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Así operaba saqueo de pensiones de maestros

Dos jueces de Lorica, dos de Planeta Rica y uno de Chinú, todos en Córdoba, pusieron en jaque el fondo que asegura, cada mes, el pago de la pensión de 135.000 maestros públicos en el país.

24 de abril 2012 , 12:00 a.m.

Desde esos despachos se ordenó el embargo de más de 457.000 millones de pesos del Fondo de Prestaciones del Magisterio.

El caso fue denunciado ayer por los ministerios de Educación y Hacienda, pero ya desde hace varios meses la Contraloría y la Procuraduría venían moviéndose para evitar el saqueo. Los dos organismos lograron que la mayoría de esa plata se quedara congelada en bancos hasta que tribunales superiores ratifiquen la legalidad de las decisiones de los jueces. Un equipo de procuradores judiciales pidió la revisión de 33 fallos, mientras que delegados de la Contraloría congelaron los activos que posee La Previsora.

"El pago de la mesada pensional de los maestros en todo el país vale 226.000 millones de pesos. Si se hubiera perpetrado este 'carrusel', habría consumido dos meses las mesadas", dijo el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry.

El modus operandi fue calcado del que se usó en el saqueo a Foncolpuertos y Cajanal. En el saqueo, además de los jueces, participaron seis abogados.

Las primeras demandas aparecieron en el 2008 en el Juzgado Promiscuo de Lorica. A pesar de que La Previsora demostró que varios de los demandantes ya estaban recibiendo la mesada, terminó pagando 4.000 millones de pesos. Las órdenes de embargo fueron respaldadas por el exsecretario de Educación de Córdoba José Chica, quien reconoció la pensión a 66 maestros y terminó envuelto en un proceso penal y destituido por la Procuraduría. El abogado Jaime Enor Agames Pineda, que representó a los pensionados, fue denunciado por 14 de ellos ante la Judicatura. Aseguran que nunca firmaron poder para que los representara y que jamás recibieron el dinero que supuestamente les pagaron.

La Judicatura comprobó que hay inconsistencias en las firmas y otras alteraciones en, al menos, 30 poderes. En otro caso similar, 36 pensionados denunciaron a la abogada Lorna Martínez Vélez. Ellos aseguran que se quedó con 2.000 millones de pesos que les fueron entregados como pago de indexación de mesadas.

La misma actuación se repitió después en Planeta Rica. El juez promiscuo Ángel Darío Aycardi Galeano ordenó el pago de 148.000 millones.

Según cifras que maneja la Contraloría, entre diciembre del año pasado y el 16 de abril los juzgados promiscuos de Chinú y Planeta Rica tramitaron demandas, casi todas laborales, por 362.054 millones de pesos en contra de la Nación.

Pero el desangre continúa. En una reciente comunicación, la Gobernación de Córdoba le notificó a la Procuraduría que le han llegado notificaciones de mandamientos de pago de acreencias laborales de maestros por otros 10.000 millones de pesos.

El caso de San Antero .

El actual juez penal de Lorica (Córdoba), Juan Ernesto Lozano, es investigado por el Consejo Superior de la Judicatura ante un posible fraude en el envío de un expediente de tutela a la Corte Constitucional.

La denuncia la hizo el magistrado Jorge Pretelt, a quien le fue asignado el caso. La tutela ordena al municipio de San Antero (Córdoba) el pago de 80 millones de pesos por pago de prestaciones supuestamente mal liquidadas.

Es una de las decenas de demandas que tienen a ese municipio en crisis, porque le tocaría pagar más de 3.000 millones de pesos a personas que no tienen derecho a las reclamaciones.

457 .

mil millones de pesos .

El monto de los recursos del Fondo de Pensiones del Magisterio que, por medio de fallos, iban a ser embargados