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Las reformas electorales

08 de junio 2007 , 12:00 a.m.

Con justificada razón, los escándalos de la ‘parapolítica’ han acaparado buena parte del debate de opinión. Es por ello paradójico que el proyecto legislativo que busca “prevenir la injerencia de los factores delincuenciales en los procesos electorales” siga su curso en el Congreso en medio de tanta indiferencia. Quizá no deba sorprender. Es común que las discusiones sobre leyes electorales no despierten entusiasmo más allá de los círculos políticos. O de algunos académicos. Reina, además, el escepticismo frente a los efectos de las leyes en las costumbres políticas. Y, claro, los escándalos son más llamativos que las ponencias en el Congreso.

Lo cierto es que el país regresará a las urnas en octubre para elegir autoridades municipales y departamentales. Sus resultados definirán la suerte de las administraciones locales y condicionarán el escenario para las elecciones nacionales del 2010. Serán, pues, de enorme significado, sobre todo cuando penden tan serios interrogantes sobre los niveles de penetración mafiosa en nuestro sistema político. Corresponde al poder judicial determinar las verdaderas dimensiones del problema. Pero corresponderá al electorado decidir, una vez más, en manos de quién deposita el destino de los gobiernos regionales.

Subrayar la importancia de las elecciones de octubre y de contar con un marco legal y garantías apropiadas es obvio. Pero necesario. Más aún cuando la opinión pública parecería ignorar que desde el 27 de marzo se radicó en la Cámara un proyecto de ley con el fin de blindar el proceso electoral frente a los criminales. Desde entonces, las noticias sobre el mismo han sido escasas. Y las últimas nos informan, según Semana, que al proyecto se le está acabando el tiempo para su trámite y no alcanzaría a regir para las próximas elecciones.

El paquete legislativo inicial incluyó el reconocimiento de anticipos financieros a los partidos, la asignación de mayores responsabilidades a los partidos en la selección de candidatos y de mayores poderes a las autoridades electorales, o la ampliación de sanciones para los partidos. No todas las medidas parecen apuntar contra el problema, como el voto obligatorio –añadido posteriormente, con la pobre argumentación que siempre le acompaña en sus reapariciones en la agenda parlamentaria–. ¿Contiene este proyecto la respuesta legal apropiada para hacerles frente a tan graves amenazas contra el proceso democrático? Por supuesto que cualquier legislación es insuficiente sin voluntad política. En este caso, el papel de los partidos es fundamental. Un “pacto de transparencia”, como el firmado por los partidos que apoyan al Gobierno, es casi irrelevante sin la oposición. La atmósfera polarizante que predomina en las relaciones Gobierno-oposición, con tendencias hacia un peligroso sectarismo, ensombrece el panorama electoral. Las democracias requieren consensos mínimos sobre los procedimientos de selección de sus gobernantes: blindar las elecciones tendría que ser una tarea acordada entre Gobierno y oposición. Y cualquier marco legal que se discuta debería ser objeto central del debate público.