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Al oído de los alcaldes y concejales

Este próximo mes de mayo va a tener lugar la discusión más importante para el futuro de los municipios del país: la de los planes de desarrollo municipal. Por pequeños que sean muchos municipios de Colombia, la responsabilidad política de esa discusión no es menor: lo que está en juego no depende del tamaño.

30 de abril 2012 , 12:00 a.m.

Los planes de desarrollo adicional a las exigencias legales deberían contener tres capítulos. El primero debería referirse a los programas del Gobierno Nacional definidos en el Plan Nacional de Desarrollo y para los cuales hay recursos económicos. El segundo definiría la forma como cada municipio vislumbra su inserción en la economía global. El tercero estaría dedicado a la educación para así reflejar su prioridad como política pública.

Como parte de ese primer capítulo, los planes locales de desarrollo harían bien en tomar nota de los programas del Gobierno Nacional. En el tema de vivienda, por ejemplo, una de las prioridades ha de ser el mejoramiento de la vivienda rural, con el objeto de dignificar las condiciones de extrema pobreza en el campo. En materia de vías, la propuesta central debería ser el mantenimiento de las vías terciarias, para el cual el Gobierno tiene una disponibilidad de al menos 400.000 millones de pesos al año.

Eso significa que, en promedio, cada municipio podría recibir 350 millones de pesos al año para garantizar el buen estado de sus vías. La atención a los desplazados y las víctimas también cuenta con oportunidades presupuestales. En efecto, el documento Conpes No. 3721 de 2011 asignó 55 billones de pesos para los próximos 10 años en esa materia. Sería audaz que muchos municipios aprovecharan esos recursos para diseñar planes de retorno para que los desplazados regresen a su tierra.

También hay cuantiosos recursos en el tema de comunicaciones, como en la trascendental licitación del Gobierno para llevar la banda ancha a casi todos los municipios del país. Esa iniciativa permite implementar mejoras educativas, fortalecer la conectividad de la red hospitalaria y promover el desarrollo de pequeñas y medianas empresas.

Finalmente, está la vital tarea de definir los planes locales de agua. Para ello también hay recursos producto de las transferencias que, bien utilizadas, garantizarían en un período de cinco años que las cabeceras municipales alcancen cobertura plena de agua potable.

Además de mejorar la coordinación con las políticas del Gobierno Nacional, los municipios deben urgentemente resolver el tema de las pensiones. La información y asesoría necesarias para hacerlo están a su disposición, a través del Fonpet, y los recursos para ahorrar también, gracias a las transferencias por regalías.

En el capítulo de inserción en la economía global, los planes de desarrollo deberían sentar las bases para la constitución de clusters productivos definiendo al menos el listado de productos o áreas de servicio competitivas, teniendo siempre presente la prioridad del sector agropecuario y la integración con otros municipios. Es preciso recordar que la producción de frutas, verduras, legumbres y hortalizas puede beneficiarse enormemente de los recientes TLC.

Finalmente, el capítulo de educación debería, al menos, reflejar la voluntad política de cada municipio para avanzar en dos aspectos cruciales: la calidad de los docentes y la implementación de la jornada única ordinaria en los colegios públicos. Sería un importante primer paso que en los concejos municipales se discutieran los resultados históricos de las pruebas Saber del Icfes para evaluar la calidad de la educación y así motivar las reformas necesarias para avanzar en materia educativa.

Una discusión de fondo de estos temas les haría mucho bien al fortalecimiento de la descentralización y a la recuperación de la confianza ciudadana