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Por La Rochela, sexta condena al Estado en Corte Interamericana

La masacre de enero de 1989 hecha por ‘paras’ contra una comisión judicial en La Rochela (Santander), que paradójicamente se dirigía a investigar el asesinato de 19 comerciantes en Puerto Boyacá, le costará al Estado colombiano más de 5 millones de dólares.

09 de junio 2007 , 12:00 a.m.

Esa es el monto impuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que deberá ser pagado a los familiares de las 12 personas asesinadas, además de uno de los tres sobrevivientes que no quiso conciliar con la Nación.

Las razones del fallo, son muy similares a las expuestas en otras cinco condenas recibidas por Colombia en los últimos tres años.

‘Participaron agentes estatales’ La Corte dijo que la falta del Estado fue por acción y omisión, pues si bien reconoció su responsabilidad en el hecho, hay evidencias de la participación de agentes estatales en la masacre.

Igualmente se queja por la falta de investigación de altos mandos militares del momento como los generales Farouk Yanine Díaz y Carlos Julio Gil Colorado, y el coronel Jaime Fajardo Cifuentes.

De hecho, la Corte ordenó al Estado retomar y completar la investigación de la masacre con el fin de juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales.

El Estado deberá dentro de un plazo razonable –según la sentencia–, conducir eficazmente los procesos penales relacionados con esta masacre que se encuentren en trámite y los que se lleguen a abrir, además de adoptar medidas que permitan esclarecer los hechos.

Los casi 5 millones de dólares de indemnización resultan de varias reparaciones ordenadas. Una de ellas es la que establece 100 mil dólares por cada víctima asesinada y un promedio de 70 mil dólares para cada familiar de los muertos.

La suma más elevada corresponde a lo que, según la Corte, dejaron de percibir las víctimas tras su muerte: la indemnización a los 12 asesinados, por este concepto, fue de 2,1 millones de dólares.

La sentencia determinó que Colombia violó los derechos a la libertad y a la vida, a las garantías judiciales y a la protección judicial, tanto de víctimas como de familiares. También ordena proteger a los operadores de Justicia, testigos, víctimas y familiares.