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Gasto público está en el lugar equivocado

Para evitar que la Nación se quiebre y se lleve por delante a las regiones, el Gobierno central necesita más recursos. Así se justifica la controvertida reforma a las transferencias que, además, busca fortalecer la descentralización, según la directora de Planeación Nacional (DNP), Carolina Rentería.

10 de junio 2007 , 12:00 a.m.

La Nación requiere más ingresos para pagar, han reiterado la funcionaria y demás miembros del equipo económico. De lo contrario, vendrían más impuestos o un recorte de los gastos y se pondría en riesgo la ejecución de parte del plan de desarrollo.

Para el ex constituyente Jaime Castro, con la reforma a las transferencias el Gobierno pretende arreglar un problema de caja y seguir gastando como lo ha hecho en los últimos años, en contravía de la descentralización.

Los ingresos del Gobierno nacional son insuficientes para cubrir sus gastos, constató la Comisión Independiente de Gasto Público (Cigp). El déficit fiscal está por encima del 4 por ciento del PIB.

Uno de los problemas del gasto, según la Cigp, es que la Nación “ha reasumido varias responsabilidades de competencia regional”. Por ejemplo, la pavimentación de 3.100 kilómetros de vías secundarias y terciarias, bautizado como Plan 2.500.

Para el 2005 y 2006, el presupuesto del Plan supera 1,6 billones de pesos que quedaron a disposición del Gobierno para atender los reclamos que se escuchan en los consejos comunitarios del presidente Uribe, y financiar obras asignadas –según los críticos– de acuerdo con las conveniencias políticas regionales y locales, y “esas ‘carreteritas’ dieron y darán votos”, comenta un dirigente gremial.

El transporte urbano, señala Alejandro Gaviria, decano de Economía de la Universidad de los Andes y quien hizo parte de la Cigp, siempre fue competencia de las regiones, pero el Gobierno central financia el 70 por ciento de los sistemas de transporte masivo (transmilenios) en ocho capitales, con un aporte cercano a 3.590 millones de dólares.

Algunas ciudades, dice, podrían asumir esos costos (transmilenio y vías terciarias y secundarias) con el aumento del recaudo del impuesto predial urbano y rural e instrumentos financieros que maximicen su aporte. Además, ya cuentan con la sobretasa a la gasolina y al diesel.

No obstante, aquellas capitales que objetivamente no puedan cubrir los costos del sistema de transporte masivo podrían recibir el apoyo del Gobierno Central.

En esos dos frentes, el fisco nacional podría tener un alivio importante, por lo menos a mediano plazo, si se estimulara y presionara a las regiones a hacer lo que les corresponde sin la tutela financiera del Gobierno, y sería un avance adicional de la descentralización. Además, se reducirían las presiones del nivel central para aumentar sus ingresos vía impuestos, endeudamiento y reforma a las transferencias.

Junto con la retoma de responsabilidades regionales, la Nación, prácticamente en cabeza de la Presidencia, ha venido concentrando el manejo de billonarios recursos en programas sociales, algunos de ellos justificados por la naturaleza de los problemas (desplazados) o para evitar la siembra de coca (Familias Guardabosques), pero otros entrarían en las órbitas locales o coincidiendo con acciones similares de otras agencias públicas.

Acción Social, de la presidencia de la República, maneja ocho programas cuyo presupuesto pasó de 953.000 millones de pesos en el 2006 a cerca de 1,3 billones este año, y se aproximarán a 2,4 billones en el 2008.

De los programas de Acción Social, creada en el 2005, el que demanda mayores recursos es Familias en Acción, que nació hace siete años para mitigar el impacto de la crisis económica de 1999 sobre la población más vulnerable.

En los tres primeros años se invirtieron algo más de 220.000 millones de pesos en Familias en Acción. Por sus efectos favorables en las familias atendidas (nutrición infantil y asistencia escolar de niños y jóvenes), la administración Uribe lo convirtió en un programa permanente para atacar la pobreza.

Para el 2006 se le destinaron 307.000 millones de pesos, recursos que para el 2007 aumentaron 161 por ciento, hasta 804.000 millones de pesos. Con la contratación la semana pasada de un crédito externo por 1.500 millones de dólares, el programa se extenderá hasta el 2010, cuyo costo se estima en 1.832 millones de dólares.

Responder por ese y demás créditos obliga al Gobierno central a obtener más recursos, parte de los cuales se los está disputando con las regiones con la reforma a las transferencias.

2,38 billones de pesos sería el presupuesto de Acción Social en el 2008, según el resumen del anteproyecto del presupuesto general de gastos elaborado por el Ministerio de Hacienda.

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Cheques al por mayor.

Familias en Acción no solo ha tenido un crecimiento muy rápido sino que algunos lo ven como un programa asistencialista insostenible financieramente y que, en palabras de Alejandro Gaviria, puede volverse políticamente inflexible, pues desmontarlo será muy difícil.

Además, la atención a los hogares inscritos (1,5 millones para el 2007) se puede cruzar con otras entidades, como lo comprobó un investigador: en una misma mañana algunas familias recibieron sendos desayunos por parte de tres instituciones públicas nacionales y locales que trabajan en programas similares. Esto puede repetirse en salud, educación y otros.

El asistencialismo, de acuerdo con observadores, tiene razón de ser en determinadas circunstancias (atenuar los impactos negativos de una crisis) y de cierto tamaño (por ejemplo, las 320.000 familias del 2002).

“Las soluciones se derivan de la generación de empleo formal y no de la repartición de cheques”, dijo uno de ellos para aludir a la entrega condicionada de dinero en efectivo a las familias del programa. Esto “también genera réditos políticos y electorales”. Proporcionar servicios de salud, educación y nutrición a la población más pobre es, en principio, una responsabilidad de las localidades aunque en ciertos casos (como vías o transporte urbano) tengan que recurrir al apoyo de la Nación, pero esta no debe asumir todo el gasto porque se revierte la descentralización y se aumenta el poder del Gobierno central. El error histórico del Plan 2.500 de vías es que la Nación se echó encima una carga que no le correspondía, señala el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura , Juan Martín Caicedo.