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EL ETERNO RETORNO DE LA LEGALIZACIÓN

El reciente proyecto de ley a favor de la legalización de drogas presentado por la senadora Viviane Morales debe ubicarse en una perspectiva histórica y comparativa para su mayor comprensión.

26 de agosto de 2001, 05:00 am

El reciente proyecto de ley a favor de la legalización de drogas presentado por la senadora Viviane Morales debe ubicarse en una perspectiva histórica y comparativa para su mayor comprensión.

En general, el tema de la legalización de los narcóticos en Colombia, que se inicia en los setenta, ha tenido algunos elementos principales. En primer lugar, el debate fue reducido. Se concentró en unos observadores, periodistas, intelectuales y políticos que, con cierta periodicidad y varios argumentos relativamente sólidos, sugerían la conveniencia de que el país - por lo general, en conjunción con otros actores externos- legalizara las drogas.

En segundo lugar, los funcionarios gubernamentales mantuvieron una posición desfavorable. Diferentes autoridades, con grados diversos de poder y en distintos momentos, rechazaron la consideración de tal opción y, menos aún, su reivindicación o promoción por parte del gobierno colombiano. En tercer lugar, la polémica sólo fue circunstancial. En coyunturas difíciles y particularmente violentas se escucharon voces en favor de la legalización. Este carácter episódico le daba calor a los planteamientos pero impedía generar una coalición social y políticamente gravitante que, a su vez, pudiera profundizar el tema en el terreno interno y proyectar el tópico en el campo externo.

En cuarto lugar, la idea de legalizar estuvo vinculada, en parte, a fenómenos internacionales. En los 70, las propuestas de legalización en torno a la marihuana se apoyaban en que, por ejemplo, en Estados Unidos, un número relevante de estados habían despenalizado la dosis personal: entre 1973 y 1979, once estados que incluían un tercio de su población descriminalizaron la posesión de pequeñas dosis de marihuana y, entre ellos, Alaska fue más allá y legalizó tanto el cultivo como el uso de cantidades reducidas de marihuana.

Incluso en el legislativo estadounidense se observaba un espíritu menos draconiano. Por ejemplo, en agosto de 1978, el Congreso adoptó la Enmienda Percy, por la cual se prohibía el apoyo gubernamental a la fumigación con herbicidas de plantaciones de marihuana en el exterior si esa práctica generaba riesgos para los consumidores estadounidenses. En los 80, las iniciativas favorables a la legalización tomaban como punto de referencia algunas experiencias europeas en el manejo menos severo de ciertas drogas. Los pocos y limitados debates internos seguían los acontecimientos que en esta materia se iban produciendo, en especial, en E. U. y Europa.

Y en quinto lugar, la presencia oficial estadounidense en torno a este asunto fue reiterada e inexorable. Funcionarios asistían a seminarios, organizaban conferencias, difundían publicaciones y auspiciaban encuentros para precisar la negativa de Washington a cualquier hipotética tesis en favor de legalizar las drogas. El peso gubernamental estadounidense se hacía sentir para transmitir un mensaje contundente a la sociedad y el gobierno colombianos: no a la legalización.

Samper, el primero.

Desde los 70 se presentaron varias voces colombianas a favor de la legalización. Un protagonista central fue, por ejemplo, Ernesto Samper Pizano, quien el 15 de marzo de 1979, como presidente de Anif, propuso la legalización de la marihuana.

El entonces contralor general de la República, Aníbal Martínez Zuleta, se manifestó partidario de emprender la legalización de la marihuana, al igual que el presidente de la Bolsa de Bogotá, Eduardo Góez; y el ex presidente de la Corte Suprema Luis Sarmiento Buitrago. El ex alcalde liberal de Bogotá, Bernardo Gaitán Mahecha, se inclinó a favor de la tesis sobre la legalización; asimismo lo hizo el general retirado José Joaquín Matallana, el reconocido dirigente cafetero Leonidas Londoño y el entonces presidente del Senado colombiano, Héctor Echeverri Correa, entre muchos otros.

