Bogotá

Lo que puede aprender Bogotá para atender los derechos de las víctimas

Hacen llamado a que la Alta Consejería asuma una figura que le permita disponer de recursos propios.

Lo que puede aprender Bogotá para las víctimas

En Bogotá viven 352.269 víctimas del conflicto.

Foto:

Luis Lizarazo / EL TIEMPO

05 de abril 2017 , 10:55 p.m.

Bogotá cuenta con 352.269 habitantes registrados como víctimas del conflicto armado, y para atender a esta población existe la Alta consejería para los derechos de las víctimas y la paz. Aunque se hacen esfuerzos y se cuenta con oferta institucional para realizar una labor adecuada, el Ministerio del Interior considera que puede ser mejor.

Así se desprende de los análisis y acompañamientos del Grupo de articulación para la política de víctimas del Mininterior, que se ha reunido con las diez ciudades que tienen mayores retos (por la cantidad de personas que han acogido) para atender a esa población: Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Santa Marta, Ibagué, Villavicencio, Cali, Leticia y el Distrito Capital. Este grupo ha identificado sus buenas prácticas y ‘cuellos de botella’.

Una de las recomendaciones que entrega para Bogotá Hugo Guerra, director del Grupo, es que la Alta Consejería asuma una figura que le permita disponer de recursos propios sin necesidad de tener que gestionarlos ante la Secretaría General, organismo del cual depende. Esto aumentaría su acción.

Guerra advierte que se debe seguir avanzando en la articulación institucional entre la Unidad de Víctimas (gran veedor y acompañante nacional) y la Alta Consejería, para que estas puedan unificar sus datos, listas de personas y así se puedan coordinar las acciones. La idea es que no se repita lo sucedido cuando se adjudicaron las viviendas de La Hoja (urbanización de interés prioritario ubicada en la carrera 30 con 19, y cuyos mayores beneficiarios fueron víctimas). Allí no se pudieron unificar listas y el Distrito terminó entregando las viviendas a su manera.

“La pasada administración de Bogotá (2012-2015) nunca quiso sentarse con la Unidad para contrastar su información y mejorar los sistemas de información”, precisó el director.

Según Guerra, uno de los ejemplos por seguir es lo que ha hecho Medellín para mejorar la situación de las personas victimizadas que viven en su territorio, luego de llegar desplazados. Después de una fuerte discusión y aprobación en su Concejo decidió invertir recursos propios en otros municipios, algo que no hacen otras ciudades.

La capital de Antioquia encontró que era más económico y rentable para el retorno (a sus lugares de origen) de las familias desplazadas y mantenerlas en los municipios de origen durante un año (con las garantías requeridas) que dentro de la ciudad durante ese mismo tiempo.

Con este modelo hay casos exitosos de retorno en Granada, Remedios y San Carlos (Antioquia), y algunos municipios de Córdoba y Risaralda. Van 250 familias beneficiadas, cuyo mantenimiento costaba entre $ 25 y $ 30 millones (año) mientras estaban en la ciudad; en cambio, en zona de retorno el costo es entre siete y ocho millones.

“Compartir estas formas de funcionar ha ayudado a mejorar, se han construido vías de acción”, apuntó Guerra.

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