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El venezolano que Colombia se negó a extraditar

Un ciudadano venezolano que hacía negocios en Colombia y resultó detenido en la penitenciaría de máxima seguridad de Cómbita, con solicitud de extradición a Estados Unidos, se salvó gracias al fallo de la Corte Suprema de Justicia que negó la petición.

19 de junio 2007 , 12:00 a.m.

El drama de Miguel Ángel Alvarado Horvath empezó el 21 de mayo del 2005 cuando navegaba en su lancha por un canal del condado Pinellas en la Florida (Estados Unidos).

Sobre las 5:40 de la tarde, al término de su recorrido, una embarcación que era tripulada por Corey Vincent y que llevaba como pasajero a Joseph Battista, se le atravesó y chocaron.

La señora Vincent murió instantáneamente y Battista falleció camino al hospital.

Según testigos del hecho, el venezolano, que es comerciante, no se detuvo a auxiliar a las personas.

Sin embargo, inicialmente no hubo cargos y Alvarado continuó con su trabajo y al año siguiente se radicó un tiempo en Colombia para realizar algunas negociaciones.

Empieza el problema Pero todo empezó a complicarse el 10 de agosto del 2006, cuando la embajada de E.U. solicitó formalmente la captura con fines de extradición de Alvarado, por el delito de homicidio en la Florida.

“Mi defendido fue capturado y enviado a la cárcel de Cómbita”, señala el abogado Santiago Salah, quien se ocupó del caso.

“Fueron casi 10 meses en los que estuvo en la misma situación de otros sindicados de delitos de narcotráfico y terrorismo, a la espera del pronunciamiento de la Corte sobre la posible extradición”, agrega Salah, quien se convirtió, además del abogado, en el responsable de Miguel Alvarado que estaba lejos de su familia, en un país extraño y confinado en una cárcel.

La situación se complicó aún más. La Corte de Estados Unidos aleg ó que Alvarado había cometido doble homicidio y se había fugado del sitio de los hechos.

Pese a eso, Salah alegó que si bien era cierto que la Corte de E.U.

contemplaba esas posibilidades, a la luz de la ley colombiana, Alvarado había cometido un homicidio culposo, es decir sin intención alguna de causar daño.

La Corte avaló el argumento de la defensa y señaló que en este caso de delitos, las penas no son superiores a 4 años, por lo que no había lugar a la extradición. Esta decisión la ratificó el presidente Álvaro Uribe la semana pasada y Alvarado fue puesto en libertad.

Lejos de su prominente futuro empresarial regresó a Venezuela el pasado jueves en un bus y con la intención de olvidar la cárcel colombiana.