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Un juez de Colombia resuelve 448 casos al año; uno de EE. UU., 3.135

Aunque en el 2009 y el 2010, por primera vez en la historia del país, los jueces resolvieron más casos de los que ingresaron a sus despachos (5'075.000 sentencias frente a 4' 650.000 casos), la justicia colombiana sigue arrastrando un inventario represado de 2,9 millones de procesos que 'duermen' en los anaqueles. (VER INFOGRAFÍA: PRODUCTIVIDAD DE LOS JUECES EN COLOMBIA FRENTE A OTROS PAÍSES)

18 de abril 2012 , 12:00 a.m.

Ninguno de los tres objetivos que la Rama Judicial se impuso en el 2007 - reducir el tiempo que dura un proceso a menos de la mitad, aumentar la productividad de los jueces en un 40 por ciento y reducir el inventario represado en un 70 por ciento- se alcanzó. Por el contrario, la congestión judicial suma 500.000 casos más que hace una década.

Este crítico balance aparece en un informe reservado de la Contraloría, que ubica a Colombia como uno de los países menos eficientes en materia de administración de justicia en América.

Incluso, naciones que tienen menos jueces, como Chile, Brasil y Perú, logran entre tres y cuatro veces más sentencias por despacho que en Colombia . Y la productividad de un juez en Estados Unidos es siete veces la de uno de sus pares colombianos (ver infografía).

Colombia tiene hoy 4.861 jueces; es decir, 11 por cada 100.000 habitantes.

También en Estados Unidos los jueces son 11 por cada 100.000 habitantes. Fiscalía, el otro trancón La situación es todavía más complicada, porque la Fiscalía tiene 1 millón de casos en los que no ha podido avanzar, y que en consecuencia no han llegado ante los jueces.

Si bien el estudio de la Contraloría señala que la justicia ordinaria ha logrado bajar en 54 días el promedio de lo que dura un juicio en primera instancia, frente a los 655 que demoraba un caso promedio en el 2006, el tiempo establecido por el Código de Procedimiento sigue excedido en más de dos meses. Esto, obviamente, no se compara en nada con los cinco años y medio que se tomaba un caso hace diez.

Hoy en día, las más demoradas siguen siendo las demandas contra el Estado.

Duran en promedio 1.143 días, es decir, más de tres veces los 330 días que establece la ley. La justicia encargada de investigar y sancionar las malas prácticas de jueces, fiscales y abogados, en cabeza de la cuestionada Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es la que sale peor librada del examen de la Contraloría.

Esas investigaciones deben resolverse en no más de 220 días, pero el promedio para llegar a una decisión no baja de 625 días. Esa jurisdicción tiene hoy 32.135 casos represados, casi 11.000 más que en el 2004, a pesar de que son los despachos que más plata le cuestan al país. Así, en promedio, un juez disciplinario y su equipo le valen al año a Colombia 252 millones de pesos. Un despacho de la justicia penal gasta 207 millones, mientras que uno del contencioso administrativo implica una inversión de 190 millones de pesos al año.

Un caso emblemático que no progresa A pesar de que el escándalo por los 'falsos positivos' de Soacha puso a Colombia en la mira de las organizaciones de Derechos Humanos, y provocó la más grande purga militar en la historia del país, tuvieron que pasar más de tres años para que la justicia empezara a imponer condenas.

Y aunque los casos se llevan a cabo bajo el nuevo sistema penal acusatorio, que es mucho más ágil que el antiguo sistema penal, solo tres han llegado a etapa de juicio.

Uno de ellos fue el de Faír Leonardo Porras, un joven que sufría un retardo mental. Fue reclutado en Soacha y presentado días después como un peligroso extorsionista muerto en combate en Ocaña. Seis militares, entre ellos dos oficiales, fueron sentenciados por ese crimen.

Otros 16 procesos, por dilaciones atribuidas a la defensa de los militares, siguen en etapa de investigación y marcan, para el sistema de justicia, un retraso que ya se acerca a los dos años. Mientras tanto, la mayoría de los señalados responsables de los 'falsos positivos' sigue en libertad.

Congestión de años Reforma de justicia no resuelve el lío Una de las mayores críticas al proyecto de reforma de la Justicia que avanza en el Congreso es que no resuelve el problema de la congestión judicial, que lleva décadas. La norma, en todo caso, sí tiene un artículo referente al tema: el que les da a abogados y funcionarios facultades para que actúen excepcionalmente en procesos civiles atrasados, para ayudar a descongestionar.

La Rama Judicial, en cabeza de la Corte Suprema y el Consejo de Estado, se opone. Considera que es una "privatización" de la justicia y que, además, sería inocua porque las decisiones serían apeladas y resueltas en todo caso por el sistema judicial. Insisten, como Asonal, en que la salida es nombrar más jueces