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Impresionantes alarmas sobre elecciones de octubre

El presidente del Consejo Electoral, Joaquín José Vives, dice que en más de la mitad de los municipios del país se ha detectado trasteo de votos. Este diario, el domingo 10 de junio, hizo un informe sobre graves amenazas por las elecciones en ocho zonas de Colombia. La Misión de Observación Electoral (MOE), un organismo de la sociedad civil, mediante un documentado estudio concluyó que 219 municipios están en riesgo de presiones, fraudes y alteraciones en los comicios de octubre.

LEÓN VALENCIA
Los departamentos y municipios señalados por las denuncias, los informes y
los estudios son, en su mayoría, los mismos afectados por la ‘parapolítica’
en las elecciones del 2002, 2003 y 2006. Es decir, está más viva que nunca
la interferencia de fuerzas armadas ilegales y de redes de narcotraficantes,
lo mismo que el contubernio de dirigentes políticos y funcionarios del
Estado con estos actores.
La apreciación del Consejo Electoral se basa en 1.000 reclamaciones que han
llegado de 679 municipios. El informe de EL TIEMPO, en testimonios recogidos
directamente en los lugares. La Misión de Observación Electoral, en el
trabajo de investigación realizado por varios centros de estudios, que
sirven de apoyo técnico a la misión: las universidades Javeriana y del
Rosario, la Fundación Seguridad Democrática y la Corporación Nuevo Arco
Iris.
Había prosperado la ilusión de que al salir a la luz pública la descarada
vinculación entre paramilitares y políticos y al desatarse un escándalo con
tanto impacto internacional, las cosas cambiarían.
Se pensaba que los grupos ilegales y los movimientos políticos se inhibirían
de acciones indebidas contra la democracia y el gobierno del presidente
Uribe sometería a una dura presión a estas fuerzas.
Ha ocurrido todo lo contrario. Ante las dificultades que atraviesa la
negociación con los paramilitares: el miedo a la extradición, la cárcel que
están sufriendo algunos políticos, la posibilidad de una pérdida de
influencia en las regiones, la incertidumbre de los desmovilizados, se ha
intensificado el esfuerzo por conservar el poder acumulado.
Están dispuestos a todo para preservar cada milímetro de espacio conquistado
en el Estado y en la sociedad.
Y el Gobierno, en vez de atacar, envía señales de ayuda. En las regiones
está quieto, impávido, mientras se rearman los viejos grupos y emergen
nuevas estructuras, se mueven ingentes cantidades de dinero, se trasladan
electores de un sitio a otro, se aceitan los mecanismos del fraude.
A su vez, desde la propia Casa de Nariño sale el mensaje de que se buscarán
fórmulas jurídicas para lograr la excarcelación de los políticos y para
frenar las investigaciones y los juicios.
Son muy pocos los que hacen algo. Algunos órganos de justicia. Algunos
medios de comunicación. Unos cuantos dirigentes políticos y líderes de
opinión. Pare de contar.
La razón es sencilla: en Colombia, la democracia les interesa a muy pocas
personas. La derecha se preocupa por la seguridad y la estabilidad
económica. La izquierda, por los derechos humanos y la equidad social.
La vigilancia sobre la transparencia electoral, el funcionamiento de las
instituciones, la libre competencia política, es casi nula.
La única esperanza es la comunidad internacional. En Estados Unidos y en
Europa hay más preocupación por la democracia, hay más atención al
funcionamiento de las instituciones. Y lo que se ha visto en estos últimos
meses es que al presidente Uribe y al sector privado les duele lo que se
dice en Washington y en Bruselas. Esperemos que desde allá aumenten las
presiones.
Mientras tanto, es necesario persistir en los aislados esfuerzos internos de
la justicia y la sociedad civil para vigilar, prevenir y denunciar las
anomalías en las próximas elecciones.
lvalencia@nuevoarcoiris.org.co
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