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Un proyecto sin debate

En medio de los sacudones políticos e informativos de la ‘parapolítica’, las interceptaciones telefónicas, el debate al Ministro de Defensa y el alineamiento de los demócratas estadounidenses contra el Gobierno de Álvaro Uribe, no resulta fácil que la opinión se ocupe de otros asuntos que si bien no parecen urgentes, son enormemente importantes. Es el caso de un controvertido proyecto presentado por la ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra, para reformar las normas sobre televisión.

12 de junio 2007 , 12:00 a.m.

La iniciativa busca reorganizar las competencias de los diferentes organismos gubernamentales que regulan el sector y, en cierto modo, reducir el poder de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV). No en cuanto a los contenidos emitidos por los diferentes sistemas de difusión televisiva. Pero sí en cuanto a la asignación de licencias, el ordenamiento técnico y el uso de los recursos que pagan algunos de los operadores privados. El proyecto plantea que la CNTV siga a cargo de todos estos asuntos en lo que se refiere a la televisión abierta, es decir, el conjunto de señales televisivas que cualquiera puede captar con la antena normal de su receptor.

Pero en cuanto a las señales de la televisión cerrada, la que utiliza el cable de fibra óptica o la línea telefónica para llegar a los hogares, así como la satelital, y por la cual sus usuarios pagan una mensualidad, el proyecto propone que pase a manos del Gobierno Central y de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. La razón es que -y eso está sucediendo en el mundo entero- este sistema ya no se limita a vender una señal de televisión, sino que por cuenta de la convergencia, hoy ofrece servicio de telefonía, acceso a Internet y en el futuro cercano traerá otras opciones que resultan de los vertiginosos cambios tecnológicos en estos campos.

Esta revolución tecnológica tiene una consecuencia legal: la televisión por suscripción y toda la gama de alternativas que sus operadores brindan parece caber hoy mucho más en la definición de servicio de valor agregado que de televisión, y eso implica un tratamiento diferente que debería sacarla de la órbita de la CNTV.

Por otra parte y como consecuencia de esa redefinición legal, el proyecto plantea que los recursos que aportan los operadores de la TV paga no sigan en poder exclusivo de la CNTV. Esto ha producido el rechazo de la poderosa comisión, que desde que existe ha sido objeto de duras críticas por su despilfarro y su manejo politiquero, pero que al mismo tiempo ha tenido siempre la capacidad de maniobra para hundir en el Congreso todas las iniciativas que han buscado limitar sus atribuciones.

El proyecto ha recibido críticas de gremios como Asomedios. Algunos creen que esa oposición se explica en el hecho de que la reforma abriría rápidamente las puertas a nuevos y poderosos actores que quieren ofrecer servicios de televisión paga, como las empresas de telefonía fija y celular, y eso implicaría mayor competencia para los actuales operadores tanto de televisión abierta como por suscripción.

Pero más allá de esos análisis que ameritan un debate profundo y a conciencia de un tema complejo tanto desde el punto de vista técnico como del jurídico, lo que resulta lamentable es que el proyecto, presentado desde hace varios meses, no haya recibido siquiera un primer debate de las comisiones de Senado y Cámara. El sello en todas estas semanas ha sido el saboteo constante a la iniciativa, por medio de la ruptura del quórum cada vez que el asunto va a ser abordado. Si esta semana la discusión no arranca, la iniciativa se hundirá y se perderá una oportunidad de corregir -con la propuesta gubernamental y con los aportes del Congreso y de los otros interesados- muchos de los vicios que hoy afectan a este importante sector.

"La iniciativa plantea que los recursos que aportan los operadores de la TV paga no sigan en poder exclusivo de la CNTV, razón para que ésta lo rechace”.