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Las Farc y 'Bacrim' llenan sus bolsillos con minas de oro

Una fiebre de oro volvió a penetrar los densos bosques del Bajo Cauca antioqueño. Pero esta vez, los grupos armados ilegales juegan un papel preponderante en el auge minero que evoca las décadas de los 70 y 80, cuando a esa subregión arribaron las primeras retroexcavadoras a remover tierra en busca del metal.

23 de abril 2012 , 12:00 a.m.

Según cálculos de Corantioquia, en el Bajo Cauca existen alrededor de 680 puntos mineros de aluvión, 480 le pertenecen a los ilegales -o informales- y 200 estarían siendo explotados por las Farc, 'los Rastrojos', 'los Urabeños', 'los Paisas' y el Ejercito Popular Anticomunista, grupos armados que estarían moviendo entre 400 y 600 retroexcavadoras.

"Estimar cuál es la productividad de esas minas (las ilegales y armadas) es muy complejo. Lo que se entiende es que tiene que ser alta porque la intensidad de uso es muy grande ya que el territorio del Bajo Cauca es, en sí mismo, muy rico en oro", explicó el director de Corantioquia, Luis Alfonso Escobar.

Esto no es un secreto para las autoridades pues el combate en contra del narcotráfico hizo que las estructuras delincuenciales vieran en el oro una excelente fuente de recursos, tanto desde su explotación como desde la extorsión. "El oro da tanta plata que el minero empresario se presta a pagar 'vacunas' por las máquinas, por la cantidad de oro que sale, por los materiales que entran (alrededor de 25 millones anuales). Lo preocupante es que no denuncian pues allá todos ganan: el minero, la delincuencia, la subversión, las 'bacrim'", manifestó el coronel José Gerardo Acevedo, comandante de la Policía del departamento.

Pero para Ramiro Restrepo, presidente de la Confederación Nacional de Mineros, que asocia a los informales de diferentes departamentos, ellos no son más que víctimas del conflicto pues la Fuerza Pública no los protege. "Los ilegales amparados en sus armas nos obligan a pagar o si no nos matan. Lo que le exigimos al Gobierno son garantías y seguridad", señaló sin negar que sabe de algunos criminales que han incursionado en la minería, "eso ya lo denunciamos, pero no se debe generalizar, son casos excepcionales", aclaró Restrepo.

Minería sin título Más que enfrentar a grupos armados, lo frustrante para la Fuerza Pública es lidiar con la "complacencia" del Código Penal en contra de los delitos ambientales como la minería a cielo abierto sin título.

"Todas las semanas hacemos operativos. Sin embargo la Ley es muy laxa y aunque los capturemos en flagrancia quedan inmediatamente libres, hemos llegado al punto de cerrar tres veces la misma mina", se quejó el alto oficial quien denunció además que de esa situación están enterados los Alcaldes municipales. Con esto está de acuerdo Escobar: "Los Alcaldes están ayudando al problema porque expiden lo que llaman un amparo para permitir la explotación", denunció el funcionario quien aseguró que desde los 70 a la fecha, 47 mil hectáreas de bosque fueron arrasados en la subregión, de las cuales solo han podido recuperar y reforestar 5.200.

(*)Con invitación de Corantioquia