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Proceso de 'carrusel' de pensiones en Judicatura vuelve a Contraloría

El Consejo de Estado le devolvió anoche a la Contraloría General la investigación fiscal por el escándalo del 'carrusel' de pensiones en el Consejo Superior de la Judicatura.

17 de abril 2012 , 12:00 a.m.

La decisión de la Sala de Consulta, que por tratarse de asuntos administrativos es de obligatorio cumplimiento, señala que "la autoridad competente para adelantar los procesos de responsabilidad fiscal en contra de los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (...) corresponde, de manera exclusiva y excluyente, por mandato constitucional, a la Contraloría General de la República".

De esta manera, resuelve el lío jurídico ocasionado por una sala de conjueces que hace dos semanas le había quitado el caso al organismo de control, con el argumento de que el fuero de los magistrados se extendía, además de las investigaciones penales y disciplinarias, a los asuntos fiscales. La Contraloría había iniciado procesos fiscales -es decir, relacionados con el detrimento del patrimonio público- en contra de varios magistrados de la Sala Disciplinaria que nombraron magistrados auxiliares en edad de pensión.

Gracias a esos nombramientos, que en algunos casos no duraron ni un mes, varios de esos auxiliares multiplicaron sus mesadas hasta por cuatro. El impacto en el sistema pensional ascendería a los $ 13.000 millones, según cálculos preliminares.

En enero de este año, la Contraloría ordenó varios embargos. Y en ese momento, a instancias de los propios investigados, la Comisión de Acusación reclamó competencia sobre el proceso fiscal, que finalmente le fue entregado por los conjueces en una polémica decisión de hace dos semanas. La Sala de Consulta, que actuó a petición del ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, señaló que la interpretación que hicieron esos conjueces sobre el fuero que protege a magistrados de altas cortes, al Fiscal general y al Presidente de la República fue errada. En esencia, lo que determinó es que ni la Comisión de Acusación tiene facultades para realizar investigaciones fiscales ni tampoco la Sala Disciplinaria de la Judicatura las tenía para resolver un conflicto de competencias que no era jurisdiccional sino administrativo.

"En el listado de organismos que ejercen el control fiscal brilla por su ausencia el Congreso y, en particular, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, lo cual resulta concordante con las disposiciones constitucionales y las sentencias de la Corte Constitucional analizadas", dice la trascendental decisión.

Anoche, la contralora Sandra Morelli le dijo a EL TIEMPO que la Sala de Consulta "dejó a salvo los mandatos de la Constitución del 91 y restableció el respeto por el control fiscal en el país". A su vez, el ministro Esguerra señaló que en opinión del Gobierno el proceso fiscal nunca debió salir de la Contraloria.

En todo caso, la Comisión de Acusación deberá adelantar las respectivas investigaciones penales y disciplinarias por el escándalo. Por ahora, la Contraloría citará en los próximos días a versión libre a los magistrados Henry Villarraga, Julia Emma Garzón, Ovidio Claros y Pedro Sanabria.