Archivo

¿Quién controla a quién?

Una de las funciones más importantes en cualquier Estado es la de vigilar y controlar que los recursos públicos se utilicen de manera correcta, racional y transparente. Esa labor esencial es la que cumple la Contraloría General, organismo que, con sus auditorías y controles de advertencia, impidió que el año pasado cerca de 2,4 billones de pesos de todos los colombianos se pusieran en riesgo o se perdieran.

11 de abril 2012 , 12:00 a.m.

Tal función es la que ha puesto en entredicho el fallo de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que le quitó a la Contraloría la investigación por el escándalo del 'carrusel' de pensiones en la justicia y cuyos alcances tienen virtualmente paralizados decenas de procesos fiscales contra funcionarios con fuero.

Siete conjueces de la Sala Disciplinaria, cuyos integrantes tuvieron que declararse impedidos porque son los investigados, decidieron que, aunque no se trata de un proceso penal ni disciplinario, el fuero de los magistrados obliga a que sea la Comisión de Acusación de la Cámara la que lo adelante. En manos de los representantes investigadores, algunos de ellos cercanos a los cuestionados, queda una investigación que ya había avanzado hasta la etapa de embargos y que empezaba a arrojar luces sobre cómo varios exmagistrados auxiliares lograron multiplicar sus mesadas pensionales gracias a nombramientos en la Judicatura que, en varios de los casos, ni siquiera duraron un mes.

Los conjueces y la misma Comisión de Acusación han salido a defender la decisión basados en una interpretación del artículo 178 de la Constitución, que establece que los magistrados de las altas cortes, el Presidente de la República y el Fiscal General solo pueden ser investigados y acusados por el Congreso. Esa posición, aunque polémica e inédita en nuestra historia reciente, ha encontrado eco incluso entre expertos constitucionalistas, que consideran que el fuero de los altos funcionarios es integral. En la contraparte están quienes sostienen que, a diferencia de la interpretación citada, el artículo 268 de la Carta Política señala que son atribuciones de la Contraloría General "exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales de cualquier orden y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes de la Nación", así como "establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal e imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso...".

La contralora Sandra Morelli, cuya labor es reconocida por el país, plantea nuevas preocupaciones derivadas del fallo. La principal de ellas tiene que ver con el futuro de los procesos fiscales en los que están involucrados otros funcionarios con fuero, como ministros, gobernadores, procuradores y generales.

Desde febrero pasado, el choque de competencias entre la Comisión de Acusación y la Contraloría llegó a la Sala de Consulta del Consejo de Estado, cuyo concepto en este caso no será opcional sino vinculante. En sus manos está resolver una discusión jurídica que tiene argumentos de lado y lado, pero que, en el fondo, plantea serias cuestiones sobre los controles que son inherentes a toda democracia.

¿Qué tanto afecta a la majestad de la justicia que, a instancias de los propios magistrados investigados, el proceso por el escándalo de las pensiones salga de la Contraloría? ¿Deben o no todos los funcionarios del Estado, sea cual sea su condición, estar dispuestos a dar cuentas sobre decisiones suyas que inciden en el presupuesto nacional? El Consejo de Estado, que simultáneamente estudia una demanda interpuesta contra la elección de la contralora Morelli, tiene la palabra