El ex presidente Alfonso López Michelsen, por su lado, señaló en 1981: ...lo que dice Ernesto Samper es muy cierto, así no estemos de acuerdo con la legalización o la no legalización. De todas maneras es necesario tener una posición y no refugiarse en conceptos morales para hablar, con un sentimiento de culpa de la economía subterránea, de los dólares clandestinos, de los ciudadanos emergentes. Toda una fraseología que escapa al pragmatismo económico para entrar en el rango de las calificaciones morales que son muy valiosas, que son normas de conducta individual, pero que no pueden ser materia de análisis ni de estudio científico de ningún problema, porque una cosa es la ciencia, otra cosa es la moral, cuando de investigar las leyes sociales se trata .

Despenalización parcial.

Durante la primera parte de la década de los 80 los debates sobre el tema eran cada vez más esporádicos. Bogotá empezaba a vivir el dilema de la aplicación o no de la extradición de nacionales; se eclipsaron los foros a favor de la legalización y se expandieron otros en contra de la extradición.

En el período 1984-1986, el selectivo y abrumador nivel de narcoterrorismo hizo revivir, temporalmente, el debate alrededor de la legalización. En este caso, fue el periodista Antonio Caballero quien articuló de modo más preciso la tesis en favor de la legalización: su iniciativa implicó un salto significativo frente a la propuesta original de Samper ya que involucraba toda la cadena del negocio de los narcóticos, se concentraba en la coca/cocaína, y no sólo en la marihuana, y desplegaba una crítica frontal a la prohibición estadounidense.

A comienzos de los 90 la polémica tuvo más participantes. Un estudio de la Universidad de los Andes - Narcotráfico en Colombiapropuso explorar la despenalización parcial del problema . Varios periodistas renombrados, como Enrique Santos, Daniel Samper y Antonio Panesso, reiteraban la pertinencia de considerar la legalización de las drogas. Ciertos intelectuales influyentes, como Gabriel García Márquez, apoyaban esa tesis. Reputados académicos, como Alvaro Camacho Guizado, Hernando Gómez B., Ricardo Vargas, Ricardo Sánchez y Rodrigo Uprimny, analizaban las bondades de la idea. Incluso, ciertos políticos, particularmente conservadores, como Enrique Gómez Hurtado y Mario Laserna, opinaban en favor de esa alternativa.

Desde el Estado mismo.

Pero, en general, Colombia no era testigo de una discusión frecuente alrededor de esa opción y de cómo superar el prohibicionismo vigente. La política de sometimiento durante 1990-91 y la no extradición de nacionales consagrada en la Constitución de 1991, ocupaban la mayor atención del país. Ambas medidas parecían distanciar la necesidad de ampliar la controversia en torno a la cuestión de los narcóticos y su potencial resolución mediante una estrategia legalizadora. Además, se suponía que aquellas la política de sometimiento y la no extradición de nacionales iban a domesticar y pacificar a los traficantes más agresivos y violentos.

La fuga de la cárcel de Pablo Escobar en 1992, el rebrote del narcoterrorismo, los límites de la estrategia de sometimiento, el desarrollo de una narcocriminalidad organizada asertiva en el país y los crecientes fracasos de la política antidrogas de Estados Unidos y sus efectos en Colombia, contribuyeron a generar un espacio para el relanzamiento de las tesis en favor de la legalización.

Los contornos y los contenidos de esta nueva polémica fueron notablemente distintos a los comentados. En 1993, la controversia sobre la legalización en Colombia no se limitaba a la aparición de propuestas favorables desde segmentos de la sociedad y respuestas negativas desde el conjunto del Gobierno, sino que adquiría una nueva dimensión: desde el Congreso, la Fiscalía y la Corte Constitucional - es decir, desde el Estado mismo- se presentaban determinaciones de apoyo a las tesis legalizantes.

