Archivo

ARP, a pagar licencias por accidentes

Las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP- no pueden suspender de manera unilateral la atención médica ni el pago de incapacidades laborales, mientras estén en trámite los procesos iniciados para emitir las valoraciones de sus afiliados, afectados por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional.

05 de junio 2007 , 12:00 a.m.

Así lo dijo la Corte Constitucional al conceder una tutela y sentenciar que mientras no exista decisión definitiva sobre el origen del incidente o de la dolencia, las ARP no pueden interrumpir la asistencia médica y económica porque pueden poner en peligro la vida del usuario lesionado.

“Las ARP -dijo la Corte- deben prestar una atención asistencial y económica integral y deben cumplir las reglas mínimas del debido proceso, en toda decisión que pueda afectar a los afiliados al Sistema de Riesgos Profesionales, lo que excluye la posibilidad de que puedan adoptar determinaciones unilaterales o de aquellas en las que el afectado no pueda defenderse”.

Si las ARP interrumpen la prestación requerida, afirmó la corporación, los afiliados sometidos a un proceso de recuperación, derivado de un accidente de trabajo, pueden acudir a la acción de tutela ante los jueces de la República para obtener la correspondiente orden de reanudación de las prestaciones.

La Corte dejó en claro que las ARP no pueden actuar sin tener en cuenta que hacen parte del Sistema de Seguridad Social Integral, garantizado por la Constitución, y compuesto por los regímenes generales de pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios definidos en la misma ley.

Estos regímenes, insistió el alto tribunal, integran un conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos.

Precisamente, en cuanto al Sistema General de Riesgos Profesionales, la ley lo define como el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que pueden ocurrirles con ocasión o como consecuencia de la tarea que desarrollan.

Según la Corte, las ARP prestan un servicio público en el cual se debe preservar la garantía del acceso y la continuidad.

“Y si son particulares los que presten este servicio, -explicó el alto tribunal- no pueden sustraerse del cumplimiento de los principios rectores fijados por la Constitución y la ley en la atención armónica de la seguridad social”.

Unos y otros criterios hacen parte de una providencia de la Corte mediante la cual concedió una tutela a un trabajador contra la ARP del Seguro Social.

El episodio sirvió a la Corte para remitir el respectivo expediente al Ministerio de Protección Social a fin de revisar la actuación de esta entidad con base en sus funciones de vigilancia y control. Se trata del fallo T-125 de 2007, proyectado por el magistrado Álvaro Tafur Galvis.

100 por ciento del salario debe ser pagado al trabajador por la ARS en caso de accidente.

RESPALDO OFICIAL Según el Gobierno, si una persona desea intervención del Ministerio de Protección Social ante la Administradora de Riesgos Profesionales, en lo relacionado con valoración de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, debe radicar en la Ventanilla de Correspondencia, la solicitud por escrito.

El texto debe estar dirigido a la Unidad Especial de Inspección, Vigilancia y Control de Trabajo, Grupo de Inspección y Vigilancia Preventiva.

En el documento hay que narrar con claridad los hechos y las pretensiones y, de ser necesario, se debe adjuntar los documentos soportes.

“El tiempo de respuesta no depende de este Grupo; está sujeto a la complejidad del tema y al volumen de trabajo de la Administradora de Riesgos Profesionales.

No tiene ningún costo", dice el Minprotección en su página en la web.

La Corte Suprema asegura que las administradoras tienen límites para objetar En la sentencia, la Corte aclaró que las ARS sí tienen el derecho a objetar el origen de los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que les han sido reportados.

Según la corporación, si agotado el procedimiento establecido por la ley y decidido por las autoridades competentes, se determina el origen común de la enfermedad o accidente, pueden dejar de prestar los servicios asistenciales y económicos establecidos por la ley.

Sin embargo, si tal procedimiento no se ha agotado porque se está a la espera de un pronunciamiento de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, las ARP no pueden suspender la asistencia médica ni económica.

La tesis de la Corte es: “Las normas en materia laboral deben interpretarse de manera favorable al trabajador”.

De modo, explicó la corporación, que cuando la ley establece: ‘Hasta tanto no se establezca el grado de incapacidad o invalidez, la ARP continuará pagando el subsidio por incapacidad temporal, es claro que se incluye en este término el tiempo requerido para definir la situación del afiliado a la ARP’. En el caso concreto de la tutela de Muñoz, agregó la Corte, el tiempo para que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez resuelva el recurso interpuesto por la ARP del ISS.

Para la Corte, la ARP del ISS violó los derechos de Muñoz, al tomar una decisión unilateral.

“Esta actuación debe ser puesta en conocimiento del Ministerio de Protección Social y de la Superintendencia Bancaria, para los efectos del artículo 84 del Decreto 1295 de 1994, en lo relativo a la vigilancia y control de las ARP”.

Trabajadores tienen derecho a las prestaciones Al referirse al derecho a las prestaciones, la Corte explicó que todo afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales que, en los términos de la Ley 776 de 2002 o del Decreto 1295 de 1994, sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, o como consecuencia de ellos se incapacite, se invalide o muera, tendrá derecho a que este sistema le preste los servicios asistenciales y le reconozca las prestaciones económicas legales.

En la práctica, según la corporación, las ARP deben hacerse cargo de las prestaciones asistenciales y económicas de sus afiliados.

Las prestaciones asistenciales, explicó la Corte, corresponden a la ayuda médica, quirúrgica, terapéutica, farmacéutica, servicios de hospitalización, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, así como el suministro de medicamentos y la rehabilitación física y profesional, entre otros, según el Artículo 5º del Decreto-ley 1295 de 1994.

Mientras que las prestaciones económicas, según el Artículo 7º del mismo Decreto, aluden al subsidio por incapacidad temporal; indemnización por incapacidad permanente parcial; pensión de invalidez; pensión de sobrevivientes; y, auxilio funerario.

Y, según la Corte, cuando se trata de una incapacidad temporal, la prestación económica de la que debe hacerse cargo la ARP es el pago del subsidio por incapacidad temporal, que corresponde al 100 por ciento del salario base de cotización del trabajador.

Este pago, explicó la corporación, debe hacerse desde el día siguiente al que ocurrió el accidente de trabajo y hasta el momento de su rehabilitación, readaptación o curación o de la declaración de su incapacidad permanente, parcial, invalidez o su muerte.

EL TRÁMITE POR UN ACCIDENTE Una vez reportado por el empleador el hecho a la ARP del ISS, de acuerdo con la providencia, ésta le prestó a Muñoz los servicios médico asistenciales, le suministró medicamentos y expidió las correspondientes incapacidades laborales.

Todo ello se produjo hasta cuando la ARP determinó el origen común del accidente de Muñoz y calificó con cero (0) el porcentaje de pérdida de capacidad laboral y, en consecuencia, no continuó prestando la atención.

El particular apeló esa decisión y la Junta Regional de Calificación de Invalidez, previa valoración del mismo, dictaminó el origen del accidente y dijo que sí era de trabajo y calificó la pérdida de capacidad laboral de Muñoz en un 50,16 por ciento. Contra esta determinación, la ARP del ISS interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación. El fallo dice que aún no hay decisión de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.

Dada la suspensión de los servicios médico asistenciales y económicos, Muñoz pidió a la ARP una certificación de las razones de la interrupción. Y la ARP le respondió, pero la entidad expresó que no es responsable de prestarle asistencia.

Las ARP deben hacerse cargo de las prestaciones asistenciales y económicas por accidentes de trabajo o enfermedad profesional.