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Bogotá

Confirman sanción fiscal contra cuatro operadores de aseo en Bogotá

Para Maya, con la elección popular de alcaldes y gobernadores, y la circunscripción nacional para ser senador, la Carta del 91 abrió la puerta a la corrupción. “Lo que los contratistas invierten en las campañas hay que recuperarlo contratando con el Estado”, dice.

Para Maya, con la elección popular de alcaldes y gobernadores, y la circunscripción nacional para ser senador, la Carta del 91 abrió la puerta a la corrupción. “Lo que los contratistas invierten en las campañas hay que recuperarlo contratando con el Estado”, dice.

Foto:Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

El fallo es por el manejo irregular de los ingresos por tarifas de aseo entre el 2008 y el 2011.

Andrea Morante
El contralor general, Edgardo Maya, confirmó un fallo de responsabilidad fiscal por 47.425 millones de pesos en contra de cuatro concesionarios del aseo de Bogotá, una fiduciaria y nueve exfuncionarios del Distrito, por el manejo irregular de los ingresos por tarifas de aseo entre el 2008 y el 2011.
Los sancionados son los operadores Aseo Capital. Atesa, Ciudad Limpia y Lime; la fiduciaria Bancolombia (Bolsa General del Esquema de Aseo) y los directivos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) que firmaron los contratos: Fabiola Ramos, Miriam Margoth Martínez, Victoria Eugenia Virviescas, Juan Carlos Junca Salas, Gerardo Cuenca, Rigoberto Morales, Bertha Cruz Forero, Julia Esther Prieto y Catalina Franco Gómez.
Al decidir los recursos de apelación al fallo de primera instancia interpuestos por los sancionados, el Contralor ratificó que se usaron dineros de tarifas que llegaban a la bolsa común que funcionaba mediante una fiducia para actividades distintas al servicio de aseo que ordena la ley. Señala como ejemplos que la Uaesp utilizó parte de esos dineros en actividades como cerramientos y compra de predios, gastos de cafetería, equipos de computación, transporte y arriendo de oficinas.
Se cuestionó un contrato relacionado con las actividades de cementerio a cargo de la Uaesp, “que tampoco guarda relación con el servicio de aseo” y otros que financiaron “gastos de asesoría legal para preparar las licitaciones públicas, que la Corte Constitucional ordenó suspender en el año 2011 debido a que no incorporaban de manera apropiada a la población recicladora en el esquema de prestación del servicio de aseo”.
A los directivos los sanciona por firmar los contratos que autorizaron los gastos y a los operadores de aseo por contribuir en ese uso irregular, ya que también eran responsables de la gestión de los dineros de tarifas. La Contraloría ordena reintegrar los recursos y trasladarlos a todos los usuarios de la ciudad.
BOGOTÁ
Andrea Morante
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