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Si no es por la paz, ¿entonces por qué?

Hace seis meses, cuando empezó el destape de Mancuso, propuse que Gobierno y oposición acordáramos un marco político para respaldar a la justicia: ni solidaridades de cuerpo, ni politización de la justicia, ni leyes de punto final. Había que asegurar que la política no entorpeciera, ni usurpara, ni abortara la misión judicial.

12 de junio 2007 , 12:00 a.m.

En lugar de ese pacto, que habría generado confianza, la polarización se profundizó. El ventilador de los ‘paras’ salpicó a la cúpula del Gobierno, y el Presidente sacó de la manga un arsenal de propuestas de excarcelación bien parecidas a una ley de punto final. No punto final a las condenas, por ahora. Pero sí a la privación de la libertad de todo aquel que tenga relación con las Farc, el Eln o las Auc.

Mala tendencia. Por el camino de decir que guerrilla y paramilitarismo son la misma cosa van a tratar de ambientar una ley de perdón y olvido para todos. No necesitan que lo pidan las Farc, con quienes una negociación de paz luce aún distante. Basta que lo hagan el Eln o un grupo de guerrilleros excarcelados de las Farc y lo planteen como el precio por la “paz”. Por eso, el consenso, en el que insisto, debería incluir la decisión de tratar cualquier nuevo proceso de paz por separado, en lugar de adoptar el peligroso criterio de que todo lo que se pacte con Eln o Farc se aplicará retroactivamente a las Auc. Al fin y al cabo, nuestro orden jurídico todavía distingue los delitos políticos del concierto para delinquir. Y la pretensión de tipificar como “sedición” el paramilitarismo se frustró en la Corte Constitucional. Si el corazón grande con los ‘parapolíticos’ pretende que se trate distinto al cómplice y a la víctima y, además, estimular que se diga la verdad, ambos propósitos pueden lograrse sin cambiarle una coma a la legislación penal.

El marco jurídico actual hace justicia a todas las circunstancias de los involucrados en la horrible noche del paramilitarismo: deja en libertad a quienes solo incurrieron en concierto para delinquir y se desmovilicen; les concede penas alternativas de máximo ocho años cuando, además, confiesen delitos de lesa humanidad; ampara a cómplices, instigadores o encubridores que no mancharon sus manos de sangre; niega beneficios a los capturados o a quienes violen sus compromisos en la desmovilización; premia con distintas ventajas los diversos grados de colaboración con la justicia; abarca tanto la desmovilización colectiva como la individual. Excusa, incluso, a las víctimas y las diferencia de los cómplices. Justifica, por ejemplo, a quienes obraron bajo insuperable coacción o en estado de legítima defensa o en estado de necesidad o en ejercicio de un deber legal.

Y, como si fuera poco, solo castiga los contactos con grupos armados ilegales cuando hayan estado animados del propósito de delinquir y no de fines humanitarios o, por ejemplo, de paz.

Por eso hay que confiar en la justicia y no perder fuerzas y legitimidad en la mala empresa de obstruirla. Incluso, la excarcelación que hoy quiere el Presidente para los ‘parapolíticos’ está al alcance de la mano si, en lugar de negar lo que documentos y testimonios vienen probando, deciden confesar, colaborar con la justicia y acogerse a los múltiples mecanismos procesales y penitenciarios que podrían acortar su reclusión. Otros, aún no capturados, podrían simplemente salir del clóset, desmovilizarse y gozar aún de mayores beneficios.

¿Que por la paz hay que hacer sacrificios? Es cierto. Pero como la paz con las Auc ya se pactó en las condiciones de la Ley de Justicia y Paz, el país tiene derecho a preguntarse la razón de la renovada creatividad presidencial. Si no es por la paz, ¿entonces por qué? rodrigo@telesat.com.co