnico para resolver las querellas”.

José Martín Cadena señaló como equívoco pensar que con las nuevas funciones de las inspecciones de policía se les atribuyeron superpoderes. “En el grueso de la población, se confunde control, inspección y vigilancia. A las inspecciones se les trasladó de manera preponderante la función de imponer medidas correctivas y sancionatorias, pero el gran robustecido en el ordenamiento es la Policía, que podría intervenir en todos los conflictos”, aclaró.

Procesos más ágiles

Otro de los cambios que trajo la normativa es la posibilidad de resolver casos en audiencias orales, y no a través del procedimiento administrativo sancionatorio, como ocurría antes, en el que el dictamen de un caso de infracciones al régimen urbanístico podía tardar hasta cinco meses. “Esto es dos o tres veces más de lo que ahora se podrá solucionar. En la audiencia oral se cita a las partes, se exponen las pruebas, se escuchan los alegatos y se resuelve”, indicó José Martín Cadena, inspector de policía.

BOGOTÁ
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