Aunque no prosperó, el Representante de la Alianza de Retirados Nacionales (Arena), el militar (r) Guillermo Martinezguerra presentó en agosto de 1993 un proyecto de ley para que Colombia convocara una convención de Naciones Unidas para despenalizar gradualmente las drogas. A pesar de no tener un efecto significativo, una Comisión Accidental del Senado presentó el 15 de diciembre de 1993 un informe favorable a la despenalización progresiva de los narcóticos.

Por su lado, el Fiscal General de la Nación, Gustavo de Greiff, se mostró partidario de evaluar la legalización. Hacia finales de 1993, en dos encuentros distintos uno en octubre en Bogotá y el otro en noviembre en Baltimore el Fiscal se pronunció en ese sentido. Por otro lado, en un fallo de mayo de 1994, la Corte Constitucional despenalizó el consumo de la dosis personal. En efecto, a raíz de una demanda a la Ley 30 de 1986, la Corte declaró inexequibles los artículos 51 y 87 de la misma, fundamentando la sentencia en el marco de la dignidad humana, de la autonomía personal y del libre desarrollo de la personalidad.

Washington hizo sentir su desagrado.

Los tres fenómenos las propuestas del Congreso, la opinión del Fiscal y la determinación de la Corte Constitucional , situaron la polémica sobre la legalización en un punto cualitativamente diferente. Se multiplicaron los pronunciamientos, reflexiones y criterios sobre el tema, al tiempo que las posturas y expresiones fueron más sofisticadas que en el pasado.

Sin embargo, las voces en favor de la legalización no convergieron en un movimiento más amplio e influyente. El Gobierno asumió una ofensiva rápida y decidida en contra de la tesis legalizadora. Washington hizo sentir el peso de su desagrado: muy pronto, en privado y hasta en público, funcionarios estadounidenses comenzaron a referirse al país como una inexorable narcodemocracia.

El fantasma omnipresente de los narcocassetes (que revelaron los aportes del narcotráfico a la campaña presidencial de Ernesto Samper) y la realidad de la diplomacia coercitiva estadounidense hicieron trizas cualquier expectativa de que Samper, Presidente de Colombia en 1994, retomara su tesis de 1979 en favor de la legalización. El deseo y la fuerza de supervivencia política de Samper lo hicieron que optara, en la nueva coyuntura, por la criminalización, en vez de la legalización.

Sin embargo, desde mediados de los 90 aparecieron nuevas voces en el debate sobre la legalización que, desde un plano distinto, se mostraron a favor de esa tesis. Estas voces surgieron no desde los sectores ilustrados ni desde el Estado, sino desde abajo hacia arriba y desde espacios institucionales previamente impensables. Por ejemplo, el alcalde de Barranquilla, el religioso Bernardo Hoyos Montoya apoyó la legalización de las drogas. Monseñor Belarmino Correa Yepes, vicario apostólico de San José del Guaviare impulsó la despenalización del cultivo de coca y del consumo de cocaína.

Los gobernadores del Meta, Tolima, César, Arauca y Guaviare (todos afectados tanto por el cultivo y procesamiento de las drogas, como por la violencia generada por el narcotráfico, por el narcoparamilitarismo y por los vínculos locales entre grupos guerrilleros y traficantes de drogas) propusieron la legalización de las drogas.

En varias ocasiones la congresista Ingrid Betancourt - acompañada por el entonces representante Carlos Lucio- indicó la pertinencia de estudiar el tema. Incluso las FARC se manifestaron: el 29 de marzo de 2000 casi exactamente a 21 años del pronunciamiento originario de Ernesto Samper - el secretariado del Estado Mayor de las FARC opinó a favor de la legalización de las drogas como única alternativa para eliminar el narcotráfico .

Todos estos antecedentes muestran la creciente manifestación social y estatal en torno al tema, así como la enorme dificultad de avanzar en serio en el mismo. La legalización efectiva de las drogas se hará realidad sólo el día en que los mayores polos de consumo de drogas y de lavado de narcodólares decidan poner fin al prohibicionismo; fuente mayor de la terrible tragedia que ha vivido Colombia en los últimos cinco lustros.