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PRESIDENTE ÁLVARO URIBE ANUNCIÓ AYER QUE OBJETARÁ EL PROYECTO DE LEY Dos de los firmantes del ‘mico’, con procesos en Procuraduría

22 de junio 2007 , 12:00 a.m.

JORGE LUIS DURÁN P.

REDACTOR DE EL TIEMPO José Julián Silva Meche,uno de los fuertes defensores del proyecto de ley que busca que los congresistas se investiguen, disciplinariamente, ellos mismos y no la Procuraduría, es uno de los firmantes de esa iniciativa que tiene pendientes casos en el Ministerio Público.

EL TIEMPO estableció que este representante a la Cámara por el Vichada, elegido por el movimiento Apertura Liberal, tiene una indagación preliminar por “presunta persecución que impide el ejercicio de la actividad política”.

El caso se relaciona con múltiples quejas que ha puesto Silva contra Manuel María Villalba Velásquez, gobernador del Vichada.

Fuentes cercanas al caso dijeron que el problema de Silva con Villalba se remonta al 2003, cuando este último ganó la gobernación para el Partido Liberal, por encima del candidato del hoy congresista, Alfredo Camacho.

El miércoles, Silva dijo que firmó el proyecto porque está convencido de que el Procurador no tiene competencia para juzgar al Congreso. “La Constitución dice que en los casos de funcionarios que tienen fuero, el Procurador emitirá conceptos en sus procesos. A los congresistas nos juzga el Consejo de Estado”, aseveró.

El miércoles estalló una polémica nacional luego de que el procurador General, Edgardo Maya, advirtió que en medio de la aprobación de proyectos que se dieron en el Congreso en los últimos días pasó una norma que le quita a su despacho la posibilidad de investigar a congresistas.

Según el Procurador, la norma por la que se expide ‘El código de ética y disciplinario del congresista’, le transfiere esas facultades a las comisiones de ética del Senado y de la Cámara de Representantes.

Otro de los congresistas que firmó la ponencia del proyecto y que tiene un caso pendiente en la Procuraduría es Diego Naranjo.

Este representante conservador por Risaralda tiene una investigación preliminar por presuntas irregularidades en la firma de un contrato de empréstito entre el Instituto Financiero de Risaralda (Infider) y el municipio de Belén de Umbría, del que fue alcalde y secretario de despacho.

Otro de los 12 miembros de la subcomisión encargada de redactar la ponencia y que tiene una investigación en su contra es Guillermo Rivera, indagado preliminarmente por tráfico de influencias.

Por este hecho, Rivera se declaró impedido para votar el proyecto.

Ayer, en un acto de la Asociación Nacional de Anunciantes (Anda), el presidente Álvaro Uribe anunció que objetará por inconstitucional este proyecto, que está listo para sanción presidencial.