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30 de los que serían indultados ‘se rajaron’ ante el polígrafo

Casi tan secreta como las ‘razones de Estado’ que, según el presidente Álvaro Uribe, están detrás de la excarcelación de guerrilleros ha resultado la lista de miembros de las Farc que serán beneficiados por esa decisión. En Chicoral (Tolima), en los cursos de preparación para volver a la vida civil, ya hay 111 de los presos que aceptaron la propuesta de desmovilizarse que les hizo el Gobierno. En ese grupo hay seis mujeres.

08 de junio 2007 , 12:00 a.m.

Esas personas están a días de recibir indultos por sus delitos, pero hasta ahora el Gobierno no ha entregado un informe oficial de quiénes saldrán de las cárceles.

El Inpec, la Oficina de Reinserción y los organismos de seguridad que han tenido que ver con el traslado de los presos a Chiquinquirá y luego a Chicoral recibieron orden de canalizar toda la información a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Esa dependencia ha dicho que la lista aún está en construcción y que por eso no es pública.

Lo cierto es que el tema ha generado confusión. Mientras algunos sectores, incluso del Congreso, temen que queden en libertad responsables de delitos atroces, ‘Rodrigo Granda’ dijo ayer que eran “desertores y reinsertados” y no miembros activos de las Farc.

EL TIEMPO pudo establecer que entre los 194 guerrilleros de las Farc que serían excarcelados hay un grupo importante que tendrá que devolverse a sus sitios de reclusión.

Entre ellos hay unos 40 que, según los análisis de inteligencia, eran “vulnerables” a reincidir en sus actividades delincuenciales. Les hicieron entrevistas y pruebas de polígrafo y al menos 30 no las pasaron. En este momento el Gobierno evalúa cuál es el paso a seguir con ellos.

Hay otro grupo, unos 10, que se postularon para recibir los beneficios a pesar de que tienen condenas por delitos más graves que el de rebelión. Ya fueron detectados y ellos, al menos en esta etapa, no clasificarán en la primera lista. Y otros 16 tienen, además de procesos por rebelión, investigaciones por delitos atroces.

Por eso el Gobierno les pidió al Consejo Superior de la Judicatura, a la Fiscalía y a la Procuraduría que lo asesoren para detectar ‘colados’.