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Imparcialidad de liquidadores de entidades

Especial PORTAFOLIO El liquidador de una entidad pública tiene que decidir los reclamos que presentan sus acreedores, inclusive los relacionados con los créditos que ellos estaban tratando de hacer valer en procesos ejecutivos.

07 de junio 2007 , 12:00 a.m.

Pero si la entidad se había opuesto en los procesos a los cobros que le hacían, ¿puede el liquidador, que ahora representa a la entidad, ser imparcial al resolver el reclamo en la liquidación? ¿Obraría el liquidador, en tal caso, como ‘juez’ y como ‘parte’? ¿Violaría ello el debido proceso? La Corte Constitucional, en una afortunada sentencia (T-258 de 2007 del pasado 12 de abril de 2007) despeja las dudas, explicando como, aunque el liquidador sea ‘representante legal’ de la entidad en liquidación, cumple una función radicalmente distinta de la que tenían los ‘representantes legales’ antes de la liquidación. El liquidador, según la Corte, puede y debe ser imparcial al resolver tales reclamos.

Según la Corte, el liquidador, al hacer el análisis de los créditos y al llevar a cabo la representación legal de la entidad pública, actúa de manera independiente e imparcial pues -a diferencia de los antiguos administradores- no le corresponde a él generar un aumento de activos de la sociedad, ni velar por la generación de lucro para los asociados.

Explica el alto tribunal que son muy diferentes las funciones del representante legal de una entidad pública que aún desarrolla su objeto, a las del representante de una entidad pública en liquidación. En el primer caso debe velar por maximizar beneficios y por la creación de valor, mientras que cuando actúa como liquidador su principal tarea es la pronta realización de activos y el pago de los créditos - a quien tenga derecho- hasta la concurrencia de los activos, bien realizados.

El liquidador de una entidad pública, enseña la Corte, puede y debe actuar con independencia e imparcialidad en la aceptación, rechazo, calificación, y prelación de créditos, al no tener que buscar máximos beneficios para los socios. Su función está en velar por los intereses de la liquidación, como tal, lo que se une a la objetividad en la aceptación y rechazo de los créditos y en garantizar la igualdad entre los acreedores.

Por otro lado, el nombramiento del liquidador de una entidad pública del orden nacional se lleva a cabo mediante decreto del Presidente de la República, no por que la Nación sea accionista o aportante de capital en la entidad sino por “…salvaguardar el orden público y económico…” De modo que ello da mayor claridad y transparencia a las actuaciones del liquidador, toda vez que su nombramiento no se da en interés de los socios, ni por los socios, sino en busca de un interés constitucional de igualdad entre las diversas clases de acreedores, incluyendo, por supuesto, a los socios en el pasivo interno. Situación diferente se presentaría si fueran los socios quienes tuvieran la competencia para nombrar o desvincular al liquidador, pues con ello se daría una dependencia del liquidador hacia los socios que afectaría la imparcialidad.

Aunque el liquidador comparta el carácter de representante legal que tenían los antiguos administradores de la entidad, su función es bien distinta